Prohibir la producción y consumo de drogas, ¿es justo?, ¿es eficaz? Estos son los parámetros con los que debemos calificar las políticas gubernamentales: su justicia (¿respetan derechos?) y su eficacia (¿se logran los objetivos?).

Para responder la pregunta relacionada con la justicia debemos tener claro, en primer lugar, la definición de justicia y, en segundo término, la distinción entre delitos y vicios.

La justicia es la virtud por la cual respetamos los derechos de los demás, respeto que debe comenzar por el gobierno, cuya tarea es triple: prohibir que se violen derechos; castigar a quien los viole; respetar los derechos, que básicamente son tres: vida, libertad y propiedad.

Prohibir desde la producción hasta consumo de drogas viola directamente el derecho a la libertad e, indirectamente, el derecho a la propiedad, por lo que resulta injusto, afirmación que se entenderá al distinguir entre delitos y vicios.

Son actividades delictivas, por su propia naturaleza, aquellas que violan derechos: matar (viola el derecho a la vida), esclavizar (viola el derecho a la libertad), robar (viola el derecho a la propiedad). Producir y consumir drogas son acciones éticamente cuestionables, pero no son actividades delictivas por su propia naturaleza: ninguna viola derechos de terceros, razón por la cual no deben prohibirse. Lo dijo muy claramente Lysander Spooner: los vicios no son crímenes (y no deben tratarse como tales).

Para responder la pregunta relacionada con la eficacia debemos tener presente la primera ley del mercado: allí donde el consumidor (drogadicto) está dispuesto a pagar el precio al que el vendedor (narcotraficante) está dispuesto a proveerlo, habrá oferta (de drogas). Esta es la razón por la cual no hay, ni habrá, prohibición que termine con la producción y consumo de drogas, como no ha habido un solo caso en la historia en el cual una prohibición gubernamental haya acabado con un vicio. Cualquier vicio es más fuerte que la más fuerte de las prohibiciones.

No es lo mismo la guerra contra el crimen (el verdadero crimen), que la guerra contra el vicio (que nunca es un crimen). La primera se justifica y es la razón de ser del gobierno. La segunda no, ni por el lado de la justicia (viola el derecho a la libertad), ni por el de la eficacia (no se logra el objetivo), y no hay razón para emprenderla.

Cada vez que el gobierno emprende la guerra contra las drogas el resultado es contraproducente por partida doble: no resuelve el problema, lo agrava (el consumo de drogas aumenta) y crea nuevos problemas (toda la faceta criminal del narcotráfico).

Por todo lo anterior, y por todo lo que faltó por decir, qué bueno que Sánchez Cordero esté contemplando la posibilidad de legalizar la mariguana. Sería un buen comienzo.

Y aclaro: no estoy a favor del consumo de drogas, pero sí de la libertad, aún en los casos en los que se usa para mal.

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