Hay quienes parten del supuesto que en México ya fracasó la derecha, neoliberalismo o capitalismo, y es tiempo de probar la izquierda, el socialismo. Quienes eso afirman pasan por alto la historia económica y política de México en el siglo XX.

La mayor parte del siglo pasado México estuvo regido por una Constitución basada principalmente en un sistema económico socialista (ver arts. 25, 27 y 28 constitucionales, antes de la reforma energética y de la terminación formal de la reforma agraria).

Vivimos un capitalismo de Estado. Los gobernantes, verdaderos dueños de las empresas más importantes, prohibieron o limitaron la inversión privada en diversas áreas de la economía.

El partido que monopolizó el poder casi todo el siglo XX aplicó mayoritariamente políticas de izquierda, que son las principales causas de los problemas socio-económicos que enfrentamos actualmente, como es el caso de gasolinas y electricidad caras. Los mexicanos pagamos a monopolios estatales la gasolina y la luz a mayores precios que los americanos a empresas privadas. En los últimos seis años -dice columnista de bloomberg- en EUA, las gasolinas bajaron el precio un 33%, mientras en México aumentaron en 66%.

El Partido Revolucionario Institucional nació como un partido de izquierda, con una estructura fascista y nacional socialista, variables del socialismo. Es un partido miembro de la Internacional Socialista. Su fundador, Plutarco Elías Calles admiraba a Mussolini. Controló la economía del país vía sindicatos y organizaciones empresariales. Por muchos años el PRI no tuvo personas afiliadas, solo organizaciones de trabajadores y empresarios que a cambio de la obediencia y de votos, recibían privilegios, monopolios y protección comercial de productos extranjeros, que de entrar los obligarían a competir con menores precios y mayor calidad.

El primer Presidente abiertamente socialista fue Lázaro Cárdenas, quien estatizó el petróleo y los ferrocarriles. Esas estatizaciones crearon el mito de que el petróleo y demás empresas estatales eran del “pueblo mexicano”, el que nunca participó en las decisiones de Pemex ni recibió de ese monopolio ningún beneficio concreto. Fue la burocracia, contratistas privados y líderes sindicales, quienes se beneficiaron de la “expropiación del petróleo”, que creó generaciones de nuevos ricos entre los gobernantes, dirigentes sindicales y contratistas.

Al pueblo solo le tocó pagar gasolinas de mala calidad y más caras que en EUA, país cuyo gobierno en su momento apoyó la expropiación del petróleo, que los benefició, pues el 70% de los activos petroleros eran de los ingleses. Ahora importamos el 70% de las gasolinas de EUA.

Pemex está en quiebra contable, no completa para pagar su deuda ni sus pensiones. En el presupuesto 2018 se destinan más recursos de impuestos a cubrir las pensiones privilegiadas de Pemex y CFE, que ya no tienen recursos para pagarlas, que lo destinado al pago del Ejército, del Poder Judicial o de la Marina.

Pemex y CFE, además de vender energéticos caros, vía el presupuesto de 2018, toman miles de millones de nuestros impuestos para cubrir las pensiones privilegiadas y prematuras de sus “trabajadores”, que son de 5 a 10 veces más altas de las que reciben los pensionados que no forman parte de las empresas u organismos del gobierno.

Una parte del ISR que pagan los ciudadanos al producir o comercializar un producto o del IVA, al consumir una mercancía, se van en subsidiar a Pemex y a la CFE vía presupuesto o escondidos en el precio de la gasolina y la luz.

Si en este momento el gobierno decidiera regalar PEMEX, nadie aceptaría esa empresa, pues sus pasivos son mayores a sus activos, vale menos de lo que debe.

Historias parecidas están atrás de la Compañías eléctricas, expropiadas por gobernantes socialistas, de izquierda, para teóricamente beneficiar al pueblo, sus hipotéticos propietarios.

 La educación socialista proclamada por Cárdenas, e instrumentada desde ese tiempo hasta finales del siglo con ideas socialistas, impuso una historia oficial de izquierda, la cual todavía está dando frutos. Entregaron la educación primaria a sindicatos corruptos a cambio de votos.

La educación estatal agrandó la brecha de conocimientos entre los menos, que estudiaban en escuelas privadas su primaria y los más, que las recibían en escuelas estatales controladas por el sindicato.

