El crecimiento de la economía se mide por el comportamiento de la producción de bienes y servicios, que depende de la inversión directa, ID, que es la que apuntala y abre empresas, produce bienes y servicios, crea empleos y le permite, a quienes obtienen esos puestos de trabajo, generar ingresos. Una componente importante de la ID es la inversión fija bruta, IFB, que se realiza en instalaciones, maquinaria y equipo, proporcionando la infraestructura física para llevar cabo los procesos de producción de los bienes y servicios, variable con la que se mide el crecimiento de la economía. ¿Cómo vamos en México en materia de IFB, y por lo tanto de ID?

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Todo apunta para que, antes de que termine el año, finalice la aprobación de la reforma tributaria de Trump que, entre otras cosas, reducirá el impuesto a las empresas del 35 al 20 por ciento, lo cual incrementará la competitividad tributaria de los Estados Unidos, haciéndolo un país más atractivo para las inversiones directas, que abren empresas, producen bienes y servicios, crean empleos y le permite, a quienes obtienen esos puestos de trabajo, generar ingresos.

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¿Qué significa la liberación de los precios de las gasolinas?

En primer lugar que los gasolineros podrán ofrecer la gasolina al precio que crean más conveniente con el fin de maximizar sus utilidades, tal y como debe hacer cualquier oferente, de cualquier bien o servicio, precio que deben fijar dentro de una banda de fluctuación, cuyo límite inferior está dado por lo que le cuesta al gasolinero ofrecer el combustible, precio que, si el consumidor quiere disponer de gasolina, debe ser suficiente para, por lo menos, cubrir dicho costo. El límite superior está dado por el precio máximo que el consumidor está dispuesto a pagar por el combustible, precio que, si el oferente quiere seguir vendiendo, tendrá que ser igual o menor que ese máximo.

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Leemos, en el artículo 123 constitucional, que “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”, todo lo cual es un enorme despropósito.

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Transcribo nuevamente un tuit del senador Búrquez: “La Ley de Ingresos aprobada es una desgracia. Hasta 750 mil millones de pesos se podrá endeudar el gobierno. Por si no le alcanzaba aumentando la recaudación”. ¿Por qué el senador Búrquez califica ese posible endeudamiento de desgracia? Las razones pueden ser muchas, pero destaco la que sigue.

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El progreso económico depende más de las instituciones jurídicas (normas legales) que de las políticas económicas (herramientas fiscales, monetarios, proteccionistas, etc., que el gobierno usa para, modificando los resultados del mercado, lograr resultados distintos).

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El Estado de Derecho es el gobierno de las leyes justas, que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de las personas, tanto los naturales, con los que la persona es concebida, como los contractuales, que la persona adquiere voluntariamente, por así haberlo pactado con una contraparte.

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Podemos definir al progreso económico como la capacidad para producir más y mejores bienes y servicios, para un mayor número de gente, capacidad que depende, entre otras muchas otras variables, de los incentivos que tengan los agentes económicos para realizar sus actividades. Si los incentivos son los correctos, más y mejores serán las acciones de los agentes económicos.

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El gobierno tiene el poder para obligar a los ciudadanos a entregarle parte del producto de su trabajo: puede cobrar impuestos. El gobierno tiene el poder para obligar a los ciudadanos, ¡bajo amenaza de castigo!, a entregarle parte del producto de su trabajo, castigo que va, desde un recargo hasta la cárcel, pasando por la confiscación de bienes.

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Cuando el gobierno cobra impuestos obliga a los ciudadanos a entregarle parte del producto de su trabajo. Obliga, por eso se llaman impuestos. Siempre lo he dicho: yo no pago impuestos, a mí me los cobran.

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El Impuesto sobre la Renta (ISR) es abusivo, y lo es por partida doble. Por gravar el ingreso de la gente (¿no tenemos las personas el derecho al producto íntegro de nuestro trabajo?) y por gravarlo a tasas elevadas (la pregunta vuelve a ser la misma: (¿no tenemos las personas el derecho al producto íntegro de nuestro trabajo?).

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Ahora que, pese a las negociaciones del TLC, existe la posibilidad de que el mismo llegue a su fin, conviene tener claro, con el fin de entender por qué cancelarlo sería un grave error, qué es el libre comercio, concepto que se usa cuando quienes comercian son personas de distinta nacionalidad, lo cual es, dicho sea de paso, total y absolutamente irrelevante.

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Ahora que se negocia el Tratado de Libre Comercio, y que existe la posibilidad de que llegue a su fin, vale la pena tener claro qué es el libre comercio, para lo cual lo primero que hay que tener claro es qué es el comercio, cuál es su causa, y cuál es su consecuencia.

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38 mil 900 millones de pesos será la cantidad de dinero que, según lo informó el presidente Peña Nieto, se necesitará para reconstruir lo destruido por los sismos del 7 y el 19 de septiembre, recursos adicionales a los millones de pesos (que no han sido pocos) que ya se han destinado  a la ayuda humanitaria, esperando que hayan llegado a donde deben haber llegado.

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Reconstruir lo destruido por los sismos del 7 y 19 de septiembre tendrá un costo de 38 mil 900 millones de pesos. ¿De dónde saldrá el dinero?

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Dos son las preguntas que muchos se hacen. ¿Cuánto va a costar la reconstrucción de todo lo destruido por los sismos del 7 y 19 de septiembre? ¿De dónde va a salir el dinero para llevarla a cabo?

Según lo informó el presidente Peña Nieto el costo de la reconstrucción será de 38 mil 900 millones de pesos. ¿Mucho o poco? Veamos.

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El terremoto ha puesto sobre la mesa el tema de los llamados recursos públicos, en general, y en particular la cuestión de los recursos multimillonarios que, con motivo de las campañas electorales, recibirán los partidos políticos el año entrante, recursos que, ésta ha sido la petición masiva en las redes sociales, deberían destinarse a la reconstrucción, con lo cual estoy de acuerdo.

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Cito de un comunicado de Reuters: “Los representantes mexicanos (en la renegociación del TLC), elaboran una lista, en la que incluyen frutas, verduras y las patas de cerdo, para protegerlos en caso de que EU imponga restricciones a sus productos (exportaciones mexicanas de alimentos frescos)”. Según el comunicado “una sugerencia de los negociadores estadounidenses fue facilitar a productores (estadounidenses) de alimentos de temporada la presentación de casos antidumping contra México (en el caso de que los productos mexicanos se ofrezcan a un precio menor que su costo de producción, lo cual es considerado competencia desleal)”, por lo que “México busca crear su propia lista de productos por si Washington propone formalmente dar a los agricultores (estadounidenses) de frutas y hortalizas estacionales una mayor protección (…)

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En algún momento de su más reciente gira internacional AMLO, al referirse al tema alimentario, afirmó que, de ganar, “vamos a producir en México”, y que “ya no compraremos en el extranjero lo que consumimos”, afirmación propia del nacionalismo económico, que será nacionalista, pero que nunca es (porque no puede serlo) económico.

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Leemos, en el artículo 27 de la Constitución, que “la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”, (…) y que “la Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público,” todo lo cual no pasa de ser constitucionalismo ficción.

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