La política industrial es parte de las políticas económicas, cuyo objetivo es modificar los resultados que, de manera espontánea, por la libre interacción entre oferentes y demandantes, se generan en los mercados, lo cual se justifica si esos resultados fueran, o injustos desde el punto de vista ético (si se violaran derechos), o ineficaces desde el punto de vista económico (si redujeran el bienestar), y en los mercados (no tengo espacio para explicarlo, pero así es), no hay ni injusticias ni ineficacia, pese a que muchos consideran lo contario, comenzando por quienes favorecen las políticas económicas del gobierno, desde las comerciales hasta las industriales.

Lo anterior viene a cuento porque hace unos días el gobierno anunció la Nueva Política Industrial, basada en este decálogo: 1) promover más competencia económica; 2) aprovechar la apertura comercial para fortalecer las cadenas productivas; 3) impulsar la mejora regulatoria; 4) generar un entorno de negocios amigable que de certidumbre a los empresarios; 5) alentar el crecimiento de las PYMES y el contenido nacional; 6) fomentar la digitalización; 7) modernizar los procesos de normalización e impulsar la infraestructura de calidad; 8) propiciar la economía de la salud para elevar la productividad y la competitividad; 9) aumentar el financiamiento de la banca de desarrollo a proyectos industriales; 10) incentivar proyectos industriales en las regiones rezagadas del país.

De los diez puntos hay cuatro (1,2,3,4) cuyo objetivo es lograr, de manera correcta, un mejor funcionamiento de los mercados: mayor competencia económica, aprovechar mejor la apertura comercial, impulsar la mejora regulatoria, generar un entorno de negocios amigable.

Los otros seis (5,6,7,8,9,10) tienen como finalidad alentar el crecimiento de las PYMES, fomentar la digitalización de la manufactura, impulsar la infraestructura de calidad, aumentar la productividad y la competitividad, incrementar el financiamiento de la banca de desarrollo, incentivar proyectos industriales en las regiones más rezagadas de México, todo lo cual deberá calificarse en función, no del qué, sino del cómo, del cómo pretende el gobierno, desde alentar el crecimiento de las PYMES hasta incentivar el desarrollo industrial de las regiones rezagadas. En todos los casos hay una manera mala y otra buena de hacerlo.

La mala es por medio del otorgamiento de privilegios, desde no cobrar impuestos hasta otorgar subsidios. La buena reconociendo plenamente, definiendo puntualmente y garantizando jurídicamente los derechos de los empresarios, algo que, dados los artículos 25 y 28 de la Constitución no sucede. Por allí hay que empezar y, desafortunadamente, por allí no se empezará.

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