No cede, repunta.

Me refiero a la inflación, a la pérdida en el poder adquisitivo de nuestro dinero y, por lo tanto, de nuestro trabajo. Si nuestro trabajo nos lo pagan con dinero y el dinero pierde poder adquisitivo, lo que pierde poder adquisitivo es nuestro trabajo, lo cual, si las personas tenemos el derecho al producto íntegro de nuestro trabajo, lo cual implica el derecho al poder adquisitivo íntegro de nuestro trabajo, viola ese derecho, que es derecho a la propiedad, tema relacionado con la justicia.

Fue en noviembre del año pasado cuando, por primera vez desde abril de 2001, la inflación anual (comparando cada mes con el mismo mes del año anterior), se ubicó por arriba del siete por ciento, 7.37. En diciembre bajó una centésima de punto porcentual y se situó en 7.36. En enero bajó veintinueve centésimas de punto porcentual y se colocó en 7.07. En febrero subió veintiuna centésimas de punto porcentual y se ubicó en 7.28. En marzo subió diecisiete centésimas de punto porcentual y se situó en 7.45, la segunda mayor inflación anual en lo que va del siglo XXI. La mayor se registró en enero de 2001, 8.11 por ciento. La menor tuvo lugar en diciembre de 2015, 2.13 por ciento.

Mucho es lo que debe decirse al respecto y poco el espacio que tengo para ello, por lo que centro la atención en el que considero EL tema relacionado con la inflación, mismo que deberíamos estar discutiendo, mismo que no estamos discutiendo. Hasta donde sé soy el único que lo pone sobre la mesa y más de uno me considera excéntrico (por decir lo menos), por hacerlo. Me refiero al hecho de que el Banco de México tenga metas de inflación.

Leemos, en la página electrónica del Banco de México, que su objetivo “es mantener una inflación baja y estable” lo cual, por el momento (porque esto puede cambiar), significa una inflación del tres por ciento, más menos un punto porcentual de margen de error, por lo que la máxima inflación aceptable es cuatro por ciento. En marzo fue 7.45, 3.45 puntos porcentuales más, que equivalen al 86.25 por ciento.

¿Es correcto que un banco central tenga metas de inflación, que deba procurar la pérdida en el poder adquisitivo del dinero, y por lo tanto del trabajo, lo cual viola el derecho de las personas al producto íntegro de su trabajo, que implica el derecho al poder adquisitivo íntegro de su trabajo, tema relacionado con la justicia y el Estado de Derecho?

¿Alguno de los integrantes de la junta de gobierno del Banco de México (Victoria Rodríguez Ceja, Irene Espinosa Cantellano, Galia Borja Gómez, Jonathan Heath Constable o Gerardo Esquivel Hernández), ha considero alguna vez esta dimensión de la inflación?

Y la Ley del Banco de México, ¿dice algo al respecto? Revísenla.

Por lo pronto la inflación no solo no cede sino que repunta.

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