El terremoto ha puesto sobre la mesa el tema de los llamados recursos públicos, en general, y en particular la cuestión de los recursos multimillonarios que, con motivo de las campañas electorales, recibirán los partidos políticos el año entrante, recursos que, ésta ha sido la petición masiva en las redes sociales, deberían destinarse a la reconstrucción, con lo cual estoy de acuerdo.
La denuncia del Obispo de Cuernavaca Ramón Castro y Castro en contra del gobierno del Estado de Morelos por impedir que tres camiones que tenían como destino el centro de acopio ubicado en Cáritas, organización de la Iglesia Católica, ubicado en el Seminario, es de suma gravedad, pues significa la politización de la ayuda para los damnificados.
Esto implica que el gobierno estatal pretendía adjudicarse esa ayuda para tener el agradecimiento de los morelenses beneficiados con las despensas ante la proximidad del proceso electoral del 2018. Conclusión obvia. Por ello la FEPADE investiga el caso.
Los eventos de muy alto impacto generan siempre versiones encontradas; estimulan que salga a flote lo mejor y lo peor de la gente.
Este sismo dejó traslucir lo mejor de los moradores de la Ciudad de México. Donde hubo desgracias también hubo solidaridad y ayuda.
Salieron a relucir los dos Méxicos que conviven en un mismo territorio, codo con codo.
En diciembre entran en vigor una serie de cambios para emitir nuevas facturas, que significan cientos de horas de trabajo y miles de pesos adicionales para adquirir los software y conocimientos para cumplir con los nuevos requisitos de hacienda “dizque” para evitar la evasión, que no es el principal problema en México, sino el mal uso y robo de impuestos, que es donde el gobierno no investiga ni castiga a quienes mal usan y roban los impuestos.
La administración de Donald Trump finalmente derogó la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) ha creado un futuro incierto para los 800.000 inmigrantes ilegales que habían recibido protección de deportación y permiso de trabajar legalmente. Una retardo de seis meses le da la oportunidad al Congreso de salvar el programa de 2012. Pero si vamos a debatir los méritos de DACA, deberíamos saber de qué estamos hablando. Aquí hay algunos mitos comunes.
Cito de un comunicado de Reuters: “Los representantes mexicanos (en la renegociación del TLC), elaboran una lista, en la que incluyen frutas, verduras y las patas de cerdo, para protegerlos en caso de que EU imponga restricciones a sus productos (exportaciones mexicanas de alimentos frescos)”. Según el comunicado “una sugerencia de los negociadores estadounidenses fue facilitar a productores (estadounidenses) de alimentos de temporada la presentación de casos antidumping contra México (en el caso de que los productos mexicanos se ofrezcan a un precio menor que su costo de producción, lo cual es considerado competencia desleal)”, por lo que “México busca crear su propia lista de productos por si Washington propone formalmente dar a los agricultores (estadounidenses) de frutas y hortalizas estacionales una mayor protección (…)
En México rige la “Ley Campoamor” del poeta Ramón Campoamor, que dice “En este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es según del color del cristal con que se mira”.
En algún momento de su más reciente gira internacional AMLO, al referirse al tema alimentario, afirmó que, de ganar, “vamos a producir en México”, y que “ya no compraremos en el extranjero lo que consumimos”, afirmación propia del nacionalismo económico, que será nacionalista, pero que nunca es (porque no puede serlo) económico.
La creencia de que un líder carismático, idealista, surgido del pueblo que lucha en contra de las élites para transformar un país y llega al poder ya sea a través de una revolución, ganando una elección o por otras vías sin más apoyo que el de los ciudadanos, del hombre de a pie, de la calle, suena bonito, muy romántico, captura la imaginación de millones de personas, pero es algo que definitivamente forma parte de la ciencia ficción y no de la vida real.
Yon Goicoechea escribe desde la cárcel, donde se encuentra desde hace un año y a pesar de que hoy no hay ninguna condena ni cargo en su contra.
CARACAS – Escribo esto desde la celda en los calabozos del Sebin, la policía secreta venezolana. Tengo 32 años y he sido un activista democrático durante los últimos doce años. Tengo dos hijos, de 8 y de 5 años, que son mi sol y mi luna. Tengo una esposa a la que amo y que ahora debe cargar con el peso de estar casada con un prisionero político.
Leemos, en el artículo 27 de la Constitución, que “la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”, (…) y que “la Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público,” todo lo cual no pasa de ser constitucionalismo ficción.
Cuando se enteró de la existencia de la bomba atómica, el gran historiador de temas bélicos, Bernard Brodie, le dijo a su esposa: “Hasta ahora el principal objetivo militar ha sido ganar guerras. De aquí en adelante será evitarlas”.
