Defino al Estado de Derecho como el gobierno de las leyes justas, siendo justas las leyes que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de las personas. Defino al progreso económico como la capacidad para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente. ¿Qué relación hay entre el Estado de Derecho y el progreso económico? El segundo depende del primero: a mejor Estado de Derecho más progreso económico.
El progreso económico depende del Estado de Derecho a través de la competitividad del país, definida como la capacidad de una nación para atraer, retener y multiplicar inversiones directas, que son las que producen bienes y servicios, crean empleos, generan ingresos. La cantidad de inversión directa que se canaliza hacia un país depende de su competitividad, que depende, de manera importante, de la calidad del Estado de Derecho.
Esta es la secuencia lógica: mejor Estado de Derecho = mayor competitividad del país = más inversiones directas = mayor progreso económico. Es por ello que preocupa el estado que guarda el Estado de Derecho en México. Según el Rule of Law Index 2017, del World Justice Project, México ocupa, entre 113 naciones, el lugar 92, con una calificación, sobre 10, de 4.5. El Estado de Derecho en México deja mucho que desear, lo cual nos resta competitividad, