Desde que Trump dijo que la muestra más clara de que los mexicanos hemos abusado de los estadounidenses es el déficit en la balanza comercial de los Estados Unidos con México, y que la manera de corregir esa situación era por medio de la renegociación del TLC, estuve seguro de que la renegociación supondría medidas para reducir las exportaciones de productos mexicanos hacia los Estados Unidos y/o aumentar la exportaciones de mercancías estadounidense hacia México, única manera de reducir y revertir el mentado déficit comercial, que pasaría a ser superávit.

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Leímos, en El Heraldo de México, que los “empresarios mexicanos y el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador iniciaron (…) una serie de 12 mesas de trabajo para abarcar temas de desarrollo de infraestructura, política industria, competitividad, salud y educación, entró otros temas primordiales para el desarrollo económico del país. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, y el próximo jefe de la Oficina de Presidencia, Alfonso Romo Garza, se reunieron para definir las 12 mesas y quienes las encabezarán”.

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La meta de inflación fijada por las autoridades monetarias (¿es correcto que ellas mismas fijen la meta de inflación?, ¿es correcto tener una meta de inflación, es decir, procurar la pérdida en el poder adquisitivo del dinero?) es del 3 por ciento anual, más menos un punto porcentual de margen de error, por lo que la máxima inflación aceptable es del 4 por ciento, meta que no se ha conseguido, lo cual cuestiona la eficacia de la política monetaria. Sumamos ya 19 meses consecutivos, de enero del 2017 al julio del 2018, con la inflación ubicándose por arriba de los 4 puntos porcentuales. En ese período la inflación promedio anual fue del 5.68 por ciento, con la mayor en diciembre de 2017, 6.77, y la menor en mayo del 2018, 4.51.

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Dos son las maneras en las que el gobierno y el Estado nos quitan. La primera, quitándonos dinero, es decir, cobrándonos impuestos. La segunda, quitándole poder adquisitivo a nuestro dinero, es decir, permitiendo o generando inflación. En México lo primero lo hace una dependencia gubernamental, el Servicio de Administración Tributaria, y lo segundo una entidad estatal, el Banco de México.

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El gobierno cobra impuestos porque tiene el poder para obligar al contribuyente, bajo amenaza de castigo, a entregarle parte del producto de su trabajo, poder que, si aceptamos que la persona tiene derecho al producto íntegro de su trabajo, debe justificarse (¿para qué deben cobrarse impuestos?) y limitarse (¿cuántos impuestos deben cobrarse?), algo que en México no sucede.

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Es frecuente que políticos e investigadores hablen de la necesidad de una mayor intervención del Estado y de aumentos en el gasto público para frenar el crecimiento de la pobreza. Esas recomendaciones parten de mentiras que, por ignorancia o conveniencia política, callan quienes han convertido en un negocio o fuente de votos la lucha contra la pobreza.

A pesar que aumentó la población en más de dos mil millones, el porcentaje de pobres en relación con la población total se redujo drásticamente en los últimos 200 años.

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Estoy a favor de prevenir el consumo de mariguana, cocaína y demás drogas prohibidas, que embrutecen y llevan a delinquir a quienes caen en su adicción. Pero su prohibición no ayuda a reducir su consumo ni el número de adictos y genera condiciones para que surja un mercado ilegal, que en gran parte es responsable del incremento de la violencia que padecemos.

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A raíz de la victoria de Andrés Manuel López Obrador hay sectores de la izquierda que hablan de la terminación del neoliberalismo en México.

Falso, no se puede terminar lo que nunca se ha practicado. Si por neoliberalismo entendemos libertad comercial y libre empresa, existen, pero acotadas. Las políticas públicas más importantes del siglo XX fueron neosocialistas, no neoliberales, o una mezcla de ambas, al igual que la Constitución. Más allá de “ismos”, izquierdas y derechas, debemos analizar que políticas económicas funcionan y cuáles no.

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En el último Pesos y Contrapesos hice un primer comentario en torno a la carta de AMLO a Trump, centrando la atención en tres temas: el comercio entre mexicanos y estadounidenses como esencia de la relación bilateral; la renegociación del TLC y su importancia para atraer hacia México inversiones directas, de las cuales depende el crecimiento de la economía; la intención de AMLO de incrementar las inversiones gubernamentales en infraestructura que servirán para impulsar las inversiones privadas, de las que dependen la producción de bienes y servicios, la creación de empleo, la generación de ingresos y , al final de cuentas, el bienestar de las familias. Hoy centro la atención en otra de las intenciones de AMLO: la creación de zonas libres en algunas regiones del país.

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De la carta enviada por AMLO a Trump vale la pena destacar lo siguiente, para lo cual lo cito.

