El progreso económico depende más de las instituciones jurídicas (normas legales) que de las políticas económicas (herramientas fiscales, monetarios, proteccionistas, etc., que el gobierno usa para, modificando los resultados del mercado, lograr resultados distintos).
El Estado de Derecho es el gobierno de las leyes justas, que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de las personas, tanto los naturales, con los que la persona es concebida, como los contractuales, que la persona adquiere voluntariamente, por así haberlo pactado con una contraparte.
Podemos definir al progreso económico como la capacidad para producir más y mejores bienes y servicios, para un mayor número de gente, capacidad que depende, entre otras muchas otras variables, de los incentivos que tengan los agentes económicos para realizar sus actividades. Si los incentivos son los correctos, más y mejores serán las acciones de los agentes económicos.
El gobierno tiene el poder para obligar a los ciudadanos a entregarle parte del producto de su trabajo: puede cobrar impuestos. El gobierno tiene el poder para obligar a los ciudadanos, ¡bajo amenaza de castigo!, a entregarle parte del producto de su trabajo, castigo que va, desde un recargo hasta la cárcel, pasando por la confiscación de bienes.
Cuando el gobierno cobra impuestos obliga a los ciudadanos a entregarle parte del producto de su trabajo. Obliga, por eso se llaman impuestos. Siempre lo he dicho: yo no pago impuestos, a mí me los cobran.
El Impuesto sobre la Renta (ISR) es abusivo, y lo es por partida doble. Por gravar el ingreso de la gente (¿no tenemos las personas el derecho al producto íntegro de nuestro trabajo?) y por gravarlo a tasas elevadas (la pregunta vuelve a ser la misma: (¿no tenemos las personas el derecho al producto íntegro de nuestro trabajo?).
Ahora que, pese a las negociaciones del TLC, existe la posibilidad de que el mismo llegue a su fin, conviene tener claro, con el fin de entender por qué cancelarlo sería un grave error, qué es el libre comercio, concepto que se usa cuando quienes comercian son personas de distinta nacionalidad, lo cual es, dicho sea de paso, total y absolutamente irrelevante.
Ahora que se negocia el Tratado de Libre Comercio, y que existe la posibilidad de que llegue a su fin, vale la pena tener claro qué es el libre comercio, para lo cual lo primero que hay que tener claro es qué es el comercio, cuál es su causa, y cuál es su consecuencia.
38 mil 900 millones de pesos será la cantidad de dinero que, según lo informó el presidente Peña Nieto, se necesitará para reconstruir lo destruido por los sismos del 7 y el 19 de septiembre, recursos adicionales a los millones de pesos (que no han sido pocos) que ya se han destinado a la ayuda humanitaria, esperando que hayan llegado a donde deben haber llegado.
Reconstruir lo destruido por los sismos del 7 y 19 de septiembre tendrá un costo de 38 mil 900 millones de pesos. ¿De dónde saldrá el dinero?
Dos son las preguntas que muchos se hacen. ¿Cuánto va a costar la reconstrucción de todo lo destruido por los sismos del 7 y 19 de septiembre? ¿De dónde va a salir el dinero para llevarla a cabo?
Según lo informó el presidente Peña Nieto el costo de la reconstrucción será de 38 mil 900 millones de pesos. ¿Mucho o poco? Veamos.
El terremoto ha puesto sobre la mesa el tema de los llamados recursos públicos, en general, y en particular la cuestión de los recursos multimillonarios que, con motivo de las campañas electorales, recibirán los partidos políticos el año entrante, recursos que, ésta ha sido la petición masiva en las redes sociales, deberían destinarse a la reconstrucción, con lo cual estoy de acuerdo.
Cito de un comunicado de Reuters: “Los representantes mexicanos (en la renegociación del TLC), elaboran una lista, en la que incluyen frutas, verduras y las patas de cerdo, para protegerlos en caso de que EU imponga restricciones a sus productos (exportaciones mexicanas de alimentos frescos)”. Según el comunicado “una sugerencia de los negociadores estadounidenses fue facilitar a productores (estadounidenses) de alimentos de temporada la presentación de casos antidumping contra México (en el caso de que los productos mexicanos se ofrezcan a un precio menor que su costo de producción, lo cual es considerado competencia desleal)”, por lo que “México busca crear su propia lista de productos por si Washington propone formalmente dar a los agricultores (estadounidenses) de frutas y hortalizas estacionales una mayor protección (…)
En algún momento de su más reciente gira internacional AMLO, al referirse al tema alimentario, afirmó que, de ganar, “vamos a producir en México”, y que “ya no compraremos en el extranjero lo que consumimos”, afirmación propia del nacionalismo económico, que será nacionalista, pero que nunca es (porque no puede serlo) económico.
Leemos, en el artículo 27 de la Constitución, que “la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”, (…) y que “la Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público,” todo lo cual no pasa de ser constitucionalismo ficción.
La inversión directa (ID), es la que apuntala o abre empresas, produce bienes y servicios, crea empleos y les permite, a quienes obtienen esos puestos de trabajo, generar ingresos. Tengamos en cuenta todo lo que depende de la ID: producción de bienes y servicios, creación de empleos y generación de ingresos, todo lo cual repercute directamente en nivel de bienestar de las personas.
Según la clasificación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, CONEVAL, en 2010, 2012, 2014 y 2016 padeció pobreza extrema, respectivamente, el 11.3, 9.8, 9.5 y 7.6 por ciento de los mexicanos. Para los mismos años padeció pobreza (sin adjetivos) el 46.1, 45.5 46.2 y 43.6 por ciento de la población de este país.
El Sistema Nacional Anticorrupción se puede volver un instrumento que garantice la impunidad de todos los altos funcionarios del actual sexenio, si el PRI logra su objetivo de imponer un fiscal “a modo”, que sea teóricamente el responsable de combatir la corrupción en los próximos nueve años. Tiempo suficiente para que prescriban los actuales delitos relacionados con la corrupción.
La presión para que el Procurador General de la República, propuesto por el Presidente y miembro del PRI, ocupe el cargo de fiscal anticorrupción es una de las causas que atrasa su nombramiento.
Ya publicó el INEGI la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) correspondiente al 2016 y, seguramente, uno de los temas más socorridos va a ser el de la desigualdad en materia de ingresos, misma que es considerable.
En ingreso promedio mensual de los hogares en México, el año pasado, fue 14 mil 345 pesos. En el 10 por ciento de los hogares más ricos el ingreso promedio mensual fue de 53 mil 606 pesos. En el otro extremo, en el 10 por ciento de los hogares más pobres, el ingreso promedio mensual fue de 2 mil 273 pesos. Así las cosas, el ingreso promedio mensual del 10 por ciento de los hogares más ricos resultó 24 veces mayor que el ingreso promedio mensual de los hogares más pobres, lo cual demuestra lo dicho: la desigualdad, en materia de ingresos, en este país, es considerable, algo que, sin lugar a dudas, subrayarán quienes consideren que ese, la desigualdad, y no la pobreza, es el problema.
Si por comercio entendemos el intercambio entre compradores y vendedores, todo comercio es libre en el sentido de que cada una de las partes, por un lado el demandante, por el otro el oferente, participa voluntariamente, con la intención de elevar su nivel de bienestar. Cada una de las partes valora más lo que recibe que lo que da, y el resultado del intercambio es el bien común. Común: ambas partes ganan. Bien: ambas partes ganan.