Reparto de utilidades, ¡injusto!

Mayo es el mes del reparto de utilidades, algo que muchos ven como un acto de justicia para con los trabajadores de las empresas. No lo es. Al contrario, se trata de una injusticia.

Leemos en la fracción IX, del inciso A, del artículo 123 constitucional, que “los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas…,” lo cual es injusto porque parte de un error: considerar que las utilidades las genera la empresa y no el empresario. La empresa, entendida como la organización, como la comunidad de los agentes económicos que trabajan en ella, produce el bien o servicio que se le ofrece al consumidor, y a cada uno de esos agentes económicos se le remunera en consecuencia. Por ejemplo: el salario para el trabajador que aporta su trabajo.

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AMLO: políticas económicas básicas

Carlos Urzúa, secretario de Hacienda de ganar AMLO la Presidencia, dio una conferencia en el Colegio de México, en la cual presentó las siete políticas económicas básicas del gobierno de AMLO: respetar la autonomía del Banco de México; libre flotación del peso; no déficits primarios; ISR e IVA sin cambios, excepto en la frontera norte; apoyo al TLC; apoyo al TTP (Transpacific Partnership); disciplina fiscal, todo lo cual apunta en la dirección correcta.

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Congelar precios, error

Quien propone congelar precios no sabe, ni qué son, ni qué tareas desempeñan, ni qué condiciones deben cumplirse para que las desempeñen correctamente.

Quien lo propone, dadas las distorsiones que el congelamiento genera en los mercados (escasez o sobreoferta), es una amenaza para la economía.

Los precios son razones de cambio: tanto de X por tanto de Y.

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El dinero, ¿de dónde saldrá?

La típica propuesta populista consiste en prometer más gasto gubernamental para beneficio del pueblo y menos impuestos para beneplácito de los contribuyentes, lo cual, si la única fuente de financiamiento del gasto del gobierno fueran los impuestos, resultaría una propuesta contradictoria: aumentar el gasto al tiempo que se reducen los ingresos. Esta es una de las propuesta de AMLO.

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Inflación a la baja

En 2015 la inflación anual fue 2.13 por ciento, la menor desde 1970. En 2015 se cumplió con creces la meta de inflación del Banco de México, que era, y sigue siendo, del 3 por ciento, más menos un punto porcentual de margen de error, lo cual quiere decir que la máxima inflación tolerable es del 4 por ciento y la mínima aceptable del 2, lo cual resulta paradójico. Lo explico.

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Hacer las cuentas

El problema económico de fondo es la escasez: no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera, y mucho menos gratis. Nunca viviremos en un mundo de abundancia, en el cual todo alcance para todos, en las cantidades que cada uno quiera, ¡y mucho menos gratis!, por más que los políticos en campaña, durante las cuales la democracia electoral degenera en mercado electorero, quieran hacernos creer lo contrario.

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Las tres preguntas

En tiempos de campaña electoral la democracia degenera en mercado electorero, los candidatos hacen promesas irresponsables, que nada tienen que ver con la legítima tarea del gobierno, que es garantizar los derechos (¡que realmente lo sean!) de las personas, no satisfacer sus necesidades, tampoco defender sus intereses.

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Propuestas contradictorias

Hay propuestas de la coalición Juntos Haremos Historia contradictorias. Pongo el ejemplo que ya mencioné anteriormente: la intención de manipular precios, imponiendo máximos, fijados por debajo del precio de equilibrio, o imponiendo mínimos, los llamados precios de garantía, fijados por arriba del precio de equilibrio. Con relación al precio de un bien, o se fija uno máximo, o se fija uno mínimo, pero imposible fijar uno máximo y uno mínimo al mismo tiempo. Sin embargo, seguramente por falta de coordinación entre ellos, esto es lo que pretenden algunos integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia.

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Gubernamentalizar. Dos pruebas

He dedicado varios editoriales al tema de la gubernamentalización de la economía que se daría si López Obrador llega a la Presidencia, lo cual, en el mejor de los casos, nos llevaría de vuelta a los tiempos de Echeverría y López Portillo, que desembocaron en el estancamiento con inflación que padecimos en el sexenio de De la Madrid. Entre 1983 y 1988, en promedio anual, el crecimiento de la economía mexicana fue 0.39 por ciento (estancamiento) y el del Índice Nacional de Precios al Consumidor 86.7 por ciento (inflación), todo ello consecuencia de la gubernamentalización de la economía que se dio de 1971 a 1982, misma que empezó a revertirse en el gobierno de De la Madrid, reversión que avanzó con las reformas de la administración de Salinas de Gortari: autonomía del Banco de México, privatización de la banca, liberación comercial, tratados de libre comercio, etc., y del gobierno de Peña Nieto: reforma laboral, financiera, de competencia, de telecomunicaciones, energética (no menciono la fiscal porque esa no fue reforma sino contrarreforma), reformas que han dado como resultado una economía menos gubernamentalizada, con menor intromisión del gobierno en la economía, lo cual apunta en la dirección correcta, misma que debe mantenerse, tanto por motivos de justicia (respeto a los derechos de los agentes económicos), como de eficacia (reducción de la escasez y, por ello, aumento del bienestar).

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Precios máximos, ¡error!

Benjamín Robles Montoya, senador del Partido del Trabajo, propuso la creación de la Ley de Protección de los Precios de Bienes de Consumo Socialmente Necesarios, que sería la ley reglamentaria del tercer párrafo del artículo 28 constitucional, en el cual se dice que “las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular”. El problema, de entrada, no está en la iniciativa de ley sino en el capítulo económico de la Constitución, artículos 25 al 28, que está, desde el punto de vista de la economía, lleno de errores y, desde el punto de vista de la lógica, de contradicciones.

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