1.- “Propongo a usted, en primer lugar hacer un esfuerzo por avanzar integralmente en las áreas sustantivas en las que está la esencia de la relación bilateral: el comercio, la migración, desarrollo y seguridad”. No sé si AMLO considera que de la relación entre mexicanos y estadounidenses lo más importante es el comercio, pero es lo que cita en primer lugar, antes de la migración, el desarrollo (que depende mucho del comercio entre estadounidenses y mexicanos) y la seguridad, lo cual es correcto. Si yo tuviera que elegir uno de los cuatro temas mencionados por AMLO y desechar los otros tres, sin duda me quedaría con el del comercio, por todo lo que el mismo implica en términos, primero, de una mayor y mejor oferta de bienes y servicios para los consumidores mexicanos vía las importaciones y, segundo, de más y mejores oportunidades de negocio, vía las exportaciones, para las empresas mexicanas, con todo lo que ello implica en términos de creación de empleo y generación de ingreso.

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El senador Francisco Búrquez ha elaborado una iniciativa para eliminar a la Procuraduría Federal del Consumidor, PROFECO, cuya misión es, y cito de su página electrónica, 1) “proteger y defender los derechos de las y los consumidores”; 2) “generar una cultura de consumo responsable”; 3) “proporcionar información oportuna y objetiva para la toma de decisiones de consumo”; 4) “implementar métodos de atención pronta y accesible a la diversidad de consumidoras y consumidores mediante el uso de tecnologías de la información. ¿Debe desaparecer la PROFECO? Si desaparece, ¿quién hará valer los derechos de los consumidores? Tres comentarios.

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Todo gobierno nuevo, y el de AMLO no será la excepción, mantiene los programas de gasto de su antecesor (en el mejor de los casos se les cambia el nombre) y pone en marcha sus propios programas (por los cuales, se supone, votó el electorado), generándose una tendencia de largo plazo hacia un gasto gubernamental cada vez mayor, tanto en términos absolutos (pesos) como relativos (proporción del PIB).

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Ya terminó la incertidumbre de quién sería el próximo presidente, ahora se abre la incertidumbre de qué caminos tomará: el de la “venezolización” del país, el regresarlo a un PRI de los años 70, seguir como el PRI del sexenio pasado o reducir la corrupción, aplicar medidas de austeridad, reducir gasto público, déficit, deuda e inflación.

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AMLO no tiene la intención de recortar el gasto del gobierno, sino de recortar el gasto en X para poder gastar más en Y, y ya tenemos una idea clara de en dónde pretende dar menos y en dónde pretende dar más: menos gasto corriente y más gasto social (para satisfacer necesidades) y en inversión (para impulsar inversiones directas del sector privado).

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En el primer discurso que pronunció AMLO después de las elecciones se comprometió a 1) no expropiar; 2) a respetar la libertad para emprender; 3) a respetar la autonomía del Banco de México; 4) a mantener la disciplina fiscal, todo lo cual es indispensable para apuntalar la competitividad del país, la capacidad de la economía mexicana para atraer, retener y multiplicar inversiones directas, que producen bienes y servicios, crean empleos y generan ingresos. Hoy centro la atención en el último compromiso, mantener la disciplina fiscal.

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Conforme pasan los días la tranquilidad llega a un número mayor de mexicanos, que forman parte de segmentos de la sociedad que no votaron por Andrés Manuel López Obrador.

Es cierto que AMLO es diferente a todos sus antecesores y parece ser congruente entre su discurso político y su conducta personal.

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Prohibir la producción y consumo de drogas, ¿es justo?, ¿es eficaz? Estos son los parámetros con los que debemos calificar las políticas gubernamentales: su justicia (¿respetan derechos?) y su eficacia (¿se logran los objetivos?).

Para responder la pregunta relacionada con la justicia debemos tener claro, en primer lugar, la definición de justicia y, en segundo término, la distinción entre delitos y vicios.

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El triunfo de López Obrador se debe a un cambio de estrategia personal para que los votantes percibieran una imagen distinta de la proyectada en sus dos campañas previas. También los otros partidos compitieron con nuevas posiciones, que resultaron en una visión diferente de los electores del PRI y el PAN, sus dos principales contrincantes.

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José Antonio Meade parece ser buena persona. Es como el amigo que muchos queremos tener en nuestro círculo de amistades. Todo indica que es un tipo honesto y que no ha utilizado los cargos que ha ejercido para obtener beneficios personales.

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El peligro de fondo no es éste o aquel partido político o candidato, sino el gobierno, y por dos razones, una esencial y una accidental.
La razón esencial por la que el gobierno es un peligro tiene que ver con sus tres poderes: prohibir, obligar y castigar. Gobernar es, en esencia, prohibir, obligar y castigar, poderes que, en manos poco escrupulosas, como por lo general son las de los políticos, degeneran en arbitrarios, lo cual nos plantea esta pregunta: ¿en qué casos se justifica que el gobierno prohíba, obligue y castigue? Esta es LA pregunta de la ciencia política y la filosofía del Derecho.

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