Las dos reformas son las necesarias para que los derechos de los agentes económicos, desde productores hasta consumidores, estén plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados. Para que haya Estado de Derecho, que es el gobierno de las leyes justas, que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos a la libertad individual y a la propiedad privada.
Me refiero a las reformas tributaria y monetaria, ya que, tal y como están las cosas en materia de impuestos e inflación, los derechos de los agentes económicos a la libertad individual y a la propiedad privada no están, ni plenamente reconocidos, ni puntualmente definidos, ni jurídicamente garantizados, debido al marco institucional (normas jurídicas), tanto tributario como monetario, abiertamente expoliatorio, con todas las de la ley.
Mucho debe decirse del sistema tributario y monetario pero, por razones de espacio, me limito al que considero, en cada caso, el principal problema, relacionado, antes que con la libertad individual, con la propiedad privada, amenazada tanto por el flanco tributario (con los impuestos nos quitan nuestro dinero), como por el monetario (con la inflación le quitan poder adquisitivo a nuestro dinero). ¿De qué se trata? De una doble expoliación, éticamente injusta, económicamente ineficaz.
El problema tributario es la total y absoluta discrecionalidad del gobierno (tanto poder Ejecutivo, que propone, como Legislativo, que dispone), para decidir qué impuestos cobrar, a qué tasas cobrarlos, a quién cobrárselos. Basta que el Ejecutivo proponga cobrar más impuestos (creando nuevos y/o aumentando viejos), y que el Legislativo lo disponga, para que los contribuyentes tengamos que entregarle al recaudador una mayor porción de nuestro ingreso, del producto de nuestro trabajo. Esto quiere decir que el derecho de propiedad privada sobre el producto de nuestro trabajo no está plenamente reconocido, puntualmente definido y jurídicamente garantizado, algo propio del Estado de chueco, no de Derecho.
El primer problema monetario es la meta de inflación del Banco de México, tres por ciento, más menos un punto porcentual de margen de error, por la que el banco central debe ocasionar la pérdida del poder adquisitivo de nuestro dinero, y por lo tanto de nuestro trabajo, violando el derecho de propiedad privada del producto íntegro de nuestro trabajo, de nuestros ingresos. Ese derecho implica el derecho al poder adquisitivo íntegro del trabajo, que la inflación viola.
Por obra y gracia del sistema tributario el gobierno (que gasta en lo que no debe, razón por la cual gasta de más, y en muchos casos de mala manera), nos quita más dinero del que debería. Por obra y gracia del sistema monetario el Banco de México (que tiene una meta de inflación que debe lograr y mantener), nos quita un poder adquisitivo que no debería quitarnos. En ambos casos hay expoliación legal, hay injusticia, la violación del derecho de propiedad privada sobre el producto íntegro de nuestro trabajo (nos quitan nuestro dinero), y sobre el poder adquisitivo íntegro del producto de nuestro trabajo (le quitan poder adquisitivo a nuestro dinero), lo cual es éticamente injusto y económicamente ineficaz.
Continuará.
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