Cuando dos personas intercambian ambas ganan: cada una valora más lo que recibe que lo que da a cambio, por lo cual su bienestar aumenta. Por ello lo que los gobierno deben hacer es permitir y facilitar los intercambios, no prohibirlos o dificultarlos, independientemente de la nacionalidad de las personas que comercian.
Muchos son los temas que, en campaña electoral, mencionan los candidatos. Uno de ellos es la economía, sobre todo si esta no marcha como debiera, y la mexicana lleva ya varias décadas marchando defectuosamente, ya sea por un crecimiento bajo, ya por una inflación elevada, ya por una inflación elevada combinada con un crecimiento bajo, tal y como sucedió en 2017. En 2016 la economía creció 2.9 por ciento con inflación del 3.4 por ciento. En 2017 el crecimiento fue 2.1 por ciento (26.6 por ciento menor) y la inflación 6.8 por ciento (100 por ciento mayor). Con relación al 2016 el 2017 resultó de menor crecimiento (mal) y mayor inflación (mal). Debería haber sido al revés.
El objetivo del empresario no es solamente obtener utilidades sino maximizarlas, lo cual consigue vendiendo al mayor precio posible, que es el máximo precio que el consumidor está dispuesto a pagar dada su apreciación, que es la combinación de lo que quiere, en función de lo que necesita, y de lo que puede, en función de su poder adquisitivo.
Pareciera ser que las alternativas que tiene el mexicano frente a la próxima elección presidencial se resumen en dos opciones. La primera de ellas es entregar su voto a favor de la continuidad de un sistema político corrupto, de complicidades y donde campea la impunidad, con la participación de casi todos los partidos políticos e instituciones del Estado Mexicano, las cuales se ven beneficiadas por la situación actual del país, caracterizada por el desorden, abusos y excesos.
Un funcionario del SAT (Servicio de Administración Tributaria) manifestó que harían una investigación para determinar si Estados Unidos se convirtió en un paraíso fiscal al bajar impuestos. Aunque a los pocos días la SHCP señaló que no harían esa investigación, quedó de manifiesto que muchos funcionarios consideran un bien para la sociedad aumentar impuestos y una política antisocial reducirlos.
Ya tenemos las cifras definitivas para el año pasado: la producción de bienes y servicios para consumo final, el Producto Interno Bruto (PIB), creció 2.05 por ciento: 3.28 las actividades primarias (agropecuarias, silvicultura, pesca), menos 1.75 las secundarias (industria manufacturera), 3.05 las terciarias (servicios).
¿Por qué las elecciones causan intranquilidad? Por dos razones: la falta de institucionalidad en el país; la falta de instituciones que garanticen la justicia y promuevan la eficacia.
Por instituciones hay que entender las reglas del juego, comenzado por las jurídicas, que deben ser justas (reconocer plenamente, definir puntalmente y garantizar jurídicamente los derechos de las personas), y eficaces (incentivar conductas justas, que respeten los derechos), instituciones de las que depende la seguridad jurídica, una de las seguridades más importantes. Allí donde hay instituciones, y allí donde hay una autoridad honesta y eficaz que las hace valer, los ciudadanos saben a qué atenerse, independientemente de los vaivenes de la política, al margen de los resultados de las elecciones.
Leímos la nota: “AMLO buscará que filósofos, antropólogos, psicólogos, especialistas, escritores, poetas, activistas, indígenas y líderes de diferentes religiones elaboren una Constitución ‘moral’”, búsqueda que resulta preocupante, y que muestra la intención de AMLO de meterse en terrenos, los de la moral, que a ningún gobierno le competen, como tampoco le competen los de la ética. Los terrenos de la moral son los de las costumbres, los terrenos de la ética los de los principios, terrenos que son propios de cada persona, no del gobierno, cuyo terreno es el de lo legal, legalidad que no hay que confundir con lo ético o con lo moral.
Según la información del Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza al cuarto trimestre de 2017, elaborado por el Coneval, “el poder adquisitivo del ingreso laboral disminuyó 2.5 por ciento entre el cuarto trimestre de 2016 y el cuarto trimestre de 2017”, a lo cual hay que agregar que “el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria aumentó de 4.00 a 41.00 por ciento entre el cuarto trimestre de 2016 y el cuarto trimestre de 2017”.
Las encuestas más serias arrojan que entre los candidatos de los tres partidos más importantes, el del PRI se rezagó a un tercer lugar y sus preferencias se redujeron.
Varios analistas justifican o culpan a Meade por la caída del PRI: que no tuvo la suficiente cobertura en spots, que no tiene cualidades, etc. ¡Falso! el problema no es Meade sino el partido que representa.
