Salta a la vista un dato que nos muestra lo que está en juego en la presente elección presidencial: es la visión de futuro que nos ofrece cada uno de los candidatos.

La propuesta de Andrés Manuel de construir dos nuevas refinerías, una en Atasta, Campeche y otra en Dos Bocas, ubicada en Paraíso, Tabasco, con una inversión de dos mil millones de dólares por refinería, contrasta con el planteamiento de Anaya de invertir mejor en otras energías limpias y no en petróleo.

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Con la intención de tranquilizar a los empresarios, nacionales y extranjeros, de quienes dependen las inversiones directas, de las que dependen la producción de bienes y servicios, la creación de empleos y la generación de ingresos, López Obrador publicó una carta en la cual presenta, en diez puntos, sus intenciones de gobierno.

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La Asociación de Bancos de México (ABM) presentó un documento con el nombre Diez pilares para el desarrollo: la perspectiva de la ABM, diez medidas que los banqueros consideran necesarias para conseguir el desarrollo, y con las cuales, salvo una excepción, estoy de acuerdo. Comento, muy brevemente, una por una.

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El problema económico de fondo es la escasez, el hecho de que no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quiere, y mucho menos gratis. Varias son las condiciones que tienen que cumplirse para que se minimice la escasez y, por ello, se maximice el bienestar.

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En tiempos de campaña electoral la democracia degenera en mercado electorero, los candidatos hacen promesas irresponsables, que nada tienen que ver con la legítima tarea del gobierno, que es garantizar los derechos (¡que realmente lo sean!) de las personas, no satisfacer sus necesidades, tampoco defender sus intereses.

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Hay propuestas de la coalición Juntos Haremos Historia contradictorias. Pongo el ejemplo que ya mencioné anteriormente: la intención de manipular precios, imponiendo máximos, fijados por debajo del precio de equilibrio, o imponiendo mínimos, los llamados precios de garantía, fijados por arriba del precio de equilibrio. Con relación al precio de un bien, o se fija uno máximo, o se fija uno mínimo, pero imposible fijar uno máximo y uno mínimo al mismo tiempo. Sin embargo, seguramente por falta de coordinación entre ellos, esto es lo que pretenden algunos integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia.

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Hay una noticia internacional muy importante ocurrida el lunes, con el lanzamiento por parte de China, de los primeros contratos de futuros de petróleo denominados en su moneda, el yuan, por lo que ya se les conoce a estos como ‘petroyuanes’.

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He dedicado varios editoriales al tema de la gubernamentalización de la economía que se daría si López Obrador llega a la Presidencia, lo cual, en el mejor de los casos, nos llevaría de vuelta a los tiempos de Echeverría y López Portillo, que desembocaron en el estancamiento con inflación que padecimos en el sexenio de De la Madrid. Entre 1983 y 1988, en promedio anual, el crecimiento de la economía mexicana fue 0.39 por ciento (estancamiento) y el del Índice Nacional de Precios al Consumidor 86.7 por ciento (inflación), todo ello consecuencia de la gubernamentalización de la economía que se dio de 1971 a 1982, misma que empezó a revertirse en el gobierno de De la Madrid, reversión que avanzó con las reformas de la administración de Salinas de Gortari: autonomía del Banco de México, privatización de la banca, liberación comercial, tratados de libre comercio, etc., y del gobierno de Peña Nieto: reforma laboral, financiera, de competencia, de telecomunicaciones, energética (no menciono la fiscal porque esa no fue reforma sino contrarreforma), reformas que han dado como resultado una economía menos gubernamentalizada, con menor intromisión del gobierno en la economía, lo cual apunta en la dirección correcta, misma que debe mantenerse, tanto por motivos de justicia (respeto a los derechos de los agentes económicos), como de eficacia (reducción de la escasez y, por ello, aumento del bienestar).

