El 15 de diciembre de 1987 se firmó el Pacto de Solidaridad Económica, un conjunto de medidas ortodoxas (reducción del déficit en las finanzas gubernamentales y control de la base monetaria) y heterodoxas (compromiso de los empresarios de no aumentar precios), en un momento en el cual la inflación era 159.17 por ciento. Un año después la inflación fue 51.66. Dos años después 19.70. El pacto surtió efecto: la inflación bajó, si bien es cierto que siguió siendo alta, por arriba del diez por ciento, hasta mayo de 1993, con un fuerte repunte en 1995 (7.05 en 1994 y 51.97 en 1995), y no volvió a ubicarse por debajo de diez por ciento sino hasta abril del 2000. De entonces a la fecha se ha mantenido por debajo del diez, pero con un fuerte repunte en los últimos dos años: en abril de 2020 la inflación fue 2.15 por ciento; durante la primera quincena de este abril fue 7.72.
Ante el repunte en la inflación el gobierno pretende controlar los precios de estos productos: aceite vegetal, arroz, frijol, huevo, pastas para sopas, atún, sardina, bistec de res, chuleta de puerco, pollo entero, cebolla, chile jalapeño, jitomate saladet, papa, zanahoria, limón, naranja, manzana, tortilla de maíz, pan de caja, azúcar morena, leche, jabón de tocador y papel higiénico, y pretende hacerlo no imponiendo unilateralmente precios máximos (que de ser realmente tales, fijados por debajo de los precios de equilibrio, a los que se igualan las cantidades demandas y ofrecidas, por lo que no hay ni escasez: cantidad demandada mayor que la ofrecida, ni sobreoferta: cantidad ofrecida mayor que la demandada, generarían escasez, fortaleciendo las presiones inflacionarias), sino pactando con productores y oferentes, quienes se comprometerían a no aumentar injustificadamente precios, cualquier cosa que signifique “aumento injustificado de precios”, lo cual implicaría una reducción en sus ganancias, lo cual nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cuánta ganancia estarán dispuestos a sacrificar para evitar aumentos injustificados de precios? y, sobre todo, ¿quién, y con qué criterio, determinará que un aumento de precio es injustificado?
El compromiso de los productores y oferentes de no aumentar injustificadamente los precios sería el ingrediente heterodoxo de pacto, que probablemente se llame Pacto por el Bienestar, mismo que, sin el ingrediente ortodoxo, está destinado al fracaso. ¿Cuál es ese ingrediente? El relacionado con la cantidad de dinero que se intercambia en la economía, es decir, que se usa para demandar bienes y servicios, misma que ha crecido de manera excesiva (17 por cierto en el último año), responsabilidad del Banco de México, por lo que pacto debe ser entre las autoridades monetarias y productores y oferentes.
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