Ni en los tiempos más autoritarios del viejo PRI, -a mediados del sigo XX-, habíamos visto las prácticas antidemocráticas que en los últimos días se han escenificado en las altas esferas de la 4T.
Con tal de darle gusto al presidente, -con el capricho de la revocación de mandato-, no han tenido el mínimo decoro al burlarse de la ley.
No sólo no se ha respetado la veda electoral, sino que tuvieron el descaro de realizar un mitin multitudinario al estilo del viejo PRI de hace 50 años, -utilizando como fachada el argumento de apoyar la aprobación de la reforma eléctrica-, pero en la realidad, convocada para impulsar la consulta de revocación de mandato.
Sin embargo, es notorio que la consulta para la revocación de mandato, -la cual será operada por gobernadores y alcaldes morenistas con recursos oficiales-, evidentemente lleva como objetivo presidencial el linchamiento multitudinario del INE y en particular de las cabezas más visibles de este instituto: Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama. Presentarlos ante la opinión pública como enemigos de la democracia es el inicio.
Se pretende desgastar su reputación y así preparar el terreno para intentar tomar control de este órgano independiente, para de este modo manipular a su favor las elecciones, principalmente las del 2024.
Es evidente que esta consulta por sí misma es inocua y de resultados cien por ciento predecibles, pero muy valiosa como estrategia para tomar el control de esta institución que podría considerarse “la joya de la corona”. Del control del INE depende la permanencia indefinida de la 4T.
Cabe aclarar que la veda electoral forma parte de las reglas definidas por el Congreso cuando se creó la ley para convocar a la consulta de Revocación de Mandato.
Sin embargo, la prohibición de realizar promoción a favor de la consulta se convirtió en una restricción que han decidido burlar, aunque con ello se pierda lo poco que queda de autoridad moral para hacer que los demás respetemos nuestro marco jurídico, -pues el presidente, con una narrativa confusa-, ya disoció a la aplicación de la justicia, de los lineamientos que marcan nuestras leyes.
¿ LA LEY ES LA LEY?
El “estado de derecho” es el único marco legal a partir del cual se puede aplicar la justicia, siempre bajo la guía de las leyes que conforman nuestra Constitución.
Sin embargo, en estos tres años el presidente ha sembrado en la mente colectiva, -plena de resentimientos y rencores por los abusos de gobiernos anteriores que manipularon la ley-, una connotación represiva y de rechazo hacia nuestro marco jurídico. Abusos legaloides que sin duda han existido en el pasado, pero continúan existiendo aún en el presente.
“Que no me vengan con que la ley es la ley” expresó el presidente en la mañanera del miércoles pasado en reclamo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por las últimas determinaciones que no se han apegado a las expectativas presidenciales, regaño que logró su efecto compensatorio en cuatro ministros durante la votación del pasado jueves, referente a la constitucionalidad de las últimas reformas legislativas impulsadas por MORENA para modificar las leyes que rigen a la energía eléctrica.
Parece olvidar que al prestar juramento como presidente de la república se comprometió a respetar y hacer respetar la Constitución Mexicana, la misma que hoy cuestiona y quiere manipular a su conveniencia utilizando a través de la bancada de MORENA en el Congreso la figura de “reformas constitucionales”.
En el viejo PRI de hace 50 años por lo menos se guardaban las formas democráticas, aunque en esencia se seguía la indicación presidencial. Sin embargo, guardar las formas permitía mantener públicamente la “autoridad moral” del Estado Mexicano, lo cual se traducía en gobernabilidad.
El discurso reivindicatorio que promueve hoy el presidente está estimulando un ánimo colectivo de rebelión en contra del estado de derecho, el cual se le puede salir de control a él mismo y poner en riesgo la gobernabilidad, de la cual él es el primer responsable.
LA REPRESIÓN
La bancada de MORENA en la Cámara de Diputados dio a conocer que demandó penalmente por difamación al grupo de actores e influencers que realizaron el video solicitando más estudios sobre el impacto ambiental del tramo 5 del Tren Maya.
¿Disentir de la opinión presidencial se convierte hoy en un delito?
Definitivamente MORENA ya ha mostrado en las últimas semanas su rostro autoritario y falto de respeto al Estado de Derecho, pues con tal de quedar bien con el presidente, -al promover la consulta para la revocación de mandato durante la veda electoral-, ha masacrado la ley electoral.
MILITARES HACIENDO POLÍTICA
La foto que circula en redes sociales, donde se ve al ministro secretario de la SEDENA, -general Luis Crescencio Sandoval-, con el candidato de Morena al gobierno de Tamaulipas Américo Villarreal, portando uniforme del ejército, da un mensaje grave.
También hemos visto imágenes del comandante general de la Guardia Nacional, -general Luís Rodríguez Bucio-, en el mitin de Sonora promoviendo junto con el secretario de gobernación, -Adán Augusto López-, la consulta de revocación de mandato.
Además, la logística de apoyo a la consulta incluye la utilización del avión oficial de la GN.
Evidentemente los militares, como ciudadanos tienen todo el derecho a manifestar sus preferencias políticas de modo personal. Sin embargo, -con uniforme y en representación del cargo que ostentan-, adquieren restricciones a partir de proyectar un supuesto apoyo político oficial.
La Constitución prohíbe a las Fuerzas Armadas participar en actividades políticas.
¿QUIÉN FIRMÓ EL T-MEC?
Cuando se firmó el T-MEC con Estados Unidos y Canadá el presidente lo asumió como un logro del equipo de negociación de su gobierno, sin reconocer la valiosa participación del grupo de expertos del gobierno anterior, liderados por el secretario de economía Ildefonso Guajardo.
Según recuerdo, en los días previos a la firma del documento el negociador en jefe, -Jesús Seade-, se desapareció del equipo que le había servido como respaldo en calidad de cuerpo asesor, -conformado principalmente por representantes de los organismos empresariales-, gente experimentada en temas de comercio internacional. De este modo aceptó el tratado seguramente siguiendo indicaciones puntuales del presidente López Obrador.
A final de cuentas este gobierno firmó este tratado comercial donde se regulan acuerdos que esta reforma eléctrica, -que promueve el presidente-, pretende desconocer.
El discurso patriotero que pretende justificarse con el tema de la soberanía política y económica del país, -respecto a nuestro principal socio comercial-, le ha dado gran significado a la narrativa presidencial, -de cara al sector de población que le es leal-, lo cual se traduce en apoyo totalmente emocional e incondicional y evidentemente con alcance electoral.
Sin embargo, la política interna hoy trasciende fronteras en este mundo globalizado.
¿No conocía este gobierno el impacto de las cláusulas que firmaba y los compromisos que asumía respecto a temas energéticos? ¿Dónde está el valor de las firmas?
Esto define ante el resto del mundo la seriedad de las negociaciones que realiza este gobierno en representación de México. La imagen y reputación de nuestro país están en riesgo.
EL EMBAJADOR RUSO EN EL CONGRESO
Incongruente que la Cámara de Diputados haya recibido la visita oficial del embajador ruso mientras el mundo se convulsiona frente a las imágenes que muestran la masacre de civiles en varias ciudades de Ucrania, perpetradas por el ejército ruso.
Las imágenes de esta visita al recinto legislativo derrochan lambisconería por parte de un gran número de diputados, cuando debía haberse aprovechado esa gran oportunidad para hacer un reclamo fuerte, -de nuestro Congreso-, al gobierno del presidente Vladimir Putin por este genocidio brutal.
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