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Benjamín Robles Montoya, senador del Partido del Trabajo, propuso la creación de la Ley de Protección de los Precios de Bienes de Consumo Socialmente Necesarios, que sería la ley reglamentaria del tercer párrafo del artículo 28 constitucional, en el cual se dice que “las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular”. El problema, de entrada, no está en la iniciativa de ley sino en el capítulo económico de la Constitución, artículos 25 al 28, que está, desde el punto de vista de la economía, lleno de errores y, desde el punto de vista de la lógica, de contradicciones.

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Con López Obrador en la Presidencia podríamos regresar a los tiempos de Echeverría y López Portillo, a la gubernamentalización de la economía, ¡con plena justificación constitucional!

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El progreso económico, definido como la capacidad para producir más (dimensión cuantitativa) y mejores (dimensión cualitativa) bienes y servicios para un mayor número de gente (dimensión social), depende de la inversiones directas, que son las que abren empresas, producen bienes y servicios, crean empleos y les permiten, a quienes obtienen esos puestos de trabajo, generar ingresos, inversiones directas que dependen de la competitividad del país, definida como la capacidad de una nación para atraer (que los empresarios decidan invertir en el país), retener (que los capitales invertidos en el país se queden invertidos en el país) y multiplicar (que las utilidades generadas se reinviertan en el país) inversiones directas, competitividad que depende, entre otras variables, del Estado de Derecho, definido como el gobierno de las leyes justas, siendo tales las que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de las personas, en este caso los empresarios.

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Hay hechos en la vida y prédicas de Jesucristo, que lo sitúan como un partidario de la libertad del hombre para decidir su futuro y de respetar las decisiones de los demás.

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Se dice, y con razón, que con López Obrador en la Presidencia regresaríamos, sobre todo en materia de economía, a los tiempos de Luis Echeverría (1970 – 1976) y José López Portillo (1976 – 1982), tiempos que se conocen como la Docena Trágica, que dio como resultado un importante retroceso en materia económica. Comparemos.

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Contamos ya con el primer dato del comportamiento de la actividad económica (AE) para el 2018. Me refiero al Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) para el mes de enero. ¿Cómo empezamos, en materia tan importante como es el crecimiento de la producción de bienes y servicios, el año?

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Es lugar común decir que el problema con las propuestas económicas de López Obrador es que suponen retroceder 40 años para volver a practicar lo que ya se practicó durante la Docena Trágica, de 1971 a 1982, durante los sexenios de Echeverría y López Portillo, a lo largo de los cuales la participación del gobierno en la economía se amplió y profundizó, gubernamentalización de la economía que llegó a su punto culminante el 1 de septiembre de 1982 cuando López Portillo expropió la banca privada.

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Más allá del folclor que se vive en las campañas presidenciales, exhibido en las estrategias de difamación, campañas negras, acusaciones y todas las fantasías que surgen respecto a los candidatos, así como las fake news, las declaraciones falseadas, las fotos truqueadas y toda la barbarie que alimenta nuestra muy débil y manipulada democracia, hay un punto nodal que debe ser tomado en serio y al que Andrés Manuel debe responder de cara a la sociedad mexicana.

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El ahorro, el ingreso que no se destina a la compra de bienes y servicios para consumo final, pudiendo utilizarse para financiar inversión directa (que produce bienes y servicios, crea empleos, genera ingresos), es el primer paso por el camino del progreso económico, definido como la capacidad para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente.

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El nacionalismo económico, que es mucho más nacionalismo que económico, sigue presente. De hecho el nacionalismo económico es antieconómico, sobre todo si por ello entendemos un arreglo institucional, y las conductas que el mismo genera, que en vez de elevar el bienestar de la gente lo reduce. Y eso, reducir el bienestar de la gente, es lo que hace el nacionalismo económico.

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Aunque formalmente la Procuraduría General de la República es un organismo independiente, en la práctica, y más bajo el actual gobierno, parece seguir “a pie juntillas” las órdenes del Presidente”.

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A 80 años de la expropiación petrolera, petróleo que, así se señala en el libreto oficial, debe explotarse en nuestro beneficio.

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