La mayoría de los políticos tienen un proyecto de nación y quieren llegar al poder para llevarlo a la práctica. Por eso es que la mayoría de los políticos son una amenaza.
No necesitamos un proyecto de nación, sino una nación en la cual cada quien, respetando los derechos de los demás, y sin ningún privilegio otorgado por el gobierno, pueda sacar adelante sus proyectos. Esto es lo que corresponde a una sociedad donde se respeta la libertad individual, la propiedad privada y la responsabilidad personal. Respetando los derechos de los demás, que cada quien haga, en pleno ejercicio de su libertad, en pleno uso, disfrute y disposición de sus propiedades, y en plena asunción de sus responsabilidades, lo que quiera.
Todo proyecto de nación incluye un proyecto económico, que en el caso de México encontramos en el llamado capítulo económico de la Constitución, principalmente artículos 25 al 28, que implican que en nuestro país el derecho a la libertad individual para producir, ofrecer y vender, y el derecho a la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder producir, ofrecer y vender, no están, ni plenamente reconocidos, ni puntualmente definidos, ni jurídicamente garantizados, lo cual es propio del Estado de chueco, no de Derecho.
Gracias al Art. 28 constitucional basta y sobra que el Poder Legislativo expida una ley, y que la promulgue el Ejecutivo, en la cual se diga que el sector X de la actividad económica es considerado estratégico, para que tenga que ser expropiado y gubernamentalizado, porque en el Art. 25 se afirma que los sectores estratégicos de la economía deben estar en las manos exclusivas del Estado, es decir, deben ser monopolios del gobierno.
Dado que la propiedad privada de los medios de producción es la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual para producir, ofrecer y vender (sin medios de producción privados no hay manera de ejercer la libertad individual para emprender, invertir y trabajar), resulta que en la misma medida en la que se limita o elimina la primera se limita o elimina la segunda, lo cual es posible gracias al Art. 28.
Si a lo anterior le sumamos que en el Art. 25 se dice que “el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional”, lo cual se consigue planeando, conduciendo, coordinando y orientando las actividad económicas de cada uno (producción, oferta y venta, por un lado; demanda, compra y consumo, por el otro), se ve claramente que el derecho a la libertad individual está amenazado.
El proyecto económico de la Constitución, que forma parte de un proyecto general de nación, es contrario a la libertad individual y a la propiedad privada y, por ello, a la justicia y al bienestar.
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