Cumplí con la última de mis obligaciones tributarias del 2023: el pago de la declaración anual de impuestos. Alguien me dirá que he pagado el precio, pagar impuestos, que debe pagarse por vivir en sociedad, justificación falsa del pago de impuestos. El verdadero precio que hay que pagar por convivir con los demás es el respeto a sus derechos, la práctica de la justicia.

Cumplí mi última obligación tributaria del 2023 protestando, expresando mi oposición a dicho pago, que realicé por tener la obligación legal de hacerlo, no por tener la obligación ética, que tendría si el gobierno se limitara a la realización, honesta y eficaz, de su legítima tarea, la impartición de justicia en su doble vertiente: castigar al injusto, al violador de derechos, y obligarlo a resarcir, cuando la reparación sea posible, algo que no siempre sucede. Gobierno que no cumple con honestidad y eficacia con la impartición de justicia, no genera la obligación ética de pagar impuestos, por más que exista la obligación legal, legalidad que resulta injusta. Y lo que importa es la justicia, no la legalidad.

En 2023 pagué impuestos por trabajar (impuesto sobre la renta), por comprar bienes y servicios (impuesto al valor agregado), y por poseer patrimonio (tenencia vehicular y predial), y en los dos últimos casos sujeto a una doble tributación: la primera al pagar impuestos por haber trabajado, por haber generado ingreso; la segunda por haber comprado, con parte de mi ingreso disponible (el que me quedó una vez que pagué el impuesto sobre la renta), bienes y servicios, y por poseer patrimonio. Cualquier impuesto se paga con el ingreso del alguien, con el producto de su trabajo, y solo se justifica una tributación, algo que no sucede. ¿Por qué permitimos tales excesos tributarios?

Repito la pregunta, ¿por qué permitimos tales excesos tributarios?, sobre todo con gobiernos que ni remotamente cumplen con su tarea esencial, la única que genera la obligación ética de pagar impuestos, que es la impartición de justicia, que se compone de los siguientes componentes: prohibir la violación de derechos, prevenirla y, de fallar, castigar al violador y obligarlo a resarcir. ¿Cómo andamos en México en materia de impartición de justicia? ¿Qué tanta justificación ética, al margen de la legal, tiene el gobierno para exigir el pago de impuestos? ¿Qué tanta obligación ética, al margen de la legal, tenemos los contribuyentes de pagar impuestos?

En México el gobierno, y no solo el actual, también los anteriores, ha fallado en la realización de su tarea esencial, la impartición honesta y eficaz de justicia, pero con el actual se ha agravado la situación, comenzado por el “abrazos, no balazos”, lo cual implica negar la tarea esencial del gobierno: repartir balazos (el uso legítimo de la fuerza), para garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos, es decir, la práctica de justicia (Estado de Derecho, que es Estado de Justicia).

Un dato, extraído de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, para el primer trimestre de 2024, del INEGI: “En marzo de 2024, 61.0% de la población de 18 años y más, residente en 90 ciudades de interés, consideró que es inseguro vivir en su ciudad”. 61.0% el total, 66.5% mujeres, 54.6% hombres. En diciembre los porcentajes fueron 59.1, 64.8 y 52.3.

¿Estado de Derecho? ¿Estado de Justicia? No.

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