Recientemente AMLO dijo: “¿Qué es muy difícil distribuir las medicinas, en los centros de salud, en las unidades médica rurales? ¿Por qué distribuyen la Coca Cola y las Sabritas en todos lados? ¿No vamos a poder nosotros distribuir las medicinas a los centros de salud? ¿Es mucha ciencia?”
Al margen del hecho de que la distribución de medicinas sí requiere de más cuidados y mejor logística que la distribución de refrescos y botanas, existe una diferencia esencial, no solo accidental, entre una empresa privada, con afán de lucro, que realiza la distribución de sus productos para ponerlos a disposición de los consumidores en tiempo y forma, y el gobierno, sin afán de lucro, realizando tareas propias de la empresa privada, casi siempre, por tratarse del gobierno, de manera monopólica.
La libertad individual para emprender (producir, ofrecer y vender), la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder producir, ofrecer y vender (emprender), el afán de lucro (la intención de obtener una ganancia), y la mayor competencia posible entre oferentes, son condiciones necesarias para que se logre, por el lado de la oferta, la trilogía de la competitividad: menores precios, mayor calidad y mejor servicio, siempre en beneficio, ¡como debe ser!, de los consumidores, elementos que, cuando de las empresas del gobierno se trata, están ausentes. Esta es la causa del mal desempeño de dichas empresas. El gobierno no es buen empresario, razón por la cual sus empresas no son productivas (capaces de hacer más con menos) y mucho menos competitivas (capaces de, en términos de precio, calidad y servicio, hacerlo mejor que los demás) por no tener competencia (por lo general son monopolios).
Que el gobierno deba proveer medicinas no quiere decir, de ninguna manera, que deba distribuirlas. Lo que debe hacer es garantizar el abasto de medicinas allí donde se necesiten, para lo cual debe contratar a alguien que las distribuya, a la manera propia de la distribución de medicamentos, como la Coca Cola distribuye refrescos y Sabritas botanas, para lo cual debe poner a competir, abierta y transparentemente, a las empresas dispuesta a ofrecerle ese servicio con la trilogía de la competitividad: a menor precio, con mayor calidad, con mejor servicio.
Desafortunadamente este gobierno, lo ha demostrado una y otra vez, no está dispuesto a poner a competir a quienes pueden venderle bienes y servicios. Un estudio de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad señala que, a lo largo de los siete primeros meses del gobierno de AMLO, tres de cada cuatro contratos gubernamentales, ¡el 75 por ciento!, se han adjudicado de manera directa, no por licitación pública o invitación restringida, lo cual se presta a suponer corrupción.
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