El gran pendiente en México es hacer de la economía de mercado en el sentido literal del término, que sí tenemos, una economía de mercado en el sentido institucional del término, que no tenemos, para lo cual hay que empezar por eliminar el capítulo económico de la Constitución, compuesto principalmente por los artículos 25 al 28, más el 123, en donde se habla del salario mínimo, y el 131, en donde se habla de las facultades del Ejecutivo Federal en materia de comercio exterior, capítulo económico de la Constitución que es contrario a la economía de mercado en el sentido institucional del término, siendo ésta aquella en la cual los derechos de los agentes económicos están plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados, derechos que son a la libertad individual para ofrecer, producir y vender, para demandar, comprar y consumir, y a la propiedad privada de los medios de producción necesarios para poder producir, ofrecer y vender, y de los ingresos necesarios para poder demandar, comprar y consumir, derechos que en México no están ni plenamente reconocidos, ni puntualmente definidos, ni jurídicamente garantizados, con el resultado de que la mexicana, que en el sentido literal del término sí es una economía de mercado, no lo es en el sentido institucional, lo cual es propio del Estado de chueco, no del Estado de Derecho.

En el sentido literal del término son de mercado las economías en las cuales el intercambio (y eso es el mercado: el intercambio entre compradores y vendedores), es la actividad económica central, en torno a la cual giran todas las demás, de tal manera que se produce para vender y se compra para consumir. La mexicana sí es una economía de mercado en el sentido literal del término: la mayoría de nosotros producimos para vender y compramos para consumir, participando en una enorme red de intercambios, consecuencia de una amplísima, profundísima y complejísima división del trabajo.

En el sentido institucional del término son de mercado las economías en las cuales los derechos de los agentes económicos, a la libertad individual y a la propiedad privada, están plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados. La mexicana no es una economía de mercado en el sentido institucional del término: los derechos de los agentes económicos no están plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados, y la mejor muestra son el párrafo cuarto del artículo 28 y el párrafo quinto del artículo 25 de la Constitución, que hacen posible la violación del derecho de propiedad privada sobre los medios de producción y, desde el momento en el que la propiedad privada de los medios de producción es la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual para  producir, ofrecer y vender, también hacen posible la violación del derecho a la libertad individual para producir, ofrecer y vender.

Es increíble que el capítulo económico de la Constitución (suponiendo que una Constitución deba tener algo tan específico como un capítulo dedicado a la economía), esté redactado en los términos en los que lo está, plagado de erros desde el punto de vista de la economía, y de contradicciones desde el punto de vista de la lógica y de injusticias desde el punto de vista de la ética. Más increíble es que siga vigente, impidiendo que la mexicana sea una economía de mercado, no solo en el sentido literal del término, sino también en el sentido institucional. El que no lo sea es económicamente ineficaz y éticamente injusto.

Según el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional basta y sobra que el Congreso de la Unión expida una ley en la que se diga, por poner un ejemplo, que los salones de belleza y las peluquerías son considerados estratégicos, y que el Poder Ejecutivo la promulgue, para que peluquerías y salones de belleza tengan que ser expropiados y gubernamentalizados, ya que en el párrafo quinto del artículo 25 se dice que los sectores estratégicos de la economía, señalados en el párrafo cuarto del artículo 28, deben estar en las manos exclusivas del sector público, que para todo efecto práctico es el gobierno en turno.

El anterior es el ejemplo más grave del Estado de chueco que padecemos en México, que impide que la economía de mercado en el sentido literal del término, que sí tenemos, lo sea también en el sentido institucional del mismo, siendo tales aquellas en las cuales los derechos de los agentes económicos están plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados, mismos que, dados los artículos 25 y 28 de la Constitución, en México no lo están.

¿Cuáles son los sectores estratégicos de la economía? Los que señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión o, dicho de otra manera, los que se les ocurran a los legisladores. ¿Cuáles pueden ser? Cualesquiera. Así las cosas, ¿podemos decir que en México el derecho de propiedad privada sobre los medios de producción está plenamente reconocido, puntualmente definido y jurídicamente garantizado? No, razón por la cual tampoco lo está el derecho a libertad individual para producir, ofrecer y vender bienes y servicios, libertad cuyo ejercicio requiere de la propiedad de los medios de producción. Se elimina ésta y se imposibilita aquella.

Hacer de la economía mexicana, que sí es de mercado en el sentido literal del término, una economía de mercado en el sentido institucional del mismo implica eliminar, no solo modificar, como ya se ha hecho en varias ocasiones, el capítulo económico de la Constitución, artículos 25, 26, 27, 28, 123 y 131 principalmente, eliminación que pondría fin a la inseguridad jurídica que todo ello genera, que terminaría con el Estado de chueco que todo ello implica, para sustituirlo por el  Estado de Derecho y la seguridad jurídica.

Quienes deben promover esta eliminación son los empresarios, primeros amenazados por el capítulo económico de la Constitución, empresarios que, por su pasividad en el tema, parecen no estar conscientes de la amenaza que los acecha, sobre todo con un gobierno como el de AMLO, convencido de que los sectores estratégicos deben estar en las manos exclusivas del gobierno. ¿Cuáles son esos sectores? Los que los legisladores digan.

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