En tiempos de campaña electoral la democracia degenera en mercado electorero, los candidatos hacen promesas irresponsables, que nada tienen que ver con la legítima tarea del gobierno, que es garantizar los derechos (¡que realmente lo sean!) de las personas, no satisfacer sus necesidades, tampoco defender sus intereses.
Hay propuestas de la coalición Juntos Haremos Historia contradictorias. Pongo el ejemplo que ya mencioné anteriormente: la intención de manipular precios, imponiendo máximos, fijados por debajo del precio de equilibrio, o imponiendo mínimos, los llamados precios de garantía, fijados por arriba del precio de equilibrio. Con relación al precio de un bien, o se fija uno máximo, o se fija uno mínimo, pero imposible fijar uno máximo y uno mínimo al mismo tiempo. Sin embargo, seguramente por falta de coordinación entre ellos, esto es lo que pretenden algunos integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia.
He dedicado varios editoriales al tema de la gubernamentalización de la economía que se daría si López Obrador llega a la Presidencia, lo cual, en el mejor de los casos, nos llevaría de vuelta a los tiempos de Echeverría y López Portillo, que desembocaron en el estancamiento con inflación que padecimos en el sexenio de De la Madrid. Entre 1983 y 1988, en promedio anual, el crecimiento de la economía mexicana fue 0.39 por ciento (estancamiento) y el del Índice Nacional de Precios al Consumidor 86.7 por ciento (inflación), todo ello consecuencia de la gubernamentalización de la economía que se dio de 1971 a 1982, misma que empezó a revertirse en el gobierno de De la Madrid, reversión que avanzó con las reformas de la administración de Salinas de Gortari: autonomía del Banco de México, privatización de la banca, liberación comercial, tratados de libre comercio, etc., y del gobierno de Peña Nieto: reforma laboral, financiera, de competencia, de telecomunicaciones, energética (no menciono la fiscal porque esa no fue reforma sino contrarreforma), reformas que han dado como resultado una economía menos gubernamentalizada, con menor intromisión del gobierno en la economía, lo cual apunta en la dirección correcta, misma que debe mantenerse, tanto por motivos de justicia (respeto a los derechos de los agentes económicos), como de eficacia (reducción de la escasez y, por ello, aumento del bienestar).
Benjamín Robles Montoya, senador del Partido del Trabajo, propuso la creación de la Ley de Protección de los Precios de Bienes de Consumo Socialmente Necesarios, que sería la ley reglamentaria del tercer párrafo del artículo 28 constitucional, en el cual se dice que “las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular”. El problema, de entrada, no está en la iniciativa de ley sino en el capítulo económico de la Constitución, artículos 25 al 28, que está, desde el punto de vista de la economía, lleno de errores y, desde el punto de vista de la lógica, de contradicciones.
Con López Obrador en la Presidencia podríamos regresar a los tiempos de Echeverría y López Portillo, a la gubernamentalización de la economía, ¡con plena justificación constitucional!
El progreso económico, definido como la capacidad para producir más (dimensión cuantitativa) y mejores (dimensión cualitativa) bienes y servicios para un mayor número de gente (dimensión social), depende de la inversiones directas, que son las que abren empresas, producen bienes y servicios, crean empleos y les permiten, a quienes obtienen esos puestos de trabajo, generar ingresos, inversiones directas que dependen de la competitividad del país, definida como la capacidad de una nación para atraer (que los empresarios decidan invertir en el país), retener (que los capitales invertidos en el país se queden invertidos en el país) y multiplicar (que las utilidades generadas se reinviertan en el país) inversiones directas, competitividad que depende, entre otras variables, del Estado de Derecho, definido como el gobierno de las leyes justas, siendo tales las que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de las personas, en este caso los empresarios.
Hay hechos en la vida y prédicas de Jesucristo, que lo sitúan como un partidario de la libertad del hombre para decidir su futuro y de respetar las decisiones de los demás.
Se dice, y con razón, que con López Obrador en la Presidencia regresaríamos, sobre todo en materia de economía, a los tiempos de Luis Echeverría (1970 – 1976) y José López Portillo (1976 – 1982), tiempos que se conocen como la Docena Trágica, que dio como resultado un importante retroceso en materia económica. Comparemos.
