Aunque las encuestas publicadas reflejan que la percepción ciudadana sí cree que ha habido un avance en la moralización de los servidores públicos y estos se han vuelto más honestos, hay evidencias que muestran lo contrario. Las acusaciones quedan sin esclarecerse cuando se refieren al círculo del poder.
Por tanto, el efecto en la opinión pública es producto más de la persistencia obsesiva en los mensajes, que de los buenos resultados.
La llegada a México de Emilio Lozoya, ex director de PEMEX, ofrece oxígeno al discurso en contra de la corrupción, aunque sin duda este caso realmente representa un ícono de la corrupción peñista de altos vuelos, pues se vincula con el caso Odebrecht.
Las supuestas evidencias de corrupción en la liberación de delincuentes, pone en la mira de la furia presidencial al Poder Judicial, como lo fue la liberación del Mochomo, líder del cártel Guerreros Unidos en el Edomex y de la familia de El Marro, en Guanajuato, estados gobernados por partidos de oposición. Las compras presumiblemente irregulares de vehículos en el INE, también incluye a este organismo entre los candidatos a la hoguera de la nueva inquisición.
El combate a la corrupción en este entorno de conflicto siempre encuentra leña para atizar el fuego, sobre todo cuando se trata de incendiar los pastizales ajenos.
Sin embargo, el presidente está rodeado de funcionarios que no han aclarado satisfactoriamente su declaración de bienes patrimoniales ante la Secretaría de la Función Pública, ni tampoco se ha justificado la asignación directa de contratos de obra o de compras por parte del gobierno, en lugar de someterlos a concurso. También podemos añadir las acusaciones de corrupción en las dirigencias del partido MORENA, así como los bienes de la familia Bartlett que no han sido suficientemente aclarados aún, además de la venta de respiradores con sobreprecio por parte del hijo del director de CFE, mas lo que se sume a las acciones de otros funcionarios.
Circula en redes sociales una declaración atribuida a Norberto Bobbio, el gran pensador y politólogo italiano, quien define que “en los regímenes fascistas, como el italiano de 1922, en la Alemania de 1933 y en el inicio de la dictadura militar brasileña de 1964”, el tema de la corrupción fue determinante. Por supuesto que Bobbio se refiere a la Italia gobernada por Mussolini, la Alemania que empezaba a gobernar Hitler y el inicio de la dictadura militar brasileña.
Si realmente fueron declaraciones de Bobbio, o simplemente se le adjudican a este brillante jurista, catedrático y escritor italiano vinculado al socialismo es irrelevante, ante el hecho contundente de la veracidad de esta afirmación. La corrupción es un tema moralista de alta rentabilidad, que pretende vestir de honestidad a quien declara la guerra a esta práctica carente de ética.
Sin embargo, utilizada como una cruzada política es de alto riesgo, pues para llevarla a cabo con honestidad hay que pasar por encima de amigos, de aliados y a veces hasta de familiares.
De nada sirve que quien la encabeza lleve una vida discreta y sin cuestionamientos, si por otra parte se empieza a ver que quienes están cerca de este líder empiezan a ser cuestionados y el tlatoani voltea hacia otro lado cuando surgen las acusaciones.
A final de cuentas, también se salpica de corrupción quien protege a los corruptos o simplemente los tolera, pues él está obligado a castigarlos.
El buen juez, por su casa empieza.
El único sustento de la autoridad moral que forzosamente debe tener el combate a la corrupción es el ejemplo.
Sin embargo, quien gobierna debe castigar de forma ejemplar a quienes le rodean y caen en las tentaciones, aunque su vida personal sea moralmente incuestionable. Quien gobierna es el garante del “estado de derecho”.
Es evidente que la corrupción siempre ha existido y los regímenes anteriores no son la excepción, porque quienes rodean a alguien poderoso se sienten protegidos por el afecto del jefe y ello estimula su ambición personal. Por supuesto estos deben ser castigados.
La corrupción para un gobernante no sólo implica llevar una vida austera, sino castigar a quienes la practican, máxime si pertenecen a su equipo de trabajo o simplemente son sus aliados.
La falta de seguimiento en algunos casos en que se presume ha habido corrupción durante este gobierno, muestra que los parámetros éticos no se ajustan a los estándares internacionales, con sustento en valores morales.
De igual forma que el gobierno quiere medir los parámetros de evaluación en el ámbito de la economía, el combate a la corrupción se va ajustando a las directrices personales de quienes gobiernan, para que los parámetros incluyan a unos y excluyan a otros.
En otras palabras, se está redefiniendo qué es corrupción, pero desde una visión ideológica y de criterios personales y no con la máxima universal de que la justicia aplica para todos.
Pareciera ser que la nueva definición de corrupción será: “La corrupción es la de los otros… lo que sucede aquí es justicia social”.