La razón fundamental de esta forma de pensar, son las nuevas reglas del juego. La humanidad jamás había tenido en sus manos a través del arsenal nuclear, semejante poder de destrucción.
Usted o yo amigo lector, no podemos acercarnos a un alto mando del ejército para preguntarle: “¿En cuántas guerras nucleares ha participado usted mi General?”. No hay experiencia previa y por eso también cuesta mucho trabajo evaluar, imaginar las consecuencias en caso de que se desate un conflicto de esa magnitud.
En su informe del 2015, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), organismo público “autónomo”, señaló que del 2012 al 2014 el número de pobres aumentó en dos millones. Ese dato le cayó como una “cubetada” de agua fría al gobierno del presidente Peña Nieto, que presumía de haber incrementado el gasto en ayuda a los pobres en 22% en ese mismo periodo. En el informe dado a conocer a finales de agosto de 2017, que abarca el 2015 y el 2016, con base en una nueva metodología, desaparecen los dos millones de pobres que se habían sumado con la metodología anterior.
La inversión directa (ID), es la que apuntala o abre empresas, produce bienes y servicios, crea empleos y les permite, a quienes obtienen esos puestos de trabajo, generar ingresos. Tengamos en cuenta todo lo que depende de la ID: producción de bienes y servicios, creación de empleos y generación de ingresos, todo lo cual repercute directamente en nivel de bienestar de las personas.
Según la clasificación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, CONEVAL, en 2010, 2012, 2014 y 2016 padeció pobreza extrema, respectivamente, el 11.3, 9.8, 9.5 y 7.6 por ciento de los mexicanos. Para los mismos años padeció pobreza (sin adjetivos) el 46.1, 45.5 46.2 y 43.6 por ciento de la población de este país.
Para medir la pobreza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, toma en cuenta, primero, el nivel de bienestar y, segundo, el número de carencias sociales.
El nivel de bienestar depende del ingreso, y tres son los posibles resultados: 1) que el ingreso no alcance, ni siquiera, para comprar la canasta básica alimentaria; 2) que el ingreso sí alcance para comprar la canasta básica alimentaria pero no para obtener la canasta básica no alimentaria; 3) que el ingreso sí alcance para comprar la canasta básica alimentaria y para procurarse la no alimentaria.
El Sistema Nacional Anticorrupción se puede volver un instrumento que garantice la impunidad de todos los altos funcionarios del actual sexenio, si el PRI logra su objetivo de imponer un fiscal “a modo”, que sea teóricamente el responsable de combatir la corrupción en los próximos nueve años. Tiempo suficiente para que prescriban los actuales delitos relacionados con la corrupción.
La presión para que el Procurador General de la República, propuesto por el Presidente y miembro del PRI, ocupe el cargo de fiscal anticorrupción es una de las causas que atrasa su nombramiento.
Ya publicó el INEGI la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) correspondiente al 2016 y, seguramente, uno de los temas más socorridos va a ser el de la desigualdad en materia de ingresos, misma que es considerable.
En ingreso promedio mensual de los hogares en México, el año pasado, fue 14 mil 345 pesos. En el 10 por ciento de los hogares más ricos el ingreso promedio mensual fue de 53 mil 606 pesos. En el otro extremo, en el 10 por ciento de los hogares más pobres, el ingreso promedio mensual fue de 2 mil 273 pesos. Así las cosas, el ingreso promedio mensual del 10 por ciento de los hogares más ricos resultó 24 veces mayor que el ingreso promedio mensual de los hogares más pobres, lo cual demuestra lo dicho: la desigualdad, en materia de ingresos, en este país, es considerable, algo que, sin lugar a dudas, subrayarán quienes consideren que ese, la desigualdad, y no la pobreza, es el problema.
La violencia de género tiene muchos rostros, desde la que se efectúa en la relación de pareja, en el acoso sexual en el trabajo, como el escándalo de una azafata acosada por un piloto de Interjet, la trata de personas con fines sexuales, feminicidios, violaciones con secuestro temporal, entre otras muchas formas de ejercerla.
Sin embargo, igual que las monedas, puede haber dos caras en este mismo problema.
El año 2005 fui invitado a Caracas por una semana, a investigar la famosa “revolución bolivariana” de Chávez. Recuerdo que en esa época, luego de entrevistar a personajes líderes de diversos sectores, mi conclusión fue que Chávez había llegado al gobierno utilizando la mascarada de la democracia para convertirse en dictador y no dejar jamás el poder. Desde entonces he dicho a mis amigos venezolanos que la democracia era una ilusión que el régimen chavista utilizaba para legitimar su dictadura. También era claro que con su política socialista el país quedaría totalmente arruinado.