Muchos funcionarios piensan que los ciudadanos deben pagar todos los impuestos simplemente porque lo dice la ley. Esa idea es propia de los regímenes dictatoriales, de los seguidores de Kelsen y de los positivistas radicales, quienes consideran la ley como fuente del derecho y no el derecho como fuente de la ley.
La propuesta de Enrique de la Madrid para legalizar el consumo de marihuana es correcta. “Se pudiera empezar -afirmó- en baja California Sur y en Quintana Roo, destinos turísticos que no tienen porqué ser víctimas de violencia de un trato inadecuado al tema de las drogas en México”.
“El 10% más rico de la población mexicana concentra el 39.7% del ingreso, de acuerdo con el Banco Mundial”. Esas noticias les encantan a los políticos que proponen una utópica sociedad donde todos tengan el mismo ingreso, que para lograrlo, dice la izquierda “moderna”, hay que aumentarles impuestos a los ricos para a través del Estado transmitírselos a los pobres.
“Hayek introduce el supuesto gnoseológico de la dispersión del conocimiento en el análisis económico para explicar la evolución de este orden espontáneo y su funcionamiento: el mercado como único mecanismo capaz de dar una respuesta al problema planteado. La comprensión de tal fenómeno social nos permite entender mejor aún el significado de los precios como expresión de la interacción de tal información (la valoración que los sujetos hacen de cada bien, por ejemplo), la transmisión de ésta al cálculo económico.”[1]
El tipo de cambio es una variable importante, no solo porque es el precio del dólar en términos de pesos, y por lo tanto determina el precio en pesos de las mercancías importadas, lo cual en una economía abierta al comercio internacional, como es la mexicana, es importante, sino porque muchos lo consideran un indicador del ánimo de los mexicanos: si el tipo de cambio aumenta, si el peso se deprecia frente al dólar, el ánimo es malo y, por el contrario, si el peso se aprecia frente al dólar, si el tipo de cambio baja, el ánimo es bueno.
Escribió Héctor Aguilar Camín, en su columna Día con Día de Milenio, lo siguiente:
“Se diría que estamos en la necesidad de un ajuste en las finanzas públicas, una corrección seria de déficits y dispendios, y un discurso público que explique la dificultad del trance (dados los retos que enfrentamos cara al futuro inmediato: la reforma fiscal ya aprobada en los Estados Unidos: la incertidumbre en torno al futuro del TLC; el posible triunfo de López Obrador en las elecciones), y prepare a la ciudadanía para la tormenta”.
Antes del año 2000, los gobernadores eran virreyes, el rey era el presidente. Cuando el presidente deja de ser del PRI, los gobernadores aplican un principio de sus constituciones que antes no funcionaba: los Estados son “libres y soberanos”. No dan cuenta a nadie de los recursos que reciben y se convierten en reyes de sus Estados. Para los gobernadores priistas el presidente, que no fue del PRI del 2001 al 2012, y no tenía el poder de hecho ni legal para nombrar y destituir gobernadores, deja de ser su jefe.
El actual gobierno presume ser el sexenio del empleo y del cambio, pero al analizar el comportamiento de la economía del 2013 al 2017, el saldo de la situación económica de México es negativo. Retrocedimos en lugar de avanzar. Los cambios positivos, como la apertura del sector energético, fueron tardíos, incompletos y acompañados de una administración que saqueó y endeudó irresponsablemente a Pemex.
El problema económico de fondo es la escasez: no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera, y mucho menos gratis. Nunca viviremos en un mundo de abundancia, en el cual todo alcance para todos, en las cantidades que cada uno quiera, y gratis. La escasez estuvo, está y estará presente, pero puede reducirse.
En los últimos 100 años la productividad y la oferta de alimentos, ropa, electrodomésticos, medicinas, viviendas, autos, y otros satisfactores, aumentaron en los países donde predominó el mercado y la mayoría de la producción ha estado en manos de empresas privadas sujetas a la competencia. Hay libertad de precios, de importaciones y exportaciones.
