Este gobierno trae la consigna de hacer todo lo posible por ser amado por el pueblo.
Sin embargo, ser amado no significa forzosamente también ser respetado. La forma en que hoy se están resolviendo los conflictos sociales en México pone en evidencia que la población, que esperaba por primera vez tomar control de la cotidianeidad al margen del estado de derecho, ha perdido el respeto a las autoridades gubernamentales. Cuando desaparece el respeto, la empatía se diluye y desaparece y este fenómeno podría estar a la vuelta de la esquina.
La insurrección de varios miles de agricultores de Chihuahua, -respaldados por legisladores estatales, alcaldes, dos exgobernadores de ese estado y otras figuras públicas-, quienes pretenden mantener el control de la Presa La Boquilla para evitar que la Federación siga entregando agua a Estados Unidos, cumpliendo un acuerdo binacional que data de 1944, muestra que se ha perdido el respeto a las instituciones gubernamentales.
Estos agricultores, armados con palos y machetes expulsaron a un destacamento de casi mil efectivos de la “Guardia Nacional”, que resguardaba la presa.
Por otra parte, la forma en que las madres de mujeres desaparecidas o violentadas reaccionaron hace unos días, invadiendo el edificio de la CNDH ubicado en República de Cuba 60, en el centro histórico y lo vandalizaron, exhibe el ánimo que prevalece en gran parte del territorio nacional.
El ejemplo de lo sucedido en la CNDH, donde la reacción gubernamental fue muy complaciente ante el vandalismo, seguramente estimuló que un grupo de mujeres mexiquenses, familiares y amigas de víctimas, tomaran este pasado jueves las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) en Ecatepec, pensando que el trato que recibirían sería similar al de la Ciudad de México, sin considerar que la Fiscalía de Justicia del Edomex realizaría el desalojo la madrugada del viernes.
La indefinición que genera hacer de lado el estado de derecho, estimula que las acciones se repitan.
Estas acciones públicas de descontento muestran que el cambio prometido en campaña, no llega aún, aunque el presidente, en su segundo informe de gobierno, hace tan solo doce días, en tono festivo describía un contexto nacional de concordia y paz, con los principales problemas nacionales ya resueltos o en vía de solución.
La realidad es que, si para buscar el afecto ciudadano se hace de lado la aplicación de la ley, esto termina siendo interpretado por la ciudadanía como debilidad institucional.
Entre la represión y la pérdida de autoridad hay un camino democrático que es el de la negociación firme, con la ley en la mano, no al margen de ella. No la negociación “en lo oscurito”, como antes se hacía, sino transparente y firme. Por ello hoy vemos que la ausencia de negociadores experimentados, que conozcan la psicología colectiva, genera respuestas gubernamentales tibias y subjetivas, que estimulan respuestas pasionales en quienes se inconforman y llegan a asumir actitudes agresivas e incluso violentas.
El respeto se logra aplicando la ley, pero con el respaldo de la autoridad moral. Sin embargo, la autoridad moral se consolida infundiendo confianza en que el mismo gobierno se supedita a lo que marca la ley y no que el gobierno está por encima de la ley, aplicando la justicia a su modo.
Tan sólo en estos casos mencionados queda en evidencia que el contexto de confrontación por parte de los ciudadanos inconformes responde a la pérdida de confianza en el gobierno y la certeza de que sus demandas no serán resueltas aplicando la ley para impartir justicia, sino a partir de una negociación con las autoridades después de confrontar al gobierno y a sus instituciones desde una posición de superioridad. Por ello los inconformes hacen alarde de fuerza colectiva.
Es cierto que la indiferencia y el olvido gubernamental han prevalecido frente a graves problemáticas sociales, que llevan muchos años sin resolverse. Pero también es cierto que este gobierno no ha asumido las responsabilidades que se derivan del compromiso que adquirió con la ciudadanía durante la campaña electoral, de resolver añejas inequidades, lo cual le permitió ganar la elección para obtener el poder político largamente anhelado.
Durante la campaña, el candidato López Obrador se comprometió a dar soluciones siempre favorables a los votantes, diciendo que sí a todo lo que se le planteaba, sin tomar en cuenta si esto era viable y su solución posible, si le tocase gobernar. Cuando se trata de obtener el voto ciudadano, se asume cualquier compromiso.
En cambio, hoy que gobierna y tiene la responsabilidad de cumplir sus compromisos de campaña, se enfrenta a la complejidad de tener que dar respuestas a partir del Estado de Derecho, debiendo respetar también los derechos de otros involucrados que pueden verse afectados por las decisiones.
Por ello vemos que cuando la ley se confronta con los compromisos de campaña de la 4T, el gobierno simplemente la ignora.
Hace unos meses fue fácil para el gobierno federal resolver una problemática similar, derivada de la petición de los ciudadanos de Mexicali, quienes suponían que la operación de la nueva planta envasadora de cerveza de la corporación Constellation Brands afectaría el suministro de agua para el consumo de la región y por ello pretendían se suspendiera el inicio de sus operaciones.
En lugar de resolver aplicando lo que por derecho procedía, mediando ante la ciudadanía con base en los dictámenes técnicos que ofreció esa empresa cervecera, donde se garantizaba el compromiso de no afectar las reservas acuíferas de la región, simplemente el gobierno federal, como Poncio Pilatos, se lavó las manos y optó por el camino fácil de dar gusto a la población.
De este modo, amparado en una consulta popular “a modo”, el gobierno federal pasó por encima de los derechos de esta empresa que ya tenía casi totalmente construida la planta, confiada en la certeza que le dio nuestro estado de derecho al momento de invertir en la edificación.
La pregunta es ¿Por qué no se resuelve el conflicto de la presa La Boquilla aplicando el mismo criterio con el que se dio gusto a la población de Mexicali en el conflicto con la cervecera Constellation Brands?. Desde esa visión gubernamental, una consulta popular podría justificar la necesidad de renegociar el tratado de 1944 con el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica.
Sin embargo, no es lo mismo sacrificar a una empresa cervecera, vulnerable, para dar gusto al “pueblo bueno”, aunque se violente la ley, que enfrentar al gobierno del presidente Donald Trump y sus negociadores profesionales para satisfacer las demandas de los agricultores chihuahuenses.
Sin embargo, nuestra prioridad debe ser el campo mexicano y por tanto, debemos apoyar a los agricultores chihuahuenses, buscando la mediación y conciliación de intereses con el gobierno norteamericano. Evidentemente deben respetarse los acuerdos internacionales, pero nunca sobra esforzarse para intentar una renegociación de las condiciones del tratado original. El ecosistema ha cambiado en 76 años y ello justificaría una renegociación.
Podemos concluir que las acciones de gobierno no deben pretender dar gusto a la ciudadanía, ni buscar el aplauso popular, ese que se paga durante los procesos electorales, sino tomar las decisiones más convenientes para el país en su conjunto, respetando el marco jurídico del estado de derecho, para así garantizar certeza y justicia y con ello la paz social.
El aplauso fácil halaga la vanidad de quienes gobiernan, pero es voluble y puede ser traicionero cuando por algún contratiempo no se puede cumplir con los deseos populares.
Los estadistas, antes que amados, deben ser respetados. El respeto en el contexto democrático se sustenta en la autoridad moral y esta, en la legitimidad que aporta el estado de derecho.
¿Usted cómo lo ve?
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