Ayer escribí que cumplí mi última obligación tributaria del 2023, el pago de impuestos de la declaración anual, que realicé por la obligación legal, no por la ética, que tendría si el gobierno se limitara a realizar, honesta y eficaz, su legítima tarea, la impartición de justicia en su doble vertiente: castigar al violador de derechos (asesino, secuestrador, ladrón), y obligarlo a resarcir a su víctima (cuando sea posible), algo que en México más que regla es excepción (no se denuncia el 94% de los delitos y menos del 1% se resuelven), razón por la cual no existe la obligación ética de pagar impuestos, por más que exista la legal. Para el gobierno es más que suficiente. No debería serlo.
Para colmo de males, el gobierno no solo no cumple con honestidad y eficacia sus legítimas tareas, sino que intenta construir un sistema político de abuso del poder gubernamental, poder para obligar, prohibir y castigar que siempre se ejerce para limitar o prohibir el ejercicio de la libertad individual y el uso de la propiedad privada, lo cual se justifica solo si el fin es garantizar el respeto a los derechos, que verdaderamente lo sean.
Centro la atención en seis intenciones de AMLO (habrá que ver hasta dónde llega). La primera relacionada con el amparo, con el objetivo de limitar sus alcances, en detrimento de la seguridad jurídica y del respeto de los derechos de los ciudadanos. La segunda relacionada con la prisión preventiva oficiosa, con el fin de encarcelar sin previo juicio y condena, en detrimento de la presunción de inocencia y de la justicia. La tercera relacionada con el indulto a delincuentes, con el objetivo de que sea el presidente quien decida quién sí y quién no permanece en prisión, en detrimento de la impartición de justicia. La cuarta relacionada con la intención de que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos por voto popular, en detrimento, al final de cuentas, dada la politización que ello supondría, de la división de poderes. La quinta (que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, como lo será en la de Senadores, restando ver que dirá, ante la segura judicialización del asunto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación), relacionada con la apropiación, de parte del Ejecutivo Federal, de los recursos depositados en las cuentas inactivas de las Afores, de personas mayores de 70 años, violando el derecho de propiedad privada. La sexta relacionada con el Plan C, con la intención de que, quien vote por Sheinbaum para la presidencial, también lo haga por los diputados de Morena y sus aliados (PVEM y PT), con la intención de eliminar los contrapesos en el Congreso de la Unión.
Todo lo anterior, ¿a qué responde? A la intención de concentrar el poder en manos del presidente (sea quien sea), y que su división en ejecutivo, legislativo y judicial sea cada vez más de forma que de fondo, más apariencia que realidad. Y a ese gobierno, con esas intenciones, se nos obliga a los contribuyentes a financiar (¿o debo escribir subsidiar?), obligándonos a entregarle una parte de nuestro ingreso, una parte del producto de nuestro trabajo, lo cual se justifica solo si ese dinero se destina a la realización honesta y eficaz de la legítima tarea del gobierno, la impartición de justicia, lo único que justifica el cobro de impuestos, algo que ni remotamente sucede.
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