Una y otra vez oímos la queja de que en México el gobierno recauda poco, razón por la cual el gobierno gasta poco, razón por la cual el progreso económico y el bienestar social dejan que desear. Según esta manera de pensar para lograr mayor progreso económico y bienestar social debe aumentarse el gasto del gobierno, para lo cual deben cobrarse más impuestos. Todo ello lo encontramos, entre otros documentos, en uno publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Getting it Right: Prioridades estratégicas para México.

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El común denominador de la mayoría los políticos es la creencia de que tienen el derecho de disponer de parte del ingreso de los ciudadanos, para a su vez disponer de él como crean más conveniente, conveniencias entre las que destaca la redistribución del ingreso: el gobierno le quita a X lo que, por ser producto de su trabajo, es de X, para darle a Y lo que, por no ser producto de su trabajo, no es de Y. Se trata del cobro de impuestos con fines redistributivos, práctica común en estos tiempos en los que gobernar es sinónimo de redistribuir.

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Ver a un par de agentes de tránsito siendo insultados y agredidos por unos automovilistas envalentonados y a la vista de todos los que transitan por la calle, nos enfrenta a una realidad: se ha perdido la autoridad, porque quienes la representan, ya no inspiran respeto.

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Transcribo de una nota periodística: “Con la firma del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) la semana pasada, los focos rojos se prendieron en los sectores mexicanos lácteo, textil, del vestido y del calzado, por lo que el gobierno trabajará en agendas internas con estas industrias para protegerlas, informó el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo”, quien en tal caso, si realmente va a protegerlas, estaría actuando, no como secretario de economía, sino como secretario de antieconomía, lo cual no debe ser, por lo que debería estar prohibido, y estarlo a nivel de la Constitución, para lo cual nos falta mucho, y botón de muestra puede ser lo dicho por Guajardo.

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¿Cuándo se desata una guerra comercial? Cuando el gobierno de un país responde a las agresiones proteccionistas del gobierno de otro país con agresiones proteccionistas, como sería el caso del “Arancel por arancel”. Pongo un ejemplo.

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Uno de los argumentos que ayudó al fortalecimiento de AMLO fue su lucha mediática contra “la mafia del poder”, que la constituían desde su óptica el PRI y el PAN. Lo colocó ante muchos mexicanos como la alternativa a esa mafia.

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Del intercambio comercial lo que importa es la relación compra – venta que se establece entre vendedor y comprador, no su nacionalidad. Los mismos principios económicos que rigen el intercambio comercial entre personas de la misma nacionalidad rigen el de personas de nacionalidad distinta, razón por la cual ambos deben tratarse de la misma manera, sobre todo desde el punto de vista jurídico.

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¿Por qué las elecciones presidenciales generan inquietud? Por la defectuosa institucionalización del país.
Por instituciones hay que entender las reglas del juego, comenzando por las normas jurídicas. Un país bien institucionalizado es aquel en el cual las normas jurídicas son justas (reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de las personas) y eficaces (generan en las personas, tanto gobernantes como ciudadanos, los incentivos para que las respeten).

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El proteccionismo supone que, de una u otra manera, en mayor o menor medida, los gobiernos prohíben, limitan o condicionan las relaciones comerciales entre personas de distinta nacionalidad. Ejemplo lo tenemos en los aranceles con los que el gobierno estadounidense comenzará a gravar las importaciones de acero y aluminio desde varios países, México y Canadá excluidos por el momento, con lo cual condiciona, al pago del arancel, las relaciones comerciales entre los importadores estadounidense de acero y aluminio y los exportadores extranjeros de aluminio y acero, lo cual encarece esos productos para los consumidores estadounidenses, elevando su nivel de escasez y reduciendo su nivel de bienestar, por lo cual resulta antieconómico, razón por la cual el proteccionismo, en cualquiera de sus presentaciones, debería prohibirse.

