Hay un proyecto de ley de los legisladores de MORENA cuyo objetivo es aumentar el número de ministros para que atiendan los casos de corrupción. La nueva sala compuesta con cinco ministros nuevos, propuestos por el presidente, tendrían como objetivo teórico luchar contra la corrupción, que básicamente es una obligación de cualquier juez.
En el libro Justicia social injusta no se ataca a ningún gobernante, solo se demuestra la manipulación perversa de la justicia y del gasto público, al amparo de los conceptos de justicia social y gasto social. Esos conceptos fundamentan políticas gubernamentales redistributivas que generan injusticias legalizadas, incertidumbre, frenan la inversión y justifican la expropiación de ganancias, bienes y ahorros a los que producen para dárselos, según ellos, a los pobres y lograr la igualdad; pero en la realidad se cumple el dicho de que “el que parte y reparte se queda con la mejor parte”.
En un viaje a la ex-URSS, unos años después de abandonar el socialismo real, destruir las estatuas de Lenin y tirar a la basura las teorías de Marx, asistí a la plática de un alto exfuncionario del régimen soviético. Describió todos los errores que llevaron al gobierno socialista a implementar políticas que generaron escasez, colas interminables para conseguir alimentos, desempleo y pérdidas de las libertades, que culminaron con la miseria de más del 90% de la población.
Hace 81 años se expropió el petróleo a empresas extranjeras, 70% inglesas y 30% norteamericanas. Pasó a ser propiedad del gobierno mexicano, no del pueblo. En aquel entonces la industria petrolera norteamericana atravesaba un mal momento debido a la “Gran Recesión”, por la que cayó la demanda de petróleo, sobraba, lo que obligó al gobierno de ese país a subsidiar a la industria petrolera para evitar su quiebra. La expropiación de las petroleras en territorio mexicano, principalmente inglesas, benefició a las estadounidenses. A las inglesas les pagaron la mitad por cada peso de activos y a las norteamericanas el doble, y en menos tiempo; con la expropiación del petróleo en México y la baja de producción al sacar a los ingleses, ganaron las petroleras de Estados Unidos.
Hay quienes queremos que le vaya bien al presidente López Obrador, así nos irá bien a quienes vivimos en México. No le apostamos a su fracaso ni a regresar a deudas impagables, inflaciones y devaluaciones, como en los años 70 y 80. Un factor para evitarlo es decirle a tiempo al presidente los errores en sus dichos y proyectos, que generan incertidumbre y abonan a una baja del consumo e inversión, en parte heredada, que de persistir reducirán el crecimiento, los ingresos del gobierno y crearán la necesidad de reducir el gasto, el que si no se reduce engendrará más déficit y deuda, que llevará a más bajas de calificaciones, aumento del riesgo país y de tasas de interés.
Hay que crear las condiciones para que haya más empleos y mejor pagados, pero legisladores que teóricamente buscan ese objetivo aprueban leyes que, aunque parecen elevar el nivel de vida de los trabajadores, desincentivan la creación de empleos, generan informalidad y migración hacia EUA, donde es más fácil abrir una empresa y crear empleos legalmente.
Una de las constantes en los países “emergentes” o subdesarrollados, es el abuso del concepto de “cambio”, que en las encuestas les presentan a los candidatos a puestos públicos como algo que quiere la mayoría de los votantes. Es lógico que ante gobiernos corruptos e ineficientes los ciudadanos quieran algo diferente, lo cual lleva a los políticos a prometer “cambios”, sean necesarios o no. Muchos de esos “cambios” son de fachada, de nombre y llevan al abandono de proyectos anteriores, positivos, por nuevos, costosos, innecesarios y sin ningún beneficio adicional. Un ejemplo es el cambio de nombre de Distrito Federal a Ciudad de México. Esa modificación innecesaria solo generó costos extras a empresas, dependencias, desperdicio de papel y confusión.
Todo gobernante o legislador que engendre leyes que violen los derechos humanos básicos no es demócrata ni republicano
Si López Obrador decidiera regalar Pemex o venderla en un dólar, ningún inversionista la tomaría, pues sus pasivos son mayores a sus activos. No tiene recursos para invertir ni solventar las jubilaciones abusivas a sindicalizados y funcionarios, las que costarán en 2019 el doble del presupuesto asignado a la Secretaría de Marina. El anuncio de rescatar la soberanía petrolera inyectándole miles de millones a Pemex es más retorico que real. El dinero es para que aparezca ante los tenedores de deuda y las calificadoras, con recursos para enfrentar el pago de su deuda y no la conviertan en bonos “chatarra”, que arrastraría a una baja de calificación al gobierno federal, aval de Pemex, lo que se traduciría en mayores tasas, menos inversión, empleos y crecimiento.
