La principal pregunta de la teoría política es gobierno, ¿para qué? o ¿cuáles son las legítimas tareas del gobierno?, preguntas que parten de reconocer, prudentemente, que no todo lo que el gobierno puede hacer debe hacerlo.
Un gobierno puede garantizar derechos, defender intereses y satisfacer necesidades. Cuando satisface necesidades, básicas o de otro tipo, el resultado es el socialismo. Cuando defiende intereses, sobre todo si son pecuniarios, el resultado es el mercantilismo. Cuando garantiza derechos, que verdaderamente lo sean, el resultado es el liberalismo.
Escribo “que verdaderamente lo sean” porque uno de los principales problemas que tenemos hoy, causa de la cancerosa expansión del gobierno, es la arbitraria identificación de necesidades e intereses con derechos, de tal manera que aceptando que la tarea esencial del gobierno, aquella a la que no debe renunciar, es garantizar derechos, y considerando como derechos a las necesidades e intereses, entonces el gobierno debe, desde satisfacer necesidades (socialismo), hasta defender intereses (mercantilismo), tal y como sucede en México. Basta echarle un vistazo al artículo cuarto de la Constitución para comprobarlo. ¿Cuántos de los “derechos” allí mencionados no pasan de ser necesidades o intereses, desde el “derecho” a la alimentación (necesidad) hasta el “derecho” a la cultura (interés)?
Las reflexiones anteriores vienen a cuento porque entre las muchas ocurrencias de AMLO está la de obligar a los cines a destinar un determinado porcentaje del tiempo de pantalla a la exhibición de películas mexicanas. Cito a Alejandra Frausto, futura secretaria de Cultura: “Queremos que 30 por ciento de la oferta de los cines comerciales sean obras mexicanas y que duren al menos dos semanas en exhibición”, lo cual resultaría en una imposición injusta (desde el punto de vista ético) e ineficaz (desde la perspectiva económica).
Injusta porque ¿quién es el gobierno para decirle a los dueños de los cines comerciales qué exhibir y por cuánto tiempo? Nadie.
Ineficaz porque ¿qué pasa si durante las dos semanas de exhibición obligatoria de películas mexicanas no hay demanda? ¿Qué pasa cuando hay oferta pero no demanda? Que el oferente pierde.
Tal disposición tendrá como fin, no garantizar un derecho, sino defender un interés, el de quienes integran la industria cinematográfica mexicana de que sus películas se exhiban, interés legítimo, ¡que no debe confundirse con un derecho!, razón por la cual el gobierno no debe tratarlo como tal. Y eso, tratar como derecho lo que no pasa de ser un interés, será el resultado de obligar que el 30 por ciento de la oferta en los cines comerciales del país sea de obras mexicanas, y obligar a que permanezcan en cartelera por lo menos dos semanas. ¿Y si los consumidores, en este caso los cinéfilos, deciden otra cosa?
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