Desafortunada, -pero además insolente-, la forma en que el presidente López Obrador se dirigió a LA CEM, -Conferencia del Episcopado Mexicano-, que aglutina a toda la alta jerarquía católica de nuestro país, frente a su petición de mantener al INE tal y como está hasta hoy.

En su mañanera, -queriendo parecer conciliador ante su público-, mandó el mensaje de que estando cerca del Papa Francisco le importa un comino lo que piense la alta jerarquía de la Iglesia en México y que seguirá adelante con su proyecto.

Parece no entender que las formas diplomáticas que caracterizan a los verdaderos estadistas se conforman de sutilezas y no de confrontación. Los grandes estadistas, -como el Papa-, saben leer entre líneas el sentido real de las intenciones y no se dejan guiar en sus percepciones por las lisonjas baratas, que en realidad son una abierta agresión a la institución religiosa que él representa.

Con toda seguridad el Papa Francisco, -como un experimentado hombre de estado que es-, debe tener un detallado soporte informativo, -actualizado casi en tiempo real-, sobre lo que está sucediendo en México y en Latinoamérica. Sin duda su respaldo va a ser a favor de su gente, en la que confía.

Muchos de los obispos hoy en funciones fueron seleccionados por él para dirigir las diócesis que actualmente encabezan.

¿A quién le va a creer el Papa? ¿Al presidente López Obrador, o a su propia gente?

Los Papas, -en función de su liderazgo espiritual y moral-, deben ser hombres de modales suaves, conciliadores, pero a final de cuentas son estadistas experimentados que entienden perfectamente las reglas de la política global y tienen convicciones firmes. Si no fuesen así, no se entendería el rol que jugó el papa Juan Pablo II en la disolución de la Unión Soviética y ni se diga, en la caída del régimen comunista y la llegada de la democracia en su país natal, -Polonia-, apoyando al sindicato Solidaridad encabezado por Lech Walesa, que incluso llegó a ser presidente de su país.

Nuestro presidente debiese manifestar más respeto auténtico por lo que representa la Iglesia Católica en este país y no tentar al tigre. Con lisonjas baratas no se oculta la natural animadversión por la alta jerarquía religiosa que hoy, -después del asesinato de los sacerdotes jesuitas en el municipio de Urique, en la sierra de Chihuahua a manos de un cártel-, pintó su raya con su forma de hacer política.

Debemos reconocer que la alta jerarquía de la Iglesia Católica de México fue bastante empática con él y su gobierno durante los primeros años de su administración. Fue notorio que los altos prelados religiosos compartían sus postulados humanistas y de protección a los más vulnerables.

Si hay alguna institución cercana a los sectores más vulnerables del país, es la Iglesia Católica y confrontarse con ella siguiendo sus modos de que “quien no está conmigo está contra mí”, podría llevar grandes sorpresas. Por algo el pueblo mexicano es eminentemente guadalupano.

Sin embargo, después de apoyarlo en sus inicios, -creyendo en sus buenas intenciones-, se les acabó la paciencia.

Apelar a una cercanía con el Papa Francisco, -que evidentemente no existe-, y con ello confrontar a sus legítimos representantes en México, es una peligrosa apuesta, pues se arriesga a que desde el Vaticano le den alguna respuesta.

Como decía Juan Gabriel: “lo que se ve… no se juzga”.

CNDH E INE

La intervención de la presidenta de la CNDH Rosario Piedra Ibarra apoyando la reforma electoral fue desafortunada e inoportuna. Hasta el Consejo Consultivo de este organismo desconoció la propuesta de doña Rosario para transformar al INE.

A la presidenta de la CNDH le queda muy grande el legado moral de su madre, la luchadora social Rosario Ibarra de Piedra. Ella ha nulificado a una institución que debiese tener un rol fundamental para garantizar los derechos humanos para todos los ciudadanos, en estos tiempos violentos.

Doña Rosario, más que asumir la responsabilidad de convertirse en defensora del ciudadano frente a los excesos de poder, se ha convertido en un dique, -o muro de contención-, para evitar que se moleste a su jefe, el presidente de la república. Su simple presencia ocupando el cargo que hoy ostenta, -y su total inacción-, impidieron que hubiese llegado a la CNDH algún luchador social independiente y comprometido con las causas ciudadanas, y que estuviese realizando acciones que incomodasen al gobierno federal.

DE SENTIDO COMÚN

Que la mayoría de la población apruebe la reforma electoral que propone el presidente López Obrador es entendible y de sentido común.

Un presidente que tiene aún un alto nivel de aprobación y se ha convertido en un activista y promotor de sus propios proyectos, es lógico que convierta sus deseos personales en un voto de confianza que le otorgan sus seguidores, lo cual queda de manifiesto en la encuesta que organizó el INE hace un par de meses.

Sin embargo, eso no significa que quienes apoyan su propuesta electoral estén conscientes de sus implicaciones, ni de su impacto en el futuro de la democracia. Es un apoyo emocional e incondicional, no un voto razonado.

Varios de los planteamientos incluidos en la propuesta de reforma, -como la disminución del presupuesto que se otorga a los partidos políticos, así como la disminución del número de legisladores son temas susceptibles de manipulación subjetiva, porque capitalizan el resentimiento público en contra del abuso inobjetable de la clase política. Además, que la elección de consejeros sea través de una elección pública, podemos interpretarlo como la ejecución de un derecho democrático. Por ello el resultado de la encuesta es totalmente comprensible.  

Sin embargo, en la defensa del INE está faltando una verdadera narrativa que describa ante la sociedad el impacto futuro, y los riesgos implícitos en los planteamientos principales de esta propuesta de reforma. Una defensa abstracta puede ser vulnerable de cara a la ciudadanía.

EL PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL INE

La esencia de este afán de acumulación de poder y recursos implícita en la propuesta de reforma electoral, -propuesta por el presidente-, queda evidente en el apartado donde dispone que las propiedades e inmuebles del INE pasen directamente al Instituto para “Devolver al Pueblo lo Robado”, en lugar de transferirse directamente al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que es el organismo que sustituiría al INE.

¿Será que los inmuebles del INE provienen de actividades delictivas?

Consideremos que lo que por ley incauta el “Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado” proviene de la delincuencia o de la corrupción. Sin embargo, el patrimonio del INE todos sabemos que es totalmente legal, lo cual significa que ese instituto no tendría por qué adjudicarse estas propiedades.

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