¿Por qué las elecciones causan intranquilidad? Por dos razones: la falta de institucionalidad en el país; la falta de instituciones que garanticen la justicia y promuevan la eficacia.
Por instituciones hay que entender las reglas del juego, comenzado por las jurídicas, que deben ser justas (reconocer plenamente, definir puntalmente y garantizar jurídicamente los derechos de las personas), y eficaces (incentivar conductas justas, que respeten los derechos), instituciones de las que depende la seguridad jurídica, una de las seguridades más importantes. Allí donde hay instituciones, y allí donde hay una autoridad honesta y eficaz que las hace valer, los ciudadanos saben a qué atenerse, independientemente de los vaivenes de la política, al margen de los resultados de las elecciones.
En un país bien institucionalizado lo de menos es quiénes compiten por algún puesto de elección popular y quién lo gana, porque lo de más son las instituciones, las reglas del juego, comenzando por las normas jurídicas, que deben ser justas y eficaces, obligando a los políticos, a los candidatos, a los gobernantes, a comportarse dentro de los límites establecidos por las mismas. México, ¿es un país bien institucionalizado? La respuesta depende, no solo de que haya instituciones, sino de que los candidatos, de llegar al poder, estén dispuestos a respetarlas, comenzando por la Constitución.
Pero el respeto a las instituciones resulta insuficiente. Las mismas deben ser justas y eficaces. Justas: que reconozcan plenamente, definan puntalmente y garanticen jurídicamente los derechos de las personas. Eficaces: que incentiven conductas justas, respetuosas de los derechos de los demás. En México, las instituciones, empezando por la Constitución, ¿son justas y eficaces? Respondo con un ejemplo de la economía.
En este país basta y sobra que el Poder Ejecutivo Federal proponga cobrar más impuestos, y que el Poder Legislativo Federal lo apruebe, para que al día siguiente el recaudador obligue al contribuyente a entregarle una mayor parte del producto de su trabajo, que en eso consiste cobrar impuestos. Lo anterior quiere decir dos cosas. Primera: que la discrecionalidad del gobierno (en este caso los poderes Ejecutivo y Legislativo), a la hora de decidir qué impuestos cobrar, a qué tasas cobrarlos, y a quién cobrárselos, es total. Segunda, consecuencia de la anterior: que el derecho de propiedad sobre nuestros ingresos no está ni plenamente reconocido, ni puntualmente definido, ni jurídicamente garantizado, lo cual no es Estado de Derecho sino de chueco.
¿Alguien sabe qué puede pasar con los impuestos de ganar la presidencia Anaya, López, Meade, Ríos, Rodríguez o Zavala? ¿No? Pues a eso, entre otros muchos ejemplos, me refiero: la falta de institucionalización en una materia tan delicada, como es la del gobierno obligando a los ciudadanos a entregarle parte del producto de su trabajo, que en eso consiste cobrar impuestos.
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