¿Estamos conscientes de la amenaza que es tener legisladores, diputados y senadores, cuya tarea es hacer leyes, que limitan el ejercicio de la libertad individual y el uso de la propiedad privada, sobre todo si no saben qué es un derecho, qué es la justicia, qué es una ley justa, qué es el Estado de Derecho, como sucede con la mayoría, tal y como lo demuestra la prohibición de producir, importar, distribuir, ofrecer y vender vapeadores y cigarros electrónicos, cuyo fin es evitar el daño que ocasiona su consumo?
No estoy a favor de que las personas se perjudiquen a sí mismas consumiendo sustancias dañinas (malo), y adictivas (peor). Pero sí estoy en contra de que el gobierno, asumiendo el papel de ángel de la guarda, con la intención de protegernos de todos los males, incluidos los que podemos hacernos a nosotros mismos, nos prohíba el consumo de dichas sustancias, violando nuestros derechos al ejercicio de la libertad individual y al uso de la propiedad privada.
Si el trabajo de los legisladores es legislar (ordenar, prohibir, castigar); si legislar es hacer leyes (que limitan el ejercicio de la libertad y el uso de la propiedad); si ese trabajo es de tiempo completo (por el período que dure la encomienda: tres años en el caso de diputados, tanto a nivel estatal como federal, seis en el de los senadores), y si ese trabajo se paga con el dinero extraído coactivamente del bolsillo de los ciudadanos (cobro de impuestos), ¿cómo desquitan los legisladores su sueldo? Haciendo leyes, muchas veces sin ton ni son, con la ventaja para ellos, y desventaja para los demás, de que cualquier conducta puede ser objeto de una ley. En el ámbito de la economía les sobra tela de donde cortar, desde la producción hasta el consumo, pasando por el comercio.
Si cualquier ley, expedida por el Congreso de la Unión y promulgada por el Ejecutivo Federal (existe una corresponsabilidad), tiene como fin limitar o prohibir el ejercicio de la libertad individual y el uso de la propiedad privada, la pregunta es ¿cuándo deben prohibirse o limitarse? La única repuesta válida es: cuando la conducta de X, que supone el ejercicio de su libertad y el uso de su propiedad, viole los derechos de Y. Cuando se trate de una conducta injusta, de una conducta delictiva por su propia naturaleza, de una situación en la cual hay un victimario (la persona que viola derechos), y una víctima (la persona cuyos derechos se violan).
En el caso del consumo de vapeadores y de cigarros electrónicos no hay ni victimarios ni víctimas, al menos que aceptemos, ¡irrealmente!, que el vendedor de dichos productos obliga a alguien más a comprarlos y consumirlos en contra de su voluntad, o al menos que admitamos, ¡absurdamente!, que el consumidor de dichos productos es, con relación a sí mismo, victimario (se obliga a sí mismo, bajo amenaza, a consumirlos), y víctima (los consume en contra de su voluntad).
La prohibición de producir, importar, distribuir, ofrecer y vender vapeadores y cigarros electrónicos muestra que los legisladores que lo prohibieron no saben qué es un derecho, qué es la justicia, qué es una ley justa, qué es el Estado de Derecho, razón por la cual son una amenaza.
¿Qué es un derecho? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es una ley justa? ¿Qué es el Estado de Derecho?
La prohibición de producir, importar, distribuir, ofrecer y vender vapeadores y cigarros electrónicos muestra que los legisladores que lo prohibieron no saben qué es un derecho, qué es la justicia, qué es una ley justa, qué es el Estado de Derecho, siendo una amenaza para el ejercicio de la libertad individual y el uso de la propiedad privada. ¿Qué es un derecho, la justicia, una ley justa, el Estado de Derecho?
Un derecho, que siempre es de alguien, es la obligación, que siempre es de alguien más, de realizar o no realizar determinadas conductas. No realizar: no matar, respetar el derecho a la vida; no secuestrar, respetar el derecho a la libertad; no robar, respetar el derecho a la propiedad. Se trata de los derechos naturales, que nos corresponden a las personas por serlo. Sí realizar, cumplir con la palabra dada, como sucede con los derechos mercantiles: el derecho del vendedor de que el comprador le pague la mercancía vendida; el derecho del comprador de que el vendedor le entregue la mercancía comprada. Se trata de derechos contractuales, adquiridos voluntariamente por la persona, por así haberlo acordado con alguien más.
La justicia es la virtud por la cual respetamos los derechos los demás, teniendo dos momentos. Primero: la práctica de la justicia, que consiste en el respeto a los derechos de los demás, nos corresponde a todos. Segundo: la impartición de justicia, que consiste en castigar y obligar a resarcir a quienes violan derechos, le corresponde al gobierno, siendo ésta su legítima tarea, dividida en cuatro: prohibir violar derechos y prevenir su violación y, si la prohibición y prevención no funcionaron, castigar y obligar a resarcir al violador.
Las leyes justas son las que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos que realmente lo sean: muchas necesidades e intereses se han identificado falsamente como derechos, con la intención de que el gobierno los trate como tales, lo cual viola verdaderos derechos. Dichas leyes son parte del Estado de Derecho.
El Estado de Derecho es el gobierno de las leyes justas: lo propio del ser humano es estar gobernado por leyes, no por personas, por más que sean las personas quienes hagan las leyes. Es el gobierno de la justicia, por lo que en realidad es Estado de Justicia. Además de leyes justas el Estado de Derecho incluye autoridades honestas y eficaces (su eficacia depende, de entrada, de su honestidad), capaces de hacer valer la justicia, de prohibir y prevenir la violación de derechos y, de fallar, capaces de castigar al violador y obligarlo a resarcir.
Todo lo anterior quiere decir que las únicas conductas que deben prohibirse y castigarse son las que violan derechos, naturales o contractuales, y que, cuando se prohíben y castigan conductas nocivas para quienes las realizan (consumo de sustancias dañinas y adictivas), se viola el derecho al ejercicio de la libertad individual (vapear), y al uso de la propiedad privada (vapeador), tal y como ha sucedido con la prohibición constitucional de producir, importar, distribuir, ofrecer y vender vapeadores y cigarros electrónicos, cuyo fin último (que no pasará de ser una buena intención), es evitar su consumo.
Cuántos legisladores responderían correctamente las preguntas ¿qué es un derecho, la justicia, una ley justa, el Estado de Derecho?
