El gobierno insiste en jugarle al empresario. Ahora tiene la intención de producir autos eléctricos y semiconductores. Voy a dar tres razones, ¡y no son las únicas!, por las que el gobierno no debe jugarle al empresario.
Las empresas del gobierno operan (¡y lo presumen!), sin afán de lucro (como si lucrar fuera éticamente reprobable), por lo que, en el mejor de los casos, el ingreso que generan por la venta de lo que producen y ofrecen alcanzará, nada más, para recuperar el costo de producción (otro sería el cuento si operaran con afán de pérdida, ¡lo que podría justificarse en beneficio del consumidor!).
Supongamos que la empresa del gobierno debe, para poder seguir operando, reparar o reponer una máquina. Si los ingresos generados por la venta de su producto solo alcanzan para recuperar el costo de producción, ¿con qué recursos lo hará? En tal caso tendrá que pedir dinero prestado con el inconveniente de que, tarde o temprano, tendrá que devolverlo más los intereses.
Supongamos que la empresa del gobierno quiere ampliar su escala de operación, para lo cual tendrá que realizar inversiones directas, pero, dado que opera sin afán de lucro, por lo que el ingreso que genera solo alcanza para cubrir sus costos de producción, no cuenta con los recursos para hacerlo. En tal caso, como en el anterior, tendrá que endeudarse.
Segunda.
Las empresas del gobierno, de incurrir en pérdidas (lo cual sucede con frecuencia), pueden ser subsidiadas por el gobierno (¡son sus empresas, para las que él es papá gobierno!), lo cual genera un riesgo moral, que surge cuando una persona (en este caso el director de la empresa), no tiene que enfrentar las consecuencias de su conducta (las pérdidas), lo cual motiva conductas irresponsables (una mala administración).
Al final de cuentas para eso estamos los contribuyentes, para que el gobierno haga, con las parte de nuestros ingresos que nos obliga a entregarle cobrándonos impuestos, lo que le dé la gana, lo cual incluye subsidiar a sus empresas, algo éticamente injusto y económicamente ineficaz.
Tercera.
¿Quién, para el efecto práctico de ejercer el derecho de propiedad sobre los activos correspondientes (que es el derecho a la libertad para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno como a uno más le convenga), es el dueño de las empresas “del” gobierno (por ejemplo de Pemex o CFE)? ¿El gobierno? Pero, ¿quién en el gobierno? ¿El Estado? Pero, ¿qué parte del Estado: el territorio, la población, las instituciones, las autoridades? ¿La nación? Pero, para tal efecto, ¿quién (porque debe ser un quién, no un qué), es la nación? ¿Todos los mexicanos? Pero, ¿cómo le haríamos, cada uno de nosotros, para usar, disfrutar y disponer de esos activos como creamos más conveniente? ¿Sus directores? Obviamente no. Entonces, ¿quién?
El hecho es que las empresas del gobierno no tienen dueño, sino administradores (algún burócrata de altos vuelos), lo cual genera un nuevo riesgo moral, porque si ese burócrata administra mal la empresa, incurre en pérdidas, y termina quebrándola, él, dado que no es el propietario de esos activos, no sufre un quebranto patrimonial, lo cual motiva conductas irresponsables (una mala administración).
Tres razones, ¡y hay más!, por las cuales el gobierno no debe jugarle al empresario. Y, sin embargo, insiste en hacerlo.
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