La semana pasada se anunció que hoy se presentará el Programa de Reactivación Económica, acordado entre el gobierno y la iniciática privada.
El principal problema económico que enfrentamos es el del crecimiento, que se mide por el comportamiento de la producción de bienes y servicios para el consumo final, el Producto Interno Bruto, producción que depende de las inversiones directas, que son las que se destinan, precisamente, a producir bienes y servicios, con los cuales satisfacemos nuestras necesidades; a crear empleos, puesto que para producir alguien tiene que trabajar; a generar ingresos, puesto que a quien trabaja se le paga por hacerlo, inversiones directas que dependen de la confianza de los empresarios, primer eslabón de la cadena.
Durante el segundo trimestre del año, comparando con el mismo trimestre del año anterior, la economía decreció 18.7 por ciento, y la Inversión Fija Bruta en instalaciones, maquinaria y equipo, realizada por la iniciativa privada, parte esencial de la inversión directa, se contrajo 37.4 por ciento. El Índice de Confianza Empresarial para septiembre, que mes tras mes reporta el INEGI, se ubicó, con relación a la pregunta de si el actual es un buen momento para llevar a cabo inversiones directas, en 19.3 unidades, mostrando la desconfianza de los empresarios (100 unidades significa confianza total y 0 total desconfianza).
La meta de cualquier programa de reactivación económica debe ser recuperar el crecimiento de la economía, para lo cual deben recuperarse las inversiones directas, para lo cual debe recuperarse la confianza de los empresarios, para lo cual el gobierno debe comprometerse, entre otras cosas, a no volver a convocar consultas populares para decidir el futuro de inversiones directas, como fue el caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco (29/10/18); como lo fue también el de la planta cervecera en Mexicali (21,22/3/20); como lo pretende ser el de una planta productora de fertilizantes en Sinaloa (6/8/20), consultas populares que, cuando de decidir el futuro de inversiones directas se trata, son arbitrarias, propias del Estado de chueco, antítesis del Estado de Derecho que, aplicado a la economía, supone el reconocimiento pleno, la definición puntual y la garantía jurídica de los derechos de los empresarios a la libertad individual para producir, ofrecer y vender, y a la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder hacerlo, derechos que las consultas populares violan.
Un programa de reactivación económica eficaz debe contemplar el compromiso del gobierno de no volver a convocar consultas populares para decir el futuro de inversiones directas. ¿Será el caso del programa que hoy se anunciará? Lo dudo.
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