¿Cuál es el principal reto que enfrenta el nuevo secretario de Hacienda, Edgar Amador? Cada quien tendrá su respuesta. Esta es la mía: “Poner orden en las finanza del gobierno”. ¿Qué entiendo por ello? En primer lugar frenar la tendencia creciente de la deuda del sector público federal.
En 2018, último año del sexenio de Peña Nieto, la deuda neta total (interna, denominada en pesos, y externa, denominada en dólares, la mayoría, o en euros, la minoría), sumó $10,829,906,600,000 (10.8 billones de pesos), equivalentes al 43.10% del ingreso generado en el país. Seis años después, en 2024, último año del gobierno de AMLO, sumó $17,551,535,800,000 (17.6 billones de pesos), equivalentes al 49.7% del ingreso.
Entre 2018 y 2024 la deuda neta total del sector público federal aumentó $6,721,629,200,000 (6.7 billones de pesos), el 62.1%, y pasó de ser el 43.1% del ingreso generado al 49.7%, aumento de 6.6 puntos porcentuales, el 15.3%.
Durante el primer trimestre de 2023, según información proporcionada por México, ¿cómo vamos?, la deuda neta total creció, en término anuales (comparando con el mismo trimestre del año anterior), 5.9%; en el primer trimestre de 2024, 10.0%; en el segundo, 13.9%; en el tercero, 15.6%; en el cuarto, 18.1%. ¿Qué tuvimos? Crecimiento cada vez mayor.
¿Qué se espera para 2025? Una deuda neta total, del sector público federal, de $18,797,202,300,000 (18.8 billones de pesos), que, de crecer el ingreso 2.5%, según la proyección original de la SHCP, proyección por demás optimista (el promedio de las 41 respuestas recibidas por el Banco de México en su encuesta de febrero a los economistas del sector privado es 0.8%, 1.7 puntos porcentuales menor, el 68.0%), daría como resultado una deuda equivalente al 52.0% del ingreso generado en el país.
En 2018, año anterior al inicio de la 4T, la deuda sumó $10,829,906,600,000 y fue equivalente al 43.1% del ingreso generado en la economía mexicana. En 2025, séptimo año de la 4T, y primero de su segundo piso, la deuda sumará $18,797,202,300,000 y equivaldrá, si es que el ingreso crece 2.5%, algo muy poco probable, al 52.0% de dicho ingreso, 8.9 puntos porcentuales más, el 20.6%.
Si por “poner orden en las finanza del gobierno” se entiende “frenar la creciente tendencia de la deuda del sector público federal”, ello tendrá que esperar al 2026, porque para este 2025 el Presupuesto de Egresos de la Federación se armó contando con un endeudamiento de $1,246,366,500,000 (1.2 billones de pesos, Ley de Ingresos de la Federación), presupuesto que tendría que modificarse, a la baja, para frenar el crecimiento de la deuda, lo que no sucederá.
Con relación a la deuda debemos preguntar cuánta cumple con lo señalado en el Art. 73 constitucional: “Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos o, en términos de la ley de la materia, los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda que deberán realizarse bajo las mejores condiciones de mercado; así como los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29”. ¿Cuánta de la deuda cumple estos requisitos? La que no los cumple es inconstitucional. ¿Qué procede?
En los siete primeros años de la 4T (2019 – 2025), la deuda neta del sector público federal habrá crecido $7,967,295,700,000 (8.0 billones de pesos), 73.6%, y la primera pregunta es, ¿cuánta cumple con lo que ordena el artículo 73 constitucional, siendo constitucional, y cuánta no, siendo inconstitucional? Y si hubiera deuda inconstitucional, que la hay, ¿qué procede? Qué hay que hacer con los responsables de haber contraído deuda inconstitucional, comenzando por los tres últimos secretarios de Hacienda: Carlos Urzúa (a quien ya no hay manera de responsabilizar), Arturo Herrera y Rogelio Ramírez de la O (a quienes sí se puede responsabilizar, aunque la probabilidad sea muy baja), sin olvidar a los legisladores que aprobaron los presupuestos de egresos, y las leyes de ingresos, de la Federación, corresponsables en la materia.
Artículo 73 constitucional: “Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos o, en términos de la ley de la materia, los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda que deberán realizarse bajo las mejores condiciones de mercado; así como los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29”.
¿Cuánta de la deuda se ha invertido en la producción de bienes y servicios, para ofrecerlos y venderlos a los consumidores, generando ingresos para pagar los intereses y liquidar los pasivos, para lo cual esas inversiones tienen que ser rentables, no necesitadas de subsidio?
¿Cuánta se ha utilizado con el propósito de regulación monetaria (por ejemplo: pedir dinero prestado para reducir la cantidad del mismo que se intercambia en la economía, que se usa para demandar bienes y servicios, con la intención de reducir dicha demanda, con el fin de combatir presiones inflacionarias)?
¿Cuánta se ha utilizado con la intención de contraer deuda nueva, a mayor plazo y/o menor tasa de interés, para pagar deuda vieja, contraída a menor plazo y/o mayor tasa?
¿Cuánta se ha utilizado con el propósito de contar con recursos para que el gobierno haga frente a una emergencia (por ejemplo: comprar vacunas durante una pandemia)?
De las cuatro preguntas, la más importante es la primera: ¿cuánta de la deuda se ha invertido para producir satisfactores, para ofrecerlos y venderlos, para generar ingresos con los que pagar intereses y liquidar pasivos, para lo cual deben ser inversiones rentables, producción de satisfactores que es tarea de los empresarios, no del gobierno?
No conozco los números, pero lo que sí sé es que no toda la deuda se ha contraído conforme a lo ordenado la Constitución, por lo que una parte de la misma es inconstitucional.
El primer reto del nuevo secretario de Hacienda es frenar la tendencia creciente de la deuda y el segundo que toda la deuda sea constitucional. ¿Querrá hacerlo? Y si quiere, ¿podrá?
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