Puede definirse al progreso económico como la capacidad para producir más (dimensión cuantitativa) y mejores (dimensión cualitativa) bienes y servicios, para un mayor número de gente (dimensión social), y al Estado Derecho como el gobierno de las leyes justas, siendo justas las leyes que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de las personas, agentes económicos incluidos, quienes tienen derechos naturales (aquellos con los que la persona es concebida: a la vida, la libertad y la propiedad) y contractuales (aquellos que la persona adquiere voluntariamente, por así haberlo acordado con alguien más, por ejemplo, derechos comerciales: el derecho del comprador a recibir la mercancía comprada, que tiene como contrapartida la obligación del vendedor de entregarla, y el derecho del vendedor a recibir el pago por la mercancía vendida, que tiene como contrapartida la obligación del comprador de pagarla).
¿Qué relación existe entre el progreso económico y el Estado de Derecho? El segundo es condición necesaria para potenciar al primero. En aquellos países en los cuales hay verdadero Estado de Derecho, es decir, leyes justas y autoridades honestas y eficaces capaces de hacerlas valer, lo cual quiere decir, dado que las leyes justas son las que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de las personas, capaces de hacer valer los derechos de los agentes económicos (productores, oferentes y vendedores por un lado, demandantes, compradores y consumidores por el otro), se contará con una de las condiciones necesaria para que el progreso económico sea el mayor y mejor posible. Los agentes económicos necesitan de leyes justas, y de autoridades honestas y eficaces, es decir, de Estado de Derecho, para que realicen sus actividades de la manera más eficaz posible.
La calidad del Estado de Derecho de un país influye, de manera importante, en el grado de progreso económico de sus habitantes. Por eso resulta preocupante el estado que guarda el Estado de Derecho en México.
El World Justice Project calcula y publica anualmente el Rule of Law Index, que mide cómo están los países en materia de Estado de Derecho. Ya tenemos el índice 2017 y México ocupa, entre 113 naciones, el lugar 92, con una calificación, en escala de 0 a 10, de 4.5, con un agravante: en el índice 2017, con relación al 2016, retrocedimos cuatro posiciones, al pasar de la 88 a la 92, lo cual quiere decir que estamos mal y empeorando, en una materia tan importante como es el Estado de Derecho, que en México, como lo apunta Gabriel Zaid, no pasa de ser Estado de chueco, y por partida doble: porque hay leyes injustas y porque hay autoridades deshonestas e ineficaces.
Esta, la reforma del Estado de Derecho, es la reforma que falta, y mientras falte los resultados de las otras reformas estructurarles dejarán mucho que desear, en términos de producción, empleo e ingreso.
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