Uno de los retos que tenemos, en materia de economía, en México, es revaluar la figura del empresario, quien es la causa eficiente (de la cual procede originalmente el efecto), del progreso económico, definido como la capacidad para producir más (dimensión cuantitativa), y mejores (dimensión cualitativa), bienes y servicios para un mayor número de gente (dimensión social).

¿De qué depende esa capacidad? De las inversiones directas, que son las que se destinan a producir bienes y servicios, a crear empleos (para producir alguien debe trabajar), a generar ingresos (a quien trabaja se le paga por hacerlo), empleos e ingresos de los que depende, en buena medida, el bienestar de las personas, que debe ser el resultado de la generación personal de ingreso por trabajo, no de la redistribución gubernamental del mismo, por la que el gobierno le quita a Juan una parte de lo que, por ser producto de su trabajo, es de Juan, una parte de su ingreso, para darle a Pedro lo que, por no ser producto de su trabajo no es de Pedro, una parte del ingreso de Juan, lo cual, calificado engañosamente como justicia social, no deja de ser, como la llamó Federico Bastiat en su famosos escritos El Estado (1849), una expoliación legal.

Una pregunta más interesante es, ¿de quién depende la capacidad para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente? De los empresarios, quienes llevan a cabo las inversiones directas, quienes producen bines y servicios, quienes crean empleos, quienes generan ingresos, condiciones para el bienestar de las personas. ¿De qué depende cuánto invierten directamente los empresarios en un país?