A poco más de medio año de que el presidente López Obrador tomó el poder, la economía retrocede y caen las expectativas, según los principales indicadores. Se reduce la inversión bruta, baja el consumo, llega menos inversión extranjera, declina la…
Varias declaraciones y decisiones de AMLO empeoraron las expectativas económicas, pero es inexacto afirmar que heredó una economía sólida; recibió una economía con una quiebra contable en PEMEX y la CFE y deudas impagables en varios Estados, saqueados por sus…
El Presidente Trump esgrime actualmente los mismos argumentos proteccionistas que a mediados de la década de los 80 defendían los economistas de izquierda en México y de casi todos los países Iberoamericanos. En aquel entonces en los círculos académicos e intelectuales, predominaron las tesis del “deterioro de los términos del intercambio”, del “capitalismo periférico” y de la descapitalización, derivadas de los principios marxistas de la plusvalía y del imperialismo de Lenin. Esas tesis sostienen que la riqueza del capitalismo estadounidense es consecuencia de la explotación a los países Iberoamericanos: somos pobres porque los americanos nos explotan y descapitalizan, se llevan más de lo que invierten.
Por seis años el presidente López Obrador, al igual que Peña Nieto, Calderón, Fox, Zedillo, Salinas y demás presidentes, se convierten en los más ricos y poderosos de México más que los presidentes de Estados Unidos, quienes no tienen poder para nombrar al director de empresas petroleras ni eléctricas.
La lucha entre liberales y conservadores, y los frecuentes golpes de Estado, convirtieron al siglo XIX en un siglo perdido para México. La “paz porfiriana” inició el despegue al desarrollo y la integración económica del país, debido al aumento de seguridad, inversión, infraestructura y empleos.
Solo un perverso le apostaría al desempleo y a la pobreza, pero hay caminos que agravan esos males sociales por ignorancia o para lograr votos entre quienes creen que se pueden crear empleos y elevar salarios a través de leyes y decretos, cuyos efectos reales son contrarios a los anunciados.
El Plan Nacional de Desarrollo resume los planes sexenales del actual gobierno. Y aunque contiene algunos puntos que generan confianza, está cargado de la vieja ideología de izquierda, que culpa de todo a los “ricos” y al “neoliberalismo”, concepto que aparece en casi todas las páginas del plan. El capitalismo, al que llama “neoliberalismo”, según quienes redactaron el PND, es culpable del atraso, corrupción, pobreza y de todos los males en México. Pasan por alto que la mayoría de las políticas vigentes el siglo pasado fueron socialistas: reforma agraria, estatización del petróleo, ferrocarriles y electricidad, entre otros sectores. Gobiernos “estatizadores”, no privatizadores, como el de Cárdenas y los de Echeverría y López Portillo, sembraron pobreza, desempleo, inflaciones y devaluaciones.
Una de las causas por la que muchos inversionistas no llegan a México es por el exceso de reglamentaciones que aumentan los llamados “costos de transacción”, es decir, el tiempo y dinero invertido en cumplir con todas las leyes y reglamentos para abrir y operar una empresa legalmente.
El Premio Nobel de Economía, Frederick Hayek, coordinador de un curso al que asistí hace años en la Universidad de Hartford, comentó que en Alemania en la década de los 30, antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial, era frecuente que miembros del partido comunista se pasaran al partido nacional socialista, pero difícil que un liberal brincara a un partido socialista, comunista o nazi. La causa es que los partidos socialistas, comunistas, y nacionalsocialistas, tienen fundamentos filosóficos y éticos parecidos, pero diferentes a los de los partidos liberales.
Hay un proyecto de ley de los legisladores de MORENA cuyo objetivo es aumentar el número de ministros para que atiendan los casos de corrupción. La nueva sala compuesta con cinco ministros nuevos, propuestos por el presidente, tendrían como objetivo teórico luchar contra la corrupción, que básicamente es una obligación de cualquier juez.
En el libro Justicia social injusta no se ataca a ningún gobernante, solo se demuestra la manipulación perversa de la justicia y del gasto público, al amparo de los conceptos de justicia social y gasto social. Esos conceptos fundamentan políticas gubernamentales redistributivas que generan injusticias legalizadas, incertidumbre, frenan la inversión y justifican la expropiación de ganancias, bienes y ahorros a los que producen para dárselos, según ellos, a los pobres y lograr la igualdad; pero en la realidad se cumple el dicho de que “el que parte y reparte se queda con la mejor parte”.
