En una sociedad bien constituida la política y la economía están separadas: ni la economía se impone a la política, ni la política se impone a la economía; ni los intereses del poder económico se imponen arbitrariamente a los poderes del gobierno, ni los poderes del gobierno se imponen caprichosamente a los intereses del poder económico.
En una sociedad bien constituida la separación poder económico – poder gubernamental es una realidad. Si el poder económico se impone al poder gubernamental el resultado es el capitalismo de compadres, por el cual el poder económico (que es el poder de los empresarios con derecho de picaporte) consigue del poder gubernamental ciertos privilegios que se traducen en la posibilidad de cobrar mayores precios, en perjuicio de los consumidores. Por el contrario, si el poder gubernamental se impone al poder económico el resultado es, en mayor o menor grado, una intromisión indebida del gobierno en la actividad económica de los particulares, que puede darse, tanto por el lado de la producción, oferta y venta, como de la demanda, compra y consumo, intromisión cuyos efectos son, desde la distorsión de los mercados, hasta el freno a la actividad económica.
Economía y política son ámbitos de la vida de una sociedad que deben mantenerse separados: ni la economía debe imponerse a la política, ni la política debe imponerse a la economía; ni los intereses económicos deben sojuzgar al poder gubernamental, ni el poder gubernamental debe dominar a los intereses económicos.
Lo anterior viene a cuento por lo dicho, en más de una ocasión por AMLO, en el sentido de que en su gobierno los intereses económicos no sojuzgarán al poder gubernamental; que en su gobierno la economía no estará por arriba de la política, todo lo cual está muy bien siempre y cuando no suceda lo contrario, que el poder gubernamental sojuzgue al poder económico.
Desafortunadamente hay indicios de que lo que se pretende es que el poder gubernamental someta al poder económico. Dos ejemplos: la intención del senador Ricardo Monreal, de Morena, de eliminar, si no todas, sí algunas de las comisiones bancarias; la intención de los legisladores del PT, que formó parte, junto con Morena, de la coalición Juntos Haremos Historia, de terminar con las Afores para que el gobierno concentre y administre los fondos para el retiro de los trabajadores, lo cual sería, para todo efecto práctico, una expropiación de dichos recursos.
En su momento AMLO dijo que, por lo menos durante los primeros tres años de su administración, no habrá cambio a las leyes financieras, por lo que el tema de las comisiones bancarias no se tocará, de la misma manera que, en su momento, Urzúa afirmó que AMLO no apoya la iniciativa del PT para desaparecer las Afores, y la pregunta es ¿hasta qué punto es eso cierto?
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