El desempeño de una economía debe medirse por el bienestar de las familias, bienestar que depende de tres variables: la cantidad, la calidad y la variedad de los bienes y servicios de los que disponen. La cantidad debe ser suficiente, la calidad debe ser la adecuada, la variedad debe ser la correcta. Sin la combinación correcta de estas tres variables el bienestar no será el que debe ser.
Son muchos los economistas que se quejan que el gobierno no tiene un plan económico. Otros, dicen que lo tiene, pero que no es el mejor, otros, que no es bueno, y finalmente un tercer grupo afirma que el supuesto plan (existente o no) es malo.
Creo que la pregunta a hacerse es ¿debe el gobierno tener un plan económico? Esta pregunta la respondieron otros economistas, hace mucho tiempo, como Ludwig von Mises y Friedrich A. von Hayek entre los más importantes. Y sus respuestas fueron y siguen siendo contundente: NO. No debería tenerlo. Y, en el caso de Hayek dice que no puede tenerlo (aunque quisiera). No podría, por falta de información y la imposibilidad de conseguirla.
El gobierno puede hacer tres cosas: garantizar derechos, satisfacer necesidades, defender intereses, debiendo tener claro que unos son los derechos, otras las necesidades y otros los intereses. De una u otra manera, en mayor o menor medida, el gobierno realiza las tres tareas. Tenemos, para empezar, las secretarías de la Defensa y Marina, encargadas, entre otras cosas, de hacer valer los derechos de los mexicanos (por ejemplo: frente a violaciones de extranjeros). Tenemos, para continuar, las secretarías de Desarrollo Social, Educación, Salud, cuyas tareas son, principalmente, satisfacer necesidades (por ejemplo: alimentación, atención médica, educación). Tenemos, para terminar, la Secretaría de Cultura, encargada, fundamentalmente, de defender los intereses de los creadores de arte (por ejemplo: obtener subsidio para sus creaciones).
El viernes 2 de febrero el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró en 50 mil 389.52 unidades. Una semana después, viernes 9, terminó en 47 mil 820.59, lo que resultó en una pérdida de 5.1 por ciento, la mayor para cualquiera de las seis semanas transcurridas del año. En las cinco semanas anteriores, este fue el resultado en la BMV: 1ra. enero, ganancia de 1.1 por ciento; 2da. pérdida de 1.5; 3ra. ganancia de 1.1; 4ta. ganancia de 2.8; 1ra. febrero, pérdida 1.3.
Hay que aclarar la diferencia entre desigualdad y pobreza, entre la disparidad de ingresos entre quienes generan más y quienes generan menos, y la incapacidad de los pobres para, por medio de su trabajo, generar un ingreso suficiente que les permita satisfacer correctamente sus necesidades, comenzando por las básicas, que son aquellas que, de quedar insatisfechas, atentan contra la salud y la vida de la persona.
Defino al Estado de Derecho como el gobierno de las leyes justas, siendo justas las leyes que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de las personas. Defino al progreso económico como la capacidad para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente. ¿Qué relación hay entre el Estado de Derecho y el progreso económico? El segundo depende del primero: a mejor Estado de Derecho más progreso económico.
Uno de los principales problemas que enfrentamos, comenzando por los contribuyentes, a quienes el gobierno nos obliga a financiarlo, es la multiplicación de tareas que éste lleva a cabo, lo cual ocasiona la degeneración del gobierno en gobierno ángel de la guarda y gobierno hada madrina.
Puede definirse al progreso económico como la capacidad para producir más (dimensión cuantitativa) y mejores (dimensión cualitativa) bienes y servicios, para un mayor número de gente (dimensión social), y al Estado Derecho como el gobierno de las leyes justas, siendo justas las leyes que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de las personas, agentes económicos incluidos, quienes tienen derechos naturales (aquellos con los que la persona es concebida: a la vida, la libertad y la propiedad) y contractuales (aquellos que la persona adquiere voluntariamente, por así haberlo acordado con alguien más, por ejemplo, derechos comerciales: el derecho del comprador a recibir la mercancía comprada, que tiene como contrapartida la obligación del vendedor de entregarla, y el derecho del vendedor a recibir el pago por la mercancía vendida, que tiene como contrapartida la obligación del comprador de pagarla).
En una investigación publicada por The Wall Street Journal, Matthew J. Slaughter Decano de la Escuela de Negocios en el Tuck Dartmouth College en New Hampshire, demuestra que la salida de los Estados Unidos del North American Free Trade Agreement (NAFTA) o Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), le costaría 50 billones de dólares al año.
La meta de inflación, fijada por el Banco de México (BM), es del 3 por ciento, más menos un punto porcentual de margen de error.