Necesitamos una reforma tributaria que elimine la total discrecionalidad del gobierno (poder Ejecutivo, que propone, y Legislativo, que dispone), para decidir qué impuestos cobrar, a qué tasas cobrarlos, y a quién cobrárselos. También necesitamos una reforma monetaria que elimine la meta de inflación del Banco de México, tres por ciento, más menos un punto porcentual de margen de error. El sistema tributario nos quita más dinero del que debería. El monetario le quita a nuestro dinero poder adquisitivo que no debería.

Debe terminarse con la inflación, para lo cual debe eliminarse la meta de inflación del banco central, pero no debe terminarse con los impuestos, sino con el hecho de que el gobierno gasta en lo que no debe, por lo cual gasta más de lo que debe, y muchas veces de mala manera, cobrando más impuestos de los que debería. Centro la atención en esto último.

La reforma tributaria debe comenzar por la pregunta ¿qué debe hacer el gobierno?, pregunta que suscita esta otra: ¿puede responderse objetivamente, de tal manera que todos estemos de acuerdo? Sí, si nos quedamos con la respuesta con la que todos coincidamos: impartición de justicia. No creo que haya alguien que no acepte que la tarea esencial del gobierno es la impartición de justicia, que implica prohibir que se violen derechos, prevenir su violación, castigar al violador, obligarlo a resarcir a la víctima.

Si la impartición de justicia es la tarea esencial del gobierno, entonces se justifica el cobro de impuestos para financiarla, siempre y cuando se cobre el mismo impuesto a todos. Si a todos se les cobra el mismo impuesto, y a todos se les da lo mismo (impartición de justicia), no hay redistribución del ingreso, ni por el lado de la recaudación, ni por el del gasto. El problema es que gobernar es sinónimo de redistribuir el ingreso, quitándole a Juan para darle a Pedro. Basta revisar los presupuestos de egresos de los gobiernos para darnos cuenta. En el caso del gobierno federal el 65 por ciento del gasto es social, es decir, redistribución del ingreso.

Con relación a la justicia distingo entre práctica e impartición. La práctica de la justicia consiste en respetar los derechos de los demás y la debemos realizar los ciudadanos. La impartición de justicia consiste en castigar a quien viole los derechos de los demás y en obligarlo a resarcir a la víctima, y la debe llevar a cabo el gobierno, para lo cual necesita recursos, para lo cual debe cobrar impuestos.

Propongo el impuesto único (uno solo), homogéneo (la misma tasa en todos los casos), universal (sin excepción, ni de objeto, ni de sujeto, gravable), no expoliatorio (que se destine solamente a financiar las legítimas tareas del gobierno, las relacionadas con la impartición de justicia), a la compra de bienes y servicios para consumo final (no a la compra de bienes y servicios para consumo intermedio, no directamente al ingreso, no al patrimonio).

Si el año pasado el gobierno se hubiera limitado a la realización de sus tareas esenciales, las relacionadas con la impartición de justicia, con un impuesto único, homogéneo, universal, no expoliatorio, a la compra de bienes y servicios para consumo final, del 1.67 por ciento, hubiera sido suficiente. ¡Sí, 1.67 por ciento!, lo cual nos da una idea de lo que nos cuesta un gobierno que hace mucho más de lo que debe.

Continuará.

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