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El crecimiento de la economía se mide por el comportamiento de la producción de bienes y servicios para el consumo final, misma que depende de las inversiones directas, que se destinan, precisamente, a la producción de satisfactores, a la creación de empleos, puesto que para producir alguien tiene que trabajar, y a la generación de ingresos, puesto que a quien trabaja se le paga por hacerlo, empleos e ingresos de los que depende, en buena medida, el bienestar de las personas, sobre todo si éste ha de ser el resultado del trabajo propio, no de las dádivas del gobierno, producto de la redistribución gubernamental el ingreso. Hay una clara relación entre crecimiento (producción de bienes y servicios) y bienestar (disposición, en cantidad, calidad y variedad adecuadas, de bienes y servicios).

Las inversiones directas dependen de la confianza de los empresarios para invertir directamente en el país, confianza que depende, básicamente, del Estado de Derecho, definido como el gobierno de las leyes justas, siendo tales las que reconocen plenamente, delimitan correctamente y garantizan jurídicamente los derechos de las personas, Estado de Derecho que en este gobierno se ha convertido, más de lo que ya lo era, en Estado de chueco, que en este caso significa, no el gobierno de la ley, sino el de un hombre, AMLO. No olvidemos, una muestra entre muchas, lo que dijo hace poco: “No me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”.

Parte del Estado de chueco de la 4T han sido una serie de pésimas decisiones que le pegaron fuerte a la confianza de los empresarios, desde la cancelación del NAICM, en octubre de 2018, hasta la propuesta de contrarreforma eléctrica, en octubre de 2021, misma que “no pasó” en la Cámara de Diputados, lo cual podría evitar que la economía siga deteriorándose, pero no necesariamente que mejore, mucho menos que recupere los niveles de 2018, sobre todo del PIB por habitante.

El que la contrarreforma eléctrica “no haya pasado” en la Cámara de Diputados puede ser el fin de ese tipo de pésimas decisiones que, por medio de la desconfianza empresarial, se tradujeron en menos inversiones directas (su nivel en enero pasado, último mes para el que tenemos información, fue similar al de enero de 2011), y en menor crecimiento de la economía (crecimiento que, ya antes de la 4T, dejaba que desear).

¿Hasta qué punto la aprobación de la Ley Minera, que nacionaliza el litio, ¡que, por lo dispuesto en el Art. 27 constitucional, ya era propiedad de la Nación (cualquier cosa que eso signifique)!, implica un nuevo golpe a la confianza empresarial? La respuesta la conoceremos el 3 de mayo cuando el INEGI publique el Indicado de Confianza Empresarial para abril.

¿Hasta aquí llegaron las malas decisiones en materia de economía?

E-mail: arturodamm@prodigy.net.mx

Twitter: @ArturoDammArnal