Pobreza y capital humano
¿Cómo superar la pobreza, definida como la condición de quien, por no ser capaz de generar ingreso suficiente, es incapaz de comprar los bienes y servicios que le permiten satisfacer sus necesidades básicas?
¿Cómo superar la pobreza, definida como la condición de quien, por no ser capaz de generar ingreso suficiente, es incapaz de comprar los bienes y servicios que le permiten satisfacer sus necesidades básicas?
Mayo es el mes del reparto de utilidades, algo que muchos ven como un acto de justicia para con los trabajadores de las empresas. No lo es. Al contrario, se trata de una injusticia.
Leemos en la fracción IX, del inciso A, del artículo 123 constitucional, que “los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas…,” lo cual es injusto porque parte de un error: considerar que las utilidades las genera la empresa y no el empresario. La empresa, entendida como la organización, como la comunidad de los agentes económicos que trabajan en ella, produce el bien o servicio que se le ofrece al consumidor, y a cada uno de esos agentes económicos se le remunera en consecuencia. Por ejemplo: el salario para el trabajador que aporta su trabajo.
PEJENOMICS, PRIMERA OPINIÓN
Pejenomics, “texto que fue creado para quienes dudan de la viabilidad del programa económico de Andrés Manuel López Obrador”, persiguiéndose dos objetivos, “explicar las líneas generales del programa económico de AMLO y despejar las inquietudes sembradas por las campañas de desprestigio”.
Pejenomics, “texto que fue creado para quienes dudan de la viabilidad del programa económico de Andrés Manuel López Obrador”, persiguiéndose dos objetivos, “explicar las líneas generales del programa económico de AMLO y despejar las inquietudes sembradas por las campañas de desprestigio”.
Seis son las propuestas generales de AMLO:
INEFICAZ
Quien impone precios máximos, por debajo de los precios de mercado, o mínimos, por arriba, no sabe qué es un precio, qué tareas desempeña, ni qué se requiere para que las desempeñe correctamente. Esa ignorancia conduce a políticas económicas equivocadas, que distorsionan los mercados, y perjudican a los agentes económicos.
Carlos Urzúa, secretario de Hacienda de ganar AMLO la Presidencia, dio una conferencia en el Colegio de México, en la cual presentó las siete políticas económicas básicas del gobierno de AMLO: respetar la autonomía del Banco de México; libre flotación del peso; no déficits primarios; ISR e IVA sin cambios, excepto en la frontera norte; apoyo al TLC; apoyo al TTP (Transpacific Partnership); disciplina fiscal, todo lo cual apunta en la dirección correcta.
La semana pasada se comentó, en más de un espacio, la propuesta de López Obrador a favor de congelar los precios de los energéticos, propuesta que sería un error de política económica.
Congelar precios a favor de los consumidores implica una de dos opciones.
Quien propone congelar precios no sabe, ni qué son, ni qué tareas desempeñan, ni qué condiciones deben cumplirse para que las desempeñen correctamente.
Quien lo propone, dadas las distorsiones que el congelamiento genera en los mercados (escasez o sobreoferta), es una amenaza para la economía.
Los precios son razones de cambio: tanto de X por tanto de Y.
La típica propuesta populista consiste en prometer más gasto gubernamental para beneficio del pueblo y menos impuestos para beneplácito de los contribuyentes, lo cual, si la única fuente de financiamiento del gasto del gobierno fueran los impuestos, resultaría una propuesta contradictoria: aumentar el gasto al tiempo que se reducen los ingresos. Esta es una de las propuesta de AMLO.
En campaña, con relación a sus verdaderas intenciones, es más lo que los candidatos callan que lo que dicen. Los electores que votan por ellos esperan que, de llegar al poder, hagan lo que dijeron que iban a hacer, y que no hagan lo que no dijeron que iban a hacer, sobre todo si es contrario a aquello por lo que los electores votaron.
En 2015 la inflación anual fue 2.13 por ciento, la menor desde 1970. En 2015 se cumplió con creces la meta de inflación del Banco de México, que era, y sigue siendo, del 3 por ciento, más menos un punto porcentual de margen de error, lo cual quiere decir que la máxima inflación tolerable es del 4 por ciento y la mínima aceptable del 2, lo cual resulta paradójico. Lo explico.