Independientemente del destino de los impuestos, que es el factor que les da legitimidad, desde las últimas décadas a la fecha su aumento se ha convertido en uno de los principales factores que mantienen bajos los niveles de inversión y crecimiento en Europa y en América.
Las propuestas a favor de la Renta Básica Universal, RBU, que le garantizaría a todo mexicano una cantidad de dinero suficiente para que satisfaga correctamente sus necesidades básicas, ha puesto el dedo en una de las llagas de este país: la pobreza. El año pasado, según los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, 53 millones 418 mil 151 mexicanos sobrevivían en condición de pobreza, el 43.6 por ciento de la población, algo inaceptable, razón de ser de propuestas como la de la RBU.
Cito nuevamente de una nota de @politicomx: “El diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez, aseguró que para combatir la vulnerabilidad en México, el Frente Ciudadano propone otorgar una renta mensual de 10 mil pesos al año para erradicar la pobreza (…) La propuesta incluirá que cada año todos, incluyendo niños, contarán con esa cantidad”.
Cito de la nota aparecida en @politicomx: “El diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez, aseguró que para combatir la vulnerabilidad en México, el Frente Ciudadano propone otorgar una renta mensual de 10 mil pesos al año para erradicar la pobreza (…) La propuesta incluirá que cada año todos, incluyendo niños, contarán con esa cantidad”.
Los mexicanos no son corruptos por naturaleza. Los altos porcentajes de corrupción son resultados de un entorno legal que la propicia. En México es más fácil y productivo ser corrupto que honesto. Los corruptos ganan, los honestos pierden. El lema “el que no transa no avanza” lo hace realidad un entorno lleno de reglamentaciones y leyes confusas, con un alto grado de discrecionalidad, que deja en manos de los funcionarios el poder abrir una empresa, construir, cambiar de giro, vender, comprar y contratar.
El crecimiento de la economía se mide por el comportamiento de la producción de bienes y servicios, que depende de la inversión directa, ID, que es la que apuntala y abre empresas, produce bienes y servicios, crea empleos y le permite, a quienes obtienen esos puestos de trabajo, generar ingresos. Una componente importante de la ID es la inversión fija bruta, IFB, que se realiza en instalaciones, maquinaria y equipo, proporcionando la infraestructura física para llevar cabo los procesos de producción de los bienes y servicios, variable con la que se mide el crecimiento de la economía. ¿Cómo vamos en México en materia de IFB, y por lo tanto de ID?
Todo apunta para que, antes de que termine el año, finalice la aprobación de la reforma tributaria de Trump que, entre otras cosas, reducirá el impuesto a las empresas del 35 al 20 por ciento, lo cual incrementará la competitividad tributaria de los Estados Unidos, haciéndolo un país más atractivo para las inversiones directas, que abren empresas, producen bienes y servicios, crean empleos y le permite, a quienes obtienen esos puestos de trabajo, generar ingresos.
¿Qué significa la liberación de los precios de las gasolinas?
En primer lugar que los gasolineros podrán ofrecer la gasolina al precio que crean más conveniente con el fin de maximizar sus utilidades, tal y como debe hacer cualquier oferente, de cualquier bien o servicio, precio que deben fijar dentro de una banda de fluctuación, cuyo límite inferior está dado por lo que le cuesta al gasolinero ofrecer el combustible, precio que, si el consumidor quiere disponer de gasolina, debe ser suficiente para, por lo menos, cubrir dicho costo. El límite superior está dado por el precio máximo que el consumidor está dispuesto a pagar por el combustible, precio que, si el oferente quiere seguir vendiendo, tendrá que ser igual o menor que ese máximo.
“El salario mínimo no alcanza, hay que aumentarlo” dicen políticos para ganar simpatizantes entre ignorantes de los resultados de subir los mínimos, que reducen los ingresos reales de los que viven en la informalidad, la mayoría de los cuales no tiene un patrón que les pague un salario, son auto empleados, empresarios callejeros o en su casa.
Leemos, en el artículo 123 constitucional, que “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”, todo lo cual es un enorme despropósito.