En un viaje a la ex-URSS, unos años después de abandonar el socialismo real, destruir las estatuas de Lenin y tirar a la basura las teorías de Marx, asistí a la plática de un alto exfuncionario del régimen soviético. Describió todos los errores que llevaron al gobierno socialista a implementar políticas que generaron escasez, colas interminables para conseguir alimentos, desempleo y pérdidas de las libertades, que culminaron con la miseria de más del 90% de la población.
Hace 81 años se expropió el petróleo a empresas extranjeras, 70% inglesas y 30% norteamericanas. Pasó a ser propiedad del gobierno mexicano, no del pueblo. En aquel entonces la industria petrolera norteamericana atravesaba un mal momento debido a la “Gran Recesión”, por la que cayó la demanda de petróleo, sobraba, lo que obligó al gobierno de ese país a subsidiar a la industria petrolera para evitar su quiebra. La expropiación de las petroleras en territorio mexicano, principalmente inglesas, benefició a las estadounidenses. A las inglesas les pagaron la mitad por cada peso de activos y a las norteamericanas el doble, y en menos tiempo; con la expropiación del petróleo en México y la baja de producción al sacar a los ingleses, ganaron las petroleras de Estados Unidos.
Hay quienes queremos que le vaya bien al presidente López Obrador, así nos irá bien a quienes vivimos en México. No le apostamos a su fracaso ni a regresar a deudas impagables, inflaciones y devaluaciones, como en los años 70 y 80. Un factor para evitarlo es decirle a tiempo al presidente los errores en sus dichos y proyectos, que generan incertidumbre y abonan a una baja del consumo e inversión, en parte heredada, que de persistir reducirán el crecimiento, los ingresos del gobierno y crearán la necesidad de reducir el gasto, el que si no se reduce engendrará más déficit y deuda, que llevará a más bajas de calificaciones, aumento del riesgo país y de tasas de interés.
Hay que crear las condiciones para que haya más empleos y mejor pagados, pero legisladores que teóricamente buscan ese objetivo aprueban leyes que, aunque parecen elevar el nivel de vida de los trabajadores, desincentivan la creación de empleos, generan informalidad y migración hacia EUA, donde es más fácil abrir una empresa y crear empleos legalmente.
Una de las constantes en los países “emergentes” o subdesarrollados, es el abuso del concepto de “cambio”, que en las encuestas les presentan a los candidatos a puestos públicos como algo que quiere la mayoría de los votantes. Es lógico que ante gobiernos corruptos e ineficientes los ciudadanos quieran algo diferente, lo cual lleva a los políticos a prometer “cambios”, sean necesarios o no. Muchos de esos “cambios” son de fachada, de nombre y llevan al abandono de proyectos anteriores, positivos, por nuevos, costosos, innecesarios y sin ningún beneficio adicional. Un ejemplo es el cambio de nombre de Distrito Federal a Ciudad de México. Esa modificación innecesaria solo generó costos extras a empresas, dependencias, desperdicio de papel y confusión.
Todo gobernante o legislador que engendre leyes que violen los derechos humanos básicos no es demócrata ni republicano
Si López Obrador decidiera regalar Pemex o venderla en un dólar, ningún inversionista la tomaría, pues sus pasivos son mayores a sus activos. No tiene recursos para invertir ni solventar las jubilaciones abusivas a sindicalizados y funcionarios, las que costarán en 2019 el doble del presupuesto asignado a la Secretaría de Marina. El anuncio de rescatar la soberanía petrolera inyectándole miles de millones a Pemex es más retorico que real. El dinero es para que aparezca ante los tenedores de deuda y las calificadoras, con recursos para enfrentar el pago de su deuda y no la conviertan en bonos “chatarra”, que arrastraría a una baja de calificación al gobierno federal, aval de Pemex, lo que se traduciría en mayores tasas, menos inversión, empleos y crecimiento.
Artículo 1º de la Constitución: “Todos los mexicanos gozarán de los derechos reconocidos en esta Constitución”. Artículo 2º.- “Todo lo que diga o haga el Presidente de la República es constitucional y normará la conducta de todas las instituciones y ciudadanos mexicanos”. ¿Podemos llamar Constitución a este ejemplo absurdo de dos artículos que constitucionalizan una dictadura?
El presidente López Obrador le entró a lidiar al toro de la corrupción, y aunque algunos de sus pases no han sido los más adecuados, reconocemos que se ha esforzado para cumplir con su promesa de acabar con ese cáncer social. Sin embargo, nos preocupa que para sumar votos durante su campaña, sus operadores políticos hicieron pactos con mafias a cambio de aplicar políticas que les faciliten nuevamente el seguir controlando miles de millones de pesos del presupuesto.