El campo, donde vivía la mitad de la población se rigió el siglo pasado por una legislación completamente de izquierda, que, como en la URSS y China, impuso la explotación colectiva, vía ejidos y comunidades. De 1914 a 1994, 77 años, hubo una constante expropiación de tierras que generaron incertidumbre permanente y frenaron la inversión privada en el campo.

De 1914 a 1994 se repartieron casi cinco veces más que la superficie potencialmente cultivable. Esas cifras implican un abandono constante de tierras por los ejidatarios. Los ejidos despoblados, la mayoría deforestados y erosionados, eran decomisados y repartidos otra vez entre bombos y platillos a campesinos pobres a cambio de su voto y de asistir a mítines del PRI. Así fortalecieron su “voto verde”, que fue básico en los triunfos electorales de ese partido.

El gasto público en el campo y la poca inversión estatal útil, se realizaron con criterios electorales, vía organizaciones campesinas, cuyos líderes intercambiaban votos por el manejo de los subsidios en su provecho.

Las políticas agrarias de izquierda, colectivistas: expropiaciones, limitación del tamaño de los predios y planificación de los cultivos subsidiados, creó minifundios improductivos, que mantuvieron a millones de campesinos en el autoconsumo, y sus tierras descapitalizadas, fuera del mercado, no las podían vender.

Esas políticas resultaron en el abandono de ejidos y comunidades, y en un grave daño ecológico. Incentivaron la migración de campesinos a las ciudades y a los Estados Unidos. Alimentaron los cordones de pobreza y surtieron de mano de obra barata a los productores de alimentos en EUA para que levantaran sus cosechas.

A través de la CONASUPO (Compañía Nacional de Subsistencias Populares) se distribuían y controlaban los precios de los alimentos. Su resultado fue una gran corrupción en los subsidios, en las compras y en las ventas al Estado.

En el caso del precio de garantía y subsidios al maíz, se engendró un buen negocio, llamado “carrusel”. Los intermediarios vendían como productores de maíz a un precio de garantía, por arriba del mercado y compraban ese mismo maíz como nixtamaleros: productores de masa para las tortillas, a un precio subsidiado, más barato, y lo volvían a vender a CONASUPO nuevamente más caro, y así le daban varias vueltas a la venta y compra del mismo maíz.

Esa tranza fue una de las tantas que engendraron las políticas de izquierda, teóricamente para pagar bien el maíz a campesinos pobres y distribuir masa y tortillas baratas entre los pobres. Todos ellos después de esas políticas siguieron igual o más pobres.

CONASUPO creo una generación de millonarios entre sus directivos y los intermediarios, aliados con líderes de las centrales campesinas y con funcionarios corruptos, que recibían una tajada de las jugosas ganancias del “carrusel”. Esos fueron los principales beneficiarios de los precios de garantías y los subsidios, que sembraron falsas esperanzas entre campesinos pobres de que mejorarían sus niveles de vida.

Durante los gobiernos del Presidente Echeverría, López Portillo y hasta mediados del gobierno de Miguel de la Madrid, se desbordaron las políticas de izquierda. Crearon y compraron cientos de empresas, la mayoría de las cuales arrojaron pérdidas para el erario y ganancias para sus directivos por los negocios que realizaban.

La inercia de estas políticas de izquierda, estatistas de mayor gasto, déficit y emisión monetaria tuvo su pico inflacionario más alto en 1987 con el presidente Miguel de la Madrid.

Economistas sensatos convencieron a Salinas que si no hacía cambios de fondo e iniciaba una privatización de empresas, terminaba con la reforma agraria y abría el comercio exterior con EUA mediante un Tratado, se enfrentaría a un colapso por los procesos de inflación, devaluación, deuda, déficit y emisión monetaria, heredados de los gobiernos anteriores, de los cuales formó parte.

Salinas inició cambios no porque fuera neo-liberal o de derecha, sino porque no tenía opción. Lo mismo que Peña Nieto con la tardía reforma energética, a la cual se opuso el PRI cuando la propuso Calderón.