Contamos ya con el primer dato del comportamiento de la actividad económica (AE) para el 2018. Me refiero al Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) para el mes de enero. ¿Cómo empezamos, en materia tan importante como es el crecimiento de la producción de bienes y servicios, el año?
Es lugar común decir que el problema con las propuestas económicas de López Obrador es que suponen retroceder 40 años para volver a practicar lo que ya se practicó durante la Docena Trágica, de 1971 a 1982, durante los sexenios de Echeverría y López Portillo, a lo largo de los cuales la participación del gobierno en la economía se amplió y profundizó, gubernamentalización de la economía que llegó a su punto culminante el 1 de septiembre de 1982 cuando López Portillo expropió la banca privada.
Más allá del folclor que se vive en las campañas presidenciales, exhibido en las estrategias de difamación, campañas negras, acusaciones y todas las fantasías que surgen respecto a los candidatos, así como las fake news, las declaraciones falseadas, las fotos truqueadas y toda la barbarie que alimenta nuestra muy débil y manipulada democracia, hay un punto nodal que debe ser tomado en serio y al que Andrés Manuel debe responder de cara a la sociedad mexicana.
El ahorro, el ingreso que no se destina a la compra de bienes y servicios para consumo final, pudiendo utilizarse para financiar inversión directa (que produce bienes y servicios, crea empleos, genera ingresos), es el primer paso por el camino del progreso económico, definido como la capacidad para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente.
El nacionalismo económico, que es mucho más nacionalismo que económico, sigue presente. De hecho el nacionalismo económico es antieconómico, sobre todo si por ello entendemos un arreglo institucional, y las conductas que el mismo genera, que en vez de elevar el bienestar de la gente lo reduce. Y eso, reducir el bienestar de la gente, es lo que hace el nacionalismo económico.
A 80 años de la expropiación petrolera, petróleo que, así se señala en el libreto oficial, debe explotarse en nuestro beneficio.
Una y otra vez oímos la queja de que en México el gobierno recauda poco, razón por la cual el gobierno gasta poco, razón por la cual el progreso económico y el bienestar social dejan que desear. Según esta manera de pensar para lograr mayor progreso económico y bienestar social debe aumentarse el gasto del gobierno, para lo cual deben cobrarse más impuestos. Todo ello lo encontramos, entre otros documentos, en uno publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Getting it Right: Prioridades estratégicas para México.
El común denominador de la mayoría los políticos es la creencia de que tienen el derecho de disponer de parte del ingreso de los ciudadanos, para a su vez disponer de él como crean más conveniente, conveniencias entre las que destaca la redistribución del ingreso: el gobierno le quita a X lo que, por ser producto de su trabajo, es de X, para darle a Y lo que, por no ser producto de su trabajo, no es de Y. Se trata del cobro de impuestos con fines redistributivos, práctica común en estos tiempos en los que gobernar es sinónimo de redistribuir.
Transcribo de una nota periodística: “Con la firma del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) la semana pasada, los focos rojos se prendieron en los sectores mexicanos lácteo, textil, del vestido y del calzado, por lo que el gobierno trabajará en agendas internas con estas industrias para protegerlas, informó el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo”, quien en tal caso, si realmente va a protegerlas, estaría actuando, no como secretario de economía, sino como secretario de antieconomía, lo cual no debe ser, por lo que debería estar prohibido, y estarlo a nivel de la Constitución, para lo cual nos falta mucho, y botón de muestra puede ser lo dicho por Guajardo.
¿Cuándo se desata una guerra comercial? Cuando el gobierno de un país responde a las agresiones proteccionistas del gobierno de otro país con agresiones proteccionistas, como sería el caso del “Arancel por arancel”. Pongo un ejemplo.
Del intercambio comercial lo que importa es la relación compra – venta que se establece entre vendedor y comprador, no su nacionalidad. Los mismos principios económicos que rigen el intercambio comercial entre personas de la misma nacionalidad rigen el de personas de nacionalidad distinta, razón por la cual ambos deben tratarse de la misma manera, sobre todo desde el punto de vista jurídico.
¿Por qué las elecciones presidenciales generan inquietud? Por la defectuosa institucionalización del país.
Por instituciones hay que entender las reglas del juego, comenzando por las normas jurídicas. Un país bien institucionalizado es aquel en el cual las normas jurídicas son justas (reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de las personas) y eficaces (generan en las personas, tanto gobernantes como ciudadanos, los incentivos para que las respeten).