El próximo año, a nivel Federal, se cobrarán 17 impuestos distintos, de los cuales 13, el 76.5%, serán Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios, IEPS, con los que se pretende recaudar $761.5 miles de millones, el 13.0% del total.
El que el total de impuestos que se cobran, 17 a nivel Federal, y el que 13 sean impuestos especiales, es muestrea del engendro tributario (título de uno de mis libros: El engendro tributario, la reforma fiscal fallida; Editorial Planeta; 2002; México), que padecemos los contribuyentes, efecto de la creencia, de los políticos, de tener el derecho de disponer de los ingresos de los ciudadanos como crean más conveniente.
Si se cobra más de un impuesto se cobran muchos impuestos, y en México, nada más a nivel Federal, se cobran 17, a los que, dependiendo del estado, pueden sumarse hasta 10 más, desde el Impuesto sobre Nóminas, pasando por el Impuesto sobre Hospedaje, hasta el Impuesto sobre Espectáculos Públicos.
El único impuesto que debería cobrarse es el Impuesto Único (ni uno más), Universal (sin excepción ni de objeto ni de sujeto gravable); Homogéneo (la misma tasa en todos en todos los casos); no Expoliatorio (para financiar únicamente las legítimas tareas del gobierno: prohibir violar derechos y prevenir su violación y, de fallar, castigar al violador y obligarlo a resarcir); a la Compra de Bienes y Servicios para el Consumo Final (no a los ingresos, propiedades, o compra de factores de la producción). Véase: https://www.razon.com.mx/opinion/2024/12/19/la-reforma-fiscal-12/.
¿Cuál es el fin que debe tener el Impuesto Único, Universal, Homogéneo, no Expoliatorio, a la Compra de Bienes y Servicios para el Consumo Final? La respuesta la encontramos en el “no Expoliatorio”. El impuesto debe cobrarse para financiar, ¡nada más!, las legítimas tareas del gobierno. (I) Inducir a los ciudadanos a la práctica de la justicia, es decir, al respeto a los derechos de los demás, para lo cual el primero en reptarlos, por aquello de la congruencia, debe ser el gobierno). (II) Impartir justicia, en su doble vertiente: (i) castigar a quien viole los derechos de los demás (asesine, secuestre, robe, incumpla contratos); (ii) obligarlo, cuando sea posible, a resarcir a la víctima.
La ventaja del Impuesto Único, Universal, Homogéneo, no Expoliatorio, a la Compra de Bienes y Servicios para el Consumo Final, es que les quita a todos por igual (no hay redistribución del ingreso por el lado del cobro), para darle a todos lo mismo (tampoco hay redistribución del ingreso por el lado del gasto), tal y como debe ser.
Haciendo de lado al inexistente, y poco probable, Impuesto Único, Universal, Homogéneo, no Expoliatorio, a la Compra de Bienes y Servicios para el Consumo Final, el fin de los impuestos debe ser financiar las legítimas tareas del gobierno, para lo cual deben ser generales, ya sea a los ingresos, a las compras, a las propiedades, no siendo ese el fin de los impuestos especiales. En el caso de México dichos impuestos tienen como fin, al menos ese es el discurso oficial, desincentivar conductas dañinas para quienes las realizan, como puede ser el caso, tan discutido en los últimos días, del IEPS a los refrescos. Se trata del gobierno ángel de la guarda, que pretende preservarnos de todos los males, incluidos los que podemos hacernos a nosotros mismos.
El próximo año, a nivel Federal, se cobrarán 17 impuestos distintos, de los cuales 13, el 76.5%, serán Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios, IEPS, impuestos no generales, sino particulares, con los que se gravan, además de con el IVA, solamente ciertos productos, entre ellos algunos cuyo consumo es dañino para la salud, como es el caso de los refrescos.
Estos serán los IEPS para 2026: (1) A gasolina y diesel; (2) A gas natural, carbón, combustóleo y coque de petróleo. (3) A bebidas alcohólicas. (4) A cervezas y bebidas refrescantes. (5) A tabacos labrados. (6) A juegos con apuestas y sorteos. (7) A redes públicas de telecomunicaciones. (8) A bebidas energetizantes. (9) A bebidas saborizadas. (10) A alimentos no básicos con alta densidad calórica. (11) A plaguicidas. (12) A combustibles fósiles. (13) A videojuegos con violencia. 13 en total.
(¡Con qué desfachatez/desvergüenza/descaro meten los políticos las manos en los bolsillos de los contribuyentes! ¡Con qué mansedumbre/sumisión/docilidad se dejan los contribuyentes abusar por los políticos! ¿Para cuándo la rebelión de los contribuyentes?).
Centro la atención en el IEPS a refrescos, con azúcar o sin azúcar, que, de aprobarse en el Congreso de la Unión, el año entrante será de $3.0818 por litro, lo cual significará un aumento de $1.4367, el 87.3%, impuesto que se sumará al IVA del 16% con el que se gravan los refrescos.
Con el nuevo IEPS el gobierno pretende desincentivar, a favor de la salud de los mexicanos, la compra y consumo de refrescos, justificación del nuevo IEPS que no me la creo. Si el gobierno quisiera desincentivar la compra y consumo de refrescos, que no se ande con medias tintas y que los grave con un IEPS que realmente desincentive su compra y consumo, digamos de $1000 por litro.
¿Por qué no lo hace? En primer lugar porque, aunque no lo digan, dada la precariedad de las finanzas del gobierno (cuya causa es, más que la falta de ingresos, el exceso de gastos), el fin no es desincentivar la compra y consumo de refrescos, sino recaudar más, de tal manera que el nuevo IEPS se calculó con ese fin: ¿cuánto puede aumentar el precio de los refrescos, consecuencia del IEPS más alto, sin que se reduzca su cantidad demandada? En segundo lugar porque si la compra de refrescos se gravara con un IEPS de $1000 por litro se generaría un mercado negro de refrescos de proporciones considerables.
Este será el incremento de IEPS en 2026: refrescos, de $1.6451 por litro a $3.0818, el 87.3%; tabacos labrados, de 160% a 200%, el 25%; apuestas, de 30% a 50%, el 66.7%; videojuegos violentos, 8%, que sumado al 16% de IVA da un aumento del 50%; al ahorro (intereses bancarios), de 0.50% a 0.90%, el 80%.
Lo que estamos viendo con la Iniciativa de Ley de Ingreso de la Federación 2026 es que en México basta y sobra que Ejecutivo Federal proponga cobrar más impuestos, y que el Legislativo Federal lo apruebe, para que los contribuyentes se vean legalmente obligados a pagar más impuestos. Lo anterior quiere decir que el derecho de propiedad privada sobre los ingresos, que son el producto del trabajo de cada quien, y con los cuales, directa o indirectamente, se paga cualquier impuesto, no está ni plenamente reconocido, ni puntualmente definido, ni jurídicamente garantizado, algo propio del Estado de chueco, antítesis del Estado de Derecho.
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