La reforma energética le permitió recibir a PEMEX y al gobierno recursos por la asignación de pozos a empresas privadas. Esos recursos y la proyección de recibir más, le aumentaron los límites de su deuda sin que le bajaran la calificación. Ese nuevo límite a la creciente deuda, ayudó a Peña Nieto a evitar la suspensión de pagos de PEMEX antes de terminar el sexenio.

 Las políticas de izquierda del siglo pasado concentraron en el Estado cientos de empresas, entre ellas siderúrgicas, mineras, azucareras, telefónicas y aéreas. Necesitaron de la emisión de dinero inflacionario para cubrir sus pérdidas e ineficiencias.

A las cooperativas pesqueras, de inspiración socialista, les crearon el monopolio de capturar varias especies, entre ellas el camarón.

Les compraron barcos y dieron subsidios. Los barcos terminaron convertidos en chatarra y los subsidios no llegaron a los verdaderos pescadores, se quedaron entre funcionarios y líderes de las cooperativas.

Esas políticas, teóricamente de izquierda, para beneficiar a los pescadores pobres, frenaron la modernización de la pesca, generaron corrupción y un mayor gasto publico deficitario en las décadas de los 70 y 80.

La expropiación de la banca y el control de cambios atizó la devaluación. Pérdidas de cientos de empresas estatales y duplicación de la burocracia, causaron altas inflaciones en los años 70 y 80 con los presidentes de izquierda Luis Echeverría y López Portillo.

En los tiempos de esos Presidentes se instrumentaron en México, aunque en menor grado, las mismas políticas que se aplicaron en Chile con Allende de 1970 a 1973 y actualmente se emplean en Venezuela.

En México, la estatización de empresas, los controles de precios y de cambios, la planificación central, la rectoría del Estado y la emisión de dinero para cubrir el déficit, generó inflaciones hasta de tres dígitos, mayores del 150%, que hicieron necesario suprimir tres ceros en los billetes en 1993.

Los frutos de esas políticas fueron parecidos, aunque menos graves por la rectificación parcial de ese camino, a los obtenidos en la URSS, China y Europa del Este, que ya abandonaron el sistema socialista o de izquierda por ineficiente; pero en América todavía tenemos dos países que insisten en mantener la economía con políticas de izquierda, que perpetúan al mismo grupo gobernante en el poder, como son los casos de Cuba y Venezuela, países que algunos miembros de la izquierda mexicana ven como ejemplos a seguir.

Las rectificaciones hacia el equilibrio, llamadas neo-liberales por el ala de izquierda del PRI, ahora en gran parte miembros del PRD y MORENA, solo las instrumentó del PRI cuando tuvo “el agua al cuello” y no le quedada otro camino.

Un grupo de priistas acusó a Salinas de traicionar los principios del “Nacionalismo revolucionario” del PRI, en los que se basaban sus programas de izquierda, y fundaron el PRD. De los pleitos al interior del PRD surgió MORENA.

La mayoría de los dirigentes del PRD y MORENA salieron del PRI, al que culparon de alejarse de la izquierda con Salinas. Ahora muchos ex priistas de izquierda esperan que si triunfa el candidato de MORENA regresarán a México al “Nacionalismo revolucionario”, ideología original del PRI.

Si la mayoría de votantes en las próximas elecciones deciden votar otra vez por un partido de izquierda, cansados de la “cleptocracia” que nos gobierna, regresaremos a situaciones parecidas a las del siglo pasado, al cumplirse el principio de “si haces lo mismo, tendrás los mismos resultados”.

Las políticas de izquierda, que en la realidad crean un capitalismo monopólico de Estado, no fracasan por la corrupción sino porque, aquí y en China, facilitan la corrupción, pues son los funcionarios quienes deciden qué producir, qué comprar a quién vender, a quién subsidiar, a quién permitir importar, a quién expropiar, a quién dar dólares y a quién concesionar actividades industriales o comerciales y, como actualmente sucede en Venezuela por la escasez de alimentos, a quiénes repartir comida y a quiénes no, como ya sucedió en cierto grado en México en los programas de “lucha contra el hambre”.

Regresar a las mismas políticas estatistas que el siglo pasado no significa ninguna esperanza para los mexicanos, sino otro retroceso, igual o peor al que hemos tenido con la “cleptocracia” que vivimos.