Todo gobierno nuevo, y el de AMLO no será la excepción, mantiene los programas de gasto de su antecesor (en el mejor de los casos se les cambia el nombre) y pone en marcha sus propios programas (por los cuales, se supone, votó el electorado), generándose una tendencia de largo plazo hacia un gasto gubernamental cada vez mayor, tanto en términos absolutos (pesos) como relativos (proporción del PIB).

La propuesta de AMLO es que, de lo obtenido por el recorte de sueldos del personal de confianza de la Administración Pública Federal, por el despido del 70 por ciento de dicho personal, y por lo que se rescate de la corrupción, alcanzará para pagar los viejos (heredados) y nuevos (propuestos) gastos del gobierno, sin necesidad de aumentar impuestos y/o contraer más deuda, lo cual daría como resultado, para 2019, un Presupuesto de Egresos de la Federación igual, por lo menos en términos reales (descontada la inflación esperada para el año entrante) al de 2018, que suma 5.3 millones de millones de pesos.

La propuesta de AMLO es a favor, primero, de una reasignación de gasto (le quito a X para darle a Y) y, segundo, de un mejor gasto (gastar en Y es mejor que gastar en X), pero no de un mayor gasto (lo que se le da a Y previamente se le quitó a X), por lo que el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, en términos reales, tendrá que ser igual al del 2018. ¿Lo será? Ya lo sabremos y aquí lo comentaré.

¿Qué podría pasar si, recorte de los sueldos del personal de confianza, despido del 70 por ciento de ese personal, y lucha contra la corrupción de por medio, los recursos obtenidos no alcanzan para financiar los nuevos programas que AMLO pretende poner en marcha, desde el aumento en las pensiones para la gente mayor hasta las becas para los ninis? Una de tres: o recorta gastos, faltando a su promesa; o aumenta impuestos y/o contrae más deuda, también faltando a su promesa; o recorta gastos y aumenta impuestos y/o contrae más deuda, faltando igualmente a su promesa. Suponiendo tal escenario, ¿cuál es la opción correcta? La primera, recortar gastos, correcta desde el punto de vista económico, pero no necesariamente desde el político. Imaginando tal situación, ¿qué podría más en el ánimo de AMLO: la conveniencia política o la corrección económica?

La propuesta de AMLO es a favor de una reasignación del gasto (le quito al funcionario público para darle al ciudadano, sobre todo al más necesitado) y, consecuencia de ello, de un mejor gasto (gastar a favor de los ciudadanos más necesitados, desde los pensionados hasta los ninis, es mejor que gastar en los funcionarios públicos), todo lo cual deberá reflejarse en el Prepuesto de Egreso de la Federación para el 2019 que, de entrada, en términos reales, tendrá que ser igual al del 2018. ¿Lo será? Ya veremos.

¿Ahorro gubernamental?

No faltan quienes creen que el gobierno debe ahorrar, y por esa creencia aplauden las medidas de austeridad anunciadas por AMLO, que darán como resultado, al menos eso creen, ahorro gubernamental y, por lo tanto, menor gasto del gobierno: quien ahorra no gasta. ¿Es esta la intención de AMLO? Y más importante, ¿debería serlo?

El ahorro es el primer paso en el camino del progreso económico, sobre todo si ese ahorro (el ingreso que los ahorradores dejan de gastar en la compra de bienes y servicios de consumo de final) se convierte en inversión directa (el gasto realizado por los empresarios para mantener y aumentar la producción de bienes y servicios, sobre todo, de consumo final, de los cuales depende el bienestar de la gente).

El ahorro es el primer paso en el camino del progreso económico siempre y cuando ahorren los individuos, las familias y las empresas, no el gobierno, quien debe gastar, con honestidad y eficacia, en beneficio de los ciudadanos, todos sus ingresos. El gobierno no debe ahorrar, mucho menos si lo ahorrado se traduce en atesoramiento, es decir, en guardar el dinero y no gastarlo.

Veámoslo desde el punto de vista de los contribuyentes, a quienes el gobierno, vía el cobro de impuestos, obliga a entregarle parte del producto de su trabajo. Una primera justificación de tal obligación es que el gobierno gaste, honesta y eficazmente, todo ese dinero en beneficio de los ciudadanos, gasto que debe contemplar la creación de una reserva para, dado el caso, hacer frente a gastos imprevistos, reservas que, aunque no lleguen a gastarse, forman parte del presupuesto de egresos del gobierno, por lo que no deben considerase, porque en el estricto sentido del término no lo son, ahorro.

Usted lector, en su calidad de contribuyente, ¿qué diría si se entera que el gobierno ahorra parte de los impuestos que le cobró, por lo que esa cantidad ahorrada, contemplada en la ley de ingresos, no está considerada en el presupuesto de egresos, de tal manera que el gobierno no gasta todo lo que recauda, es decir, no le “devuelve” a los ciudadanos, vía gasto, lo que previamente les quitó por impuestos? Usted lector, ¿estaría de acuerdo?

La austeridad anunciada por AMLO significará que, a partir del 1 de diciembre, el gobierno gastará menos en X (austeridad) para gastar más en Y (¿despilfarro?), y la pregunta que debemos hacernos es si esa reasignación de gasto dará como resultado un gobierno honesto y eficaz, sobre todo en lo que a sus tareas esenciales se refiere: garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos; impartir justicia; proveer los bienes y servicios públicos, que realmente sean públicos, y que realmente deban ser provistos por el gobierno; ordenar la convivencia en los espacios público; corregir los efectos nocivos de las externalidades negativas.

La “austeridad” de AMLO, de darse, será menos gasto en X y mayor gasto en Y.