El gobierno panista de Vicente Fox denunció ante la PGR la triangulación de recursos de Pemex al PRI vía su sindicato. Salieron a la luz pública documentos donde se probó que “ayudas” al sindicato de Pemex por aproximadamente 1,500 millones de pesos fueron canalizadas al PRI para apoyar en la elección presidencial a su candidato en el año 2000, aunque aproximadamente la mitad de esos recursos quedaron en manos de los operadores, como es costumbre en ese partido.

El gobierno de Fox acusó a quien fungía como director en ese tiempo de Pemex y a dos líderes de su sindicato por esos desvíos. El PRI, con mayoría en el Congreso, le otorgó una senaduría a uno de los líderes y una diputación al otro, para darles fuero. Y contrató a los mejores abogados para defender al ex director de Pemex. Lograron que quedara impune el financiamiento ilícito de Pemex al PRI vía sindicato.

En las elecciones presidenciales del 2012 se dio una historia parecida. Una “ayuda”, en principio de 3 millones de dólares que, según datos dados a conocer por ex ejecutivos de la compañía brasileña Odebrecht, entregaron a quien fungía como Coordinador de vinculación Internacional en la campaña del candidato del PRI a la Presidencia fue el inicio de un nuevo Pemexgate. El ex miembro del equipo del candidato priista a la Presidencia, ya como director de Pemex, compensó con creces mediante millonarios contratos a sobreprecios a Odebrecht, “benefactora” del PRI.

El cese del Fiscal para Delitos Electorales (FEPADE) por publicar una carta relacionada con la investigación de los donativos ilegales de Odebrecht al PRI vía un director de Pemex, muestra la decisión del actual gobierno de no solo tomar una actitud pasiva hacia los actos corruptos donde son protagonistas ex gobernadores del PRI o altos funcionarios de su gobierno, sino de salvaguardar su impunidad.

Las consignaciones y detenciones de ex “gobers” priistas corruptos fueron posibles gracias a las denuncias en el extranjero o por los nuevos gobers de otros partidos. El actual gobierno no ha luchado contra la corrupción, sino por garantizar impunidad a quienes con recursos ilícitos ayudaron a las campañas priistas.