Las acciones del gobierno, dado el poder que tiene para beneficiar o perjudicar, deben ser neutrales, sobre todo cuando de adquirir bienes y servicios, o de contratar obra pública, se trate. ¿Cómo se logra la neutralidad, de tal manera que el gobierno no beneficie a unos perjudicando a otros? Por medio de licitaciones, que le permiten al gobierno elegir al oferente o contratista que, cumpliendo con las especificaciones del caso, pueda proveerlo a menor precio, con mayor calidad, con mejor servicio. Lo ideal es que, desde la compra de lápices, hasta la construcción de obra pública, se decidan por medio de licitaciones abiertas y transparentes.
No es inmoral, y por lo tanto no debe ser ilegal, hacer negocios con el gobierno: venderle bienes y servicios, construirle obra pública. Si es inmoral, y por lo tanto debe ser ilegal, hacerlo sin haber participado, compitiendo contra otros oferentes y contratistas, en licitaciones. Si no se hace, no es culpa del oferente (alguna empresa), sino del demandante (el gobierno), quien no convocó a la licitación, con el fin de que todo aquel, nacional o extranjero, que cumpla con las especificaciones pertinentes, pueda presentar su oferta. Nada de esto debe estar sujeto a la voluntad del gobernante, debiendo exigirse por ley.
Sin licitaciones abiertas y transparentes caemos en el capitalismo de compadres, por el cual el gobierno beneficia, otorgando contratos indebidamente, a ciertos empresarios, en perjuicio de quienes que no reciben trato preferencial, lo cual no quiere decir que el gobierno deba tratar de manera preferencial a todos los empresarios, algo imposible, sino exactamente lo contario: que a ninguno le de trato preferencial. Su actuación debe ser neutral.
Lo anterior viene a cuento por lo publicado, entre otros muchos, hace un par de días, por @juliopilotzi en Twitter: “CFE pedirá 360 mil toneladas de carbón a productores coahuilenses. Perverso detalle: en el tema está involucrado un empresario que es senador y preside la Comisión de Energía en el Senado”. Se trata de Armando Guadiana Tijerina, empresario minero y senador de la república, quien ya calificó al asunto como “falsedades y mentiras”. A ver en qué termina esto, pero lo que debe quedar claro es que, por ningún motivo, en ninguna escala, debe practicarse el capitalismo de compadres. En el caso del senador Guadiana la situación se agrava por su doble identidad: como empresario (interesado en obtener trato privilegiado del gobierno) y como senador (capaz de influir eficazmente para obtenerlo).
¿Resulta exagerado imaginar que cuando se juntan un empresario y un gobernante el primero le pedirá al segundo algún privilegio que le permita, indebidamente, operar mejor que sus competidores? Y si ese empresario además es político, ¿el resultado inevitable no es el capitalismo de compadres? ¿Será el caso de Guadiana Tijerina?
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