En el pasado artículo escribí que “dos son los retos en materia de empleo: reducir la Tasa de Desempleo Real (crear más empleos), y reducir la precarización del empleo (generar más ingresos), para lo cual se requieren más inversiones directas, que son las que producen bienes y servicios, crean empleos y generan ingresos, y mejor capital humano (conocimientos, habilidades y actitudes), que aumente la productividad del trabajo”. El papel que en ello juegan las inversiones directas es crucial.
Las inversiones directas producen satisfactores, crean empleos, generan ingresos. Para que se creen más empleos y se generen más ingresos se necesitan más inversiones directas, y para que directamente se invierta más se necesita que aumente la confianza de los empresarios para hacerlo, y para que aumente dicha confianza se necesita del Estado de Derecho definido como el gobierno de las leyes justas, que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente derechos, que en el caso de los empresarios son el derecho a la libertad individual para producir, ofrecer y vender, y el derecho a la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder hacerlo, Estado de Derecho que, además de leyes justas, necesita de autoridades honestas y eficaces (su eficacia depende de su honestidad), que las hagan valer. El papel que en todo esto juega el Estado de Derecho es decisivo. ¿Cómo andamos en México en materia de Estado de Derecho?
Según el Rule of Law Index 2021, del World Justice Project, en materia de Estado de Derecho México ocupa, entre 139 países, el lugar 113, con una calificación, en escala de cero a diez, de 4.3, lo que muestra que en México el Estado de Derecho es Estado de chueco.
Ocho son los factores que se consideran para calificar el Estado de Derecho. Estas son las calificaciones (entre paréntesis pongo el promedio mundial) y posiciones de México en cada uno de ellos. Límites al poder gubernamental: 4.5 (5.5) y 102. Ausencia de corrupción: 2.6 (5.2) y 135. Transparencia gubernamental: 6.0 (5.3) y 43. Respeto a los derechos fundamentales: 4.9 (5.8) y 91. Orden y seguridad: 5.3 (7.2) y 130. Eficacia regulatoria: 4.4 (5.4) y 105. Justicia civil: 3.7 (5.5) y 131. Justicia criminal: 2.9 (4.7) y 129.
Enorme es el reto que, en materia de Estado de Derecho, tenemos en México, reto que, en materia de economía, comienza por el capítulo económico de la Constitución, artículos 25 al 28, buena muestra del Estado del chueco porque, para empezar, no se reconocen plenamente, no se definen puntualmente, y no se garantizan jurídicamente, los derechos a la libertad individual para producir, ofrecer y vender, y a la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder producir, ofrecer y vender, lo cual es muy grave.
E-mail: arturodamm@prodigy.net.mx
Twitter: @ArturoDammArnal