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Supongamos una situación de libre comercio: los consumidores, comprando o dejando de comprar, sin ninguna intervención del gobierno, determinan la composición (el qué) y el monto (el cuánto) de las importaciones. Se importa lo que los consumidores compran y en las cantidades que compran.

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Para tener la posibilidad de ganar las elecciones, EPN escogió para el PRI un candidato a Presidente que no lo vieran como un priista más, pues a todos los potenciales candidatos priistas los relacionaban con la corrupción rampante de los miembros de ese partido. Por ello seleccionó a un no priista, quien colaboró como Secretario de Hacienda en el gobierno del PAN. Bien visto por muchos empresarios y con fama de honesto.

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Atendiendo a las opiniones que se han expresado en torno a la renegociación del TLC, pareciera que se trata de un conflicto entre México y Estados Unidos, por el cual una parte ganará y la otra perderá.  No es cierto.

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La balanza comercial de un país puede tener uno de tres resultados: equilibrio, exportaciones iguales a importaciones; superávit, exportaciones mayores que importaciones; déficit, exportaciones menores que importaciones.

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Copio de la cuenta de Twitter de Trump:

“When a country (USA) is losing many billions of dollars on trade with virtually every country it does business with, trade wars are good, and easy to win. Example, when we are down $100 billion with a certain country and they get cute, don’t trade anymore-we win big. It’s easy!”, tweet repleto de idioteces.

Voy por partes.

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Si con la rapidez con que investigaron a Barreiro para involucrar a Ricardo Anaya y su campaña, actuaran en todos los demás casos, en México no habría corrupción gubernamental ni saqueo del erario público.

El tema que nos preocupa en este momento no es si Ricardo es o nó culpable de lo que se le imputa, sino la discrecionalidad con que se decide a quien armarle un expediente y a quienes nó.

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Cuando dos personas intercambian ambas ganan: cada una valora más lo que recibe que lo que da a cambio, por lo cual su bienestar aumenta. Por ello lo que los gobierno deben hacer es permitir y facilitar los intercambios, no prohibirlos o dificultarlos, independientemente de la nacionalidad de las personas que comercian.

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Muchos son los temas que, en campaña electoral, mencionan los candidatos. Uno de ellos es la economía, sobre todo si esta no marcha como debiera, y la mexicana lleva ya varias décadas marchando defectuosamente, ya sea por un crecimiento bajo, ya por una inflación elevada, ya por una inflación elevada combinada con un crecimiento bajo, tal y como sucedió en 2017. En 2016 la economía creció 2.9 por ciento con inflación del 3.4 por ciento. En 2017 el crecimiento fue 2.1 por ciento (26.6 por ciento menor) y la inflación 6.8 por ciento (100 por ciento mayor). Con relación al 2016 el 2017 resultó de menor crecimiento (mal) y mayor inflación (mal). Debería haber sido al revés.

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El objetivo del empresario no es solamente obtener utilidades sino maximizarlas, lo cual consigue vendiendo al mayor precio posible, que es el máximo precio que el consumidor está dispuesto a pagar dada su apreciación, que es la combinación de lo que quiere, en función de lo que necesita, y de lo que puede, en función de su poder adquisitivo.

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Pareciera ser que las alternativas que tiene el mexicano frente a la próxima elección presidencial se resumen en dos opciones. La primera de ellas es entregar su voto a favor de la continuidad de un sistema político corrupto, de complicidades y donde campea la impunidad, con la participación de casi todos los partidos políticos e instituciones del Estado Mexicano, las cuales se ven beneficiadas por la situación actual del país, caracterizada por el desorden, abusos y excesos.

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Un funcionario del SAT (Servicio de Administración Tributaria) manifestó que harían una investigación para determinar si Estados Unidos se convirtió en un paraíso fiscal al bajar impuestos. Aunque a los pocos días la SHCP señaló que no harían esa investigación, quedó de manifiesto que muchos funcionarios consideran un bien para la sociedad aumentar impuestos y una política antisocial reducirlos.

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