Hace un año, después del triunfo de AMLO, escribí esto: “El que haya sido un gran día para la democracia no es sinónimo de un buen futuro para los mexicanos. El que hayamos elegido democráticamente no quiere decir que hayamos elegido correctamente, sobre todo si existe la posibilidad de girar 180 grados y pasar de una economía basada en la empresa privada, la competencia y el libre comercio, a otra basada en la intervención gubernamental, los monopolios estatales y el proteccionismo, giro que muchos consideramos posible con AMLO. ¿Qué tan probable será?”

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A un año de la elección, a partir de la cual AMLO comenzó a ejercer el poder, ¿cuál ha sido el comportamiento de la economía? Para responder podemos analizar su estabilidad y dinamismo, lo cual nos da una buena imagen de sus condiciones generales, estabilidad que tiene que ver con el comportamiento de los precios (de bienes y servicios, de acciones, del crédito, del tipo de cambio), dinamismo que está relacionado con la producción (Producto Interno Bruto, Indicador Global de la Actividad Económica).

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El desempeño de la economía debe medirse a nivel de la economía familiar, en función del bienestar de sus miembros, que depende de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios de lo que disponen para satisfacer, no solo sus necesidades básicas, sino también sus gustos y deseos; para disponer, no solo de lo que necesitan sino también de lo que desean.

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En mayo de 2018 se crearon 33,966 nuevos empleos formales. Un año después, mayo pasado, se crearon 3,983, lo cual dio como resultado una caída del 88.3 por ciento. Este comportamiento del empleo formal afectó la tasa de desempleo, que en mayo se ubicó en 3.5 por ciento de la población económicamente activa, PEA, compuesta por todos los mexicanos, hombres y mujeres, mayores de 15 años, que buscan trabajo. Si lo encuentran se vuelven población ocupada, PO. Si no lo encuentran, y siguen buscando, son población desocupada, PD. Este 3.5, ¿cómo se compara con años anteriores? Veamos.

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Según información del IMSS, entre enero y mayo del año pasado se crearon, en el sector formal de la economía, 489,617 nuevos empleos. Un año después, a lo largo de los cuatro primeros meses de este 2019, se crearon solamente 303,545, lo cual dio como resultado una caída del 38.0 por ciento, una muestra más de la desaceleración por la que atraviesa la economía mexicana. Si este resultado parece malo, veamos este otro.

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Uno de los argumentos que usa Trump para reelegirse es el combate a la migración ilegal que ingresa por la frontera sur. En una ocasión comentó que cuando habla de construir un muro entre México y Estados Unidos le aplauden.…

En estos tiempos de desaceleración económica, por lo menos hasta el primer trimestre del año, el ahorro, que es fundamental para el progreso económico, ha resistido, lo cual es una buena noticia.

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No han faltado los despistados que, ante los recortes del gasto gubernamental llevados a cabo por la 4T, sobre todo en partidas que estaban destinadas a la satisfacción de ciertas necesidades, desde la salud hasta las estancias infantiles, o a la atención de ciertos intereses, desde las becas para los creadores de cultura hasta los apoyos para los atletas de alto rendimiento, han afirmado, o por ignorancia o mala fe, o por mala fe e ignorancia, que, dado que el liberalismo aboga por un gobierno mínimo, y un gobierno mínimo supone menos gastos, la 4T es liberal, lo cual simple y sencillamente no es cierto. La 4T, ¿liberal? Ni por asomo.

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El 13 de junio la iniciativa privada, IP, y el gobierno firmaron el Acuerdo para Promover la Inversión y el Desarrollo Incluyente, APIDI, mismo que, cito del comunicado del Consejo Coordinador Empresarial, CCE, “fomentará la inversión, tanto pública como privada, para acelerar el crecimiento, generar más empleos, incrementar el bienestar para la población y contribuir a reducir las brechas de inequidad”, inversiones que se llevarán a cabo en distintos frentes de la actividad económica, entre los que destaca el de la energía (electricidad, gasolina, diésel).

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Los representantes de la iniciativa privada, IP, y el gobierno de AMLO firmaron hace unos días el Acuerdo para Promover la Inversión y el Desarrollo Incluyente, APIDI, por el cual las partes se comprometen a aumentar la inversión física en el país (instalaciones, maquinaria y equipo; carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles y puentes), del 20 al 25 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB, con el fin de que la economía crezca al 4 por ciento anual, crecimiento que se mide por el comportamiento de la producción de bienes y servicios, el PIB. Del 25 por ciento del PIB que se pretende alcanzar como inversión física, veinte puntos los aportará la IP y los restantes cinco el gobierno, quien actualmente aporta 2.8 por ciento del PIB. Para darnos idea de lo que tal meta de crecimiento representa tengamos presente que de 1983 a 2018 el crecimiento promedio anual de la economía mexicana fue 2.3 por ciento.

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Hace unos días, en su cuenta de Tweeter, @analiliamoreno escribió: “En la heladería Roxy ya no venden helado chico que porque @Profeco así lo decidió ya que consideró que vender tamaño chico es un “robo”. Ahora solo hay mediano y grande. ¿Qué rayos tiene el gobierno que andar decidiendo estas cosas?” Y ésta, precisamente, es la pregunta: ¿tiene el gobierno el derecho a decidir por el oferente la manera de ofrecer su producto? Y si la respuesta es que no, entonces, ¿tendrá la obligación de decidir por el oferente tales asuntos y obligarlo a obedecer? En ambos casos la respuesta es no. Sin embargo, según el tuit de @analiliamoreno, eso es lo que está haciendo la Profeco, violando el derecho a la propiedad y a la libertad de los dueños de Roxy.

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Los derechos de los migrantes son casos concretos de los derechos de la persona, comenzando por el derecho a la libertad, derecho al libre tránsito que, en el caso de la migración internacional, no está, ni plenamente reconocido, ni puntualmente definido, ni jurídicamente garantizado, siendo tal defecto la causa de la migración ilegal.

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Causa de muchos de los problemas que enfrentamos es la identificación de necesidades y/o intereses con derechos, de tal manera que, si la tarea del gobierno es garantizar derechos, entonces debe satisfacer necesidades (dado que estas se consideran derechos) y defender intereses (dado que estos también se consideran derechos). Lo estamos viendo en el caso de los migrantes.

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¿Hay alguna diferencia esencial entre la migración intranacional (dentro de un mismo país) y la internacional (de un país a otro)? No, sobre todo cuando su causa es la búsqueda de mejores oportunidades laborales. Esencialmente es lo mismo un veracruzano emigrando hacia Tamaulipas en búsqueda de mejores oportunidades de trabajo, que un tamaulipeco emigrando hacia Texas en búsqueda de lo mismo.

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¿Qué origina, no la migración, sino los problemas migratorios?

Consideremos el caso de le República Mexicana, integrada por 32 entidades federativas, entre las cuales hay migración, pero no problemas migratorios. ¿Por qué, habiendo lo primero, no hay lo segundo?

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