El problema económico de fondo es la escasez: no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera, y mucho menos gratis. Nunca viviremos en un mundo de abundancia, en el cual todo alcance para todos, en las cantidades que cada uno quiera, ¡y mucho menos gratis!, por más que los políticos en campaña, durante las cuales la democracia electoral degenera en mercado electorero, quieran hacernos creer lo contrario.
Con la intención de tranquilizar a los empresarios, nacionales y extranjeros, de quienes dependen las inversiones directas, de las que dependen la producción de bienes y servicios, la creación de empleos y la generación de ingresos, López Obrador publicó una carta en la cual presenta, en diez puntos, sus intenciones de gobierno.
La Asociación de Bancos de México (ABM) presentó un documento con el nombre Diez pilares para el desarrollo: la perspectiva de la ABM, diez medidas que los banqueros consideran necesarias para conseguir el desarrollo, y con las cuales, salvo una excepción, estoy de acuerdo. Comento, muy brevemente, una por una.
El problema económico de fondo es la escasez, el hecho de que no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quiere, y mucho menos gratis. Varias son las condiciones que tienen que cumplirse para que se minimice la escasez y, por ello, se maximice el bienestar.
En tiempos de campaña electoral la democracia degenera en mercado electorero, los candidatos hacen promesas irresponsables, que nada tienen que ver con la legítima tarea del gobierno, que es garantizar los derechos (¡que realmente lo sean!) de las personas, no satisfacer sus necesidades, tampoco defender sus intereses.
Hay propuestas de la coalición Juntos Haremos Historia contradictorias. Pongo el ejemplo que ya mencioné anteriormente: la intención de manipular precios, imponiendo máximos, fijados por debajo del precio de equilibrio, o imponiendo mínimos, los llamados precios de garantía, fijados por arriba del precio de equilibrio. Con relación al precio de un bien, o se fija uno máximo, o se fija uno mínimo, pero imposible fijar uno máximo y uno mínimo al mismo tiempo. Sin embargo, seguramente por falta de coordinación entre ellos, esto es lo que pretenden algunos integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia.
He dedicado varios editoriales al tema de la gubernamentalización de la economía que se daría si López Obrador llega a la Presidencia, lo cual, en el mejor de los casos, nos llevaría de vuelta a los tiempos de Echeverría y López Portillo, que desembocaron en el estancamiento con inflación que padecimos en el sexenio de De la Madrid. Entre 1983 y 1988, en promedio anual, el crecimiento de la economía mexicana fue 0.39 por ciento (estancamiento) y el del Índice Nacional de Precios al Consumidor 86.7 por ciento (inflación), todo ello consecuencia de la gubernamentalización de la economía que se dio de 1971 a 1982, misma que empezó a revertirse en el gobierno de De la Madrid, reversión que avanzó con las reformas de la administración de Salinas de Gortari: autonomía del Banco de México, privatización de la banca, liberación comercial, tratados de libre comercio, etc., y del gobierno de Peña Nieto: reforma laboral, financiera, de competencia, de telecomunicaciones, energética (no menciono la fiscal porque esa no fue reforma sino contrarreforma), reformas que han dado como resultado una economía menos gubernamentalizada, con menor intromisión del gobierno en la economía, lo cual apunta en la dirección correcta, misma que debe mantenerse, tanto por motivos de justicia (respeto a los derechos de los agentes económicos), como de eficacia (reducción de la escasez y, por ello, aumento del bienestar).
Benjamín Robles Montoya, senador del Partido del Trabajo, propuso la creación de la Ley de Protección de los Precios de Bienes de Consumo Socialmente Necesarios, que sería la ley reglamentaria del tercer párrafo del artículo 28 constitucional, en el cual se dice que “las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular”. El problema, de entrada, no está en la iniciativa de ley sino en el capítulo económico de la Constitución, artículos 25 al 28, que está, desde el punto de vista de la economía, lleno de errores y, desde el punto de vista de la lógica, de contradicciones.
Con López Obrador en la Presidencia podríamos regresar a los tiempos de Echeverría y López Portillo, a la gubernamentalización de la economía, ¡con plena justificación constitucional!