Artículo 1º de la Constitución: “Todos los mexicanos gozarán de los derechos reconocidos en esta Constitución”. Artículo 2º.- “Todo lo que diga o haga el Presidente de la República es constitucional y normará la conducta de todas las instituciones y ciudadanos mexicanos”. ¿Podemos llamar Constitución a este ejemplo absurdo de dos artículos que constitucionalizan una dictadura?
El presidente López Obrador le entró a lidiar al toro de la corrupción, y aunque algunos de sus pases no han sido los más adecuados, reconocemos que se ha esforzado para cumplir con su promesa de acabar con ese cáncer social. Sin embargo, nos preocupa que para sumar votos durante su campaña, sus operadores políticos hicieron pactos con mafias a cambio de aplicar políticas que les faciliten nuevamente el seguir controlando miles de millones de pesos del presupuesto.
Pemex se ha caracterizado por ser una empresa ineficiente y plagada de corrupción, pero el sexenio pasado sus indicadores financieros arrojó desequilibrios y retrocesos difíciles de creer. Ya no se puede hablar de corrupción, sino de un burdo saqueo, fruto de decisiones deliberadas para robar descaradamente.
La polarización ante la actuación de un gobierno se da cuándo unos condenan todo lo que haga sin analizar sus objetivos positivos y otros la aprueban sin pensar en sus consecuencias negativas. Lo correcto es apoyar acciones del gobierno cuando demuestran con razones que sus decisiones resultarán en un beneficio social o criticarlas si las consecuencias son perjudiciales.
Pemex, monopolio estatal quebrado contablemente, con activos funcionales menores a sus pasivos, que ya no puede cubrir con recursos propios. Pemex, una empresa podrida por la corrupción: por donde le aprietes le sale pus.
El mismo Lázaro Cárdenas en sus Memorias, publicadas en 1970, se muestra decepcionado de la administración gubernamental de Pemex: “¡Veinte mil millones de pesos mexicanos se han dilapidado de la industria petrolera!¡Cuánto más podría haberse hecho con semejante suma en beneficio del país…! Estigma para los mexicanos que han defraudado a la nación, como lo hicieron las compañías extranjeras robando nuestro petróleo.”
Los términos derecha, izquierda, socialismo, capitalismo, neoliberalismo, neo-socialismo o socialismo del siglo XXI, nos llevan a un descalificar o a las políticas económicas de acuerdo con uno de esos calificativos. Si nos consideramos de derecha descalificamos cualquier política económica que suponemos de izquierda, sin mayor razonamiento, y si nos calificamos de izquierda, rechazamos cualquier política económica que consideremos de derecha, sin tomar en cuenta si ayudamos o perjudicamos en realidad al pueblo o sociedad en general .
En una plática que sostuve hace años con Enrique Iglesias, quien fue Presidente del Banco Central de Uruguay, Presidente del BID y muy amigo del expresidente socialista de Chile Salvador Allende, que terminó su gestión con hiperinflación, macro devaluaciones y una escasez generalizada de alimentos, me hizo una confidencia que le comentó Salvador Allende.
Al tomar decisiones apresuradas, sin tener en cuenta todos sus efectos, parece que el presidente López Obrador emula a Francisco Villa, a quien atribuye la frase “fusílenlo, después averiguamos”.
En su búsqueda de cambios para mejorar, que celebramos, que ha tomado decisiones precipitadas que pueden tener efectos contrarios y terminar, como dice un dicho popular, de los que le gusta usar, que “salga más caro el caldo que las albóndigas”, como puede suceder con la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la construcción del Tren Maya y la refinería, entre otros proyectos.
En su discurso, de una hora 20 minutos, durante su toma de protesta como Presidente Constitucional de México, Andrés Manuel López Obrador reiteró algunas de las tesis de la izquierda sobre la historia y las causas de la pobreza en México, y a la vez aportó elementos que si los cumple, no habrá riesgo de que nos convirtamos en una dicto-democracia al estilo de Cuba, Venezuela, Nicaragua o Bolivia, donde presidentes de izquierda que ganaron democráticamente se han eternizado en el poder. Al final de su discurso enfatizó que no buscará reelegirse y respetará la división de poderes.
Preocupa que lo poco positivo que le heredará el presidente Peña Nieto al nuevo presidente López Obrador sea menospreciado y lo negativo no sea frenado y revertido.
La construcción del nuevo aeropuerto, que no es una alternativa viable y sólida.
La exposición de los motivos de la iniciativa para las leyes que rigen los pedidos. El primer argumento es que mucho dinero los bancos en México. Son los terceros con mayores ganancias en Latinoamérica. La conclusión de esa premisa es que si usted tiene menos beneficios no sería necesario.