Ayer el Banco de México presentó el Informe Trimestral Enero – Marzo 2019 y, en síntesis, esta es la conclusión: expectativa, para 2019, de menor crecimiento y mayor inflación, con relación al informe Octubre – Diciembre 2018. Lo ideal es lo contrario: mayor crecimiento y menor inflación.
Referente al crecimiento leemos: “Las perspectivas de crecimiento de la economía mexicana para 2019 se revisan de una expansión esperada de entre 1.1 y 2.1% en el Informe anterior a una de entre 0.8 y 1.8% (…) El ajuste para 2019 refleja principalmente el hecho de que el desempeño de la economía durante el primer trimestre de 2019 fue menor a lo previsto lo que (…) se asocia, en parte, a la afectación ocasionada por diversos factores de carácter transitorio”, entre los que se señalan “los problemas de distribución de gasolina, los bloqueos a las vías férreas en Michoacán y los conflictos laborales en Matamoros”, factores transitorios, lo cual no quiere decir, ni que no puedan reaparecer, ni que no puedan aparecer otros semejantes.
Los factores de riesgo para el crecimiento de la economía mexicana son: 1) nuevas disputas comerciales, escalamiento de las ya existentes, mayores medidas proteccionistas; 2) volatilidad en los mercados financiero internacionales; 3) desaceleración, mayor a la esperada, de la economía y el comercio globales; 4) retraso en la ratificación e implementación del TEMAC; 5) más incertidumbre que inhiba la inversión; 6) deterioro en las calificaciones crediticias de Pemex, de otras empresas públicas, o del mismo gobierno; 7) nuevas afectaciones a la producción y/o distribución de bienes y servicios.
Todos los factores de riesgo se resumen en uno: menos inversión directa, de la que depende la producción de bienes y servicios, con la cual se mide el crecimiento de la economía. Para minimizar el riesgo, leemos en el informe, “es necesario adoptar y mantener políticas que sienten bases sólidas para el crecimiento del país y que corrijan los problemas estructurales e institucionales que le han impedido alcanzar una mayor productividad y que desincentivan la inversión en el país. (…) Es prioritario robustecer el estado de derecho, de modo que, además de combatir la inseguridad, la corrupción y la impunidad, las autoridades competentes garanticen la certeza jurídica, el cumplimiento del marco legal y el respeto a la propiedad privada”, todo lo cual es indispensable para crear un entorno de seguridad y confianza que incentive a los empresarios, tanto nacionales como extranjeros, a invertir directamente más.
Estado de Derecho, es decir, leyes justas y autoridades honestas y eficaces capaces de hacerlas valer. Precisamente lo que nos falta en México. Botones de muestra, desafortunadamente, sobran.
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