El gobierno puede participar en la economía (i) como garante del respeto a los derechos de los agentes económicos, a la libertad individual para producir, ofrecer y vender, para demandar comprar y consumir, y a la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder producir, ofrecer y vender, y sobre los ingresos necesarios para poder demandar, comprar y consumir; (ii) como demandante de bienes y servicios, los que necesite para llevar a cabo sus tareas; (iii) como regulador de las actividades económicas de los particulares; (iv) como planificador de la actividad económica nacional (que es algo distinto a la regulación de las actividades económicas de los particulares); (v) como productor y oferente de bienes y servicios.
El gobierno puede participar en la economía de esas cinco maneras, lo cual no quiere decir que deba de participar de esas cinco maneras, mucho menos como planificador de la actividad económica nacional (economía gubernamentalmente planificada), ni tampoco como productor y oferente de bienes y servicios (gobierno “empresario”). Centro la atención en el gobierno “empresario”, como el actual, y allí están el Banco del Bienestar o el Gas Bienestar como botones de muestra. Comienzo explicando por qué entrecomillo la palabra empresario.
Hay que distinguir empresa de empresario. La empresa es la organización que produce y ofrece bienes y servicios. El empresario, el dueño de la empresa, es el agente económico que tiene como fin, por la vía de la venta de bienes y servicios, no solo obtener utilidades, sino maximizarlas. No puede haber empresarios sin empresas pero sí puede haber empresas sin empresarios. Es el caso de las empresas del gobierno, que no tienen dueño pero sí administradores, cuyo fin no es, no digamos maximizar utilidades, ni siquiera obtenerlas, porque no los mueve el afán de lucro, sino el propósito de beneficio social, para lo cual deben ofrecer lo que producen al precio que alcance a cubrir solamente sus costos de producción, momento de preguntar si, dado que no hay afán de lucro, sino propósito de beneficio social, existen los incentivos para que los administradores de las empresas del gobierno se esfuercen por minimizar sus costos de producción, por volverse más productivas, sobre todo teniendo en cuenta que, por lo general, las empresas del gobierno son monopolios, al margen de la competencia, y que, en última instancia, allí está el gobierno para, si fuera el caso, subsidiar a sus empresas si incurren en pérdidas.
El gobierno puede tener empresas (otra cosa es que deba tenerlas), pero que las tenga no quiere decir que sea empresario, y no lo será si lo que impera es el propósito de beneficios social, no el afán de lucro.
Ya veremos cómo les va al Banco del Bienestar y al Gas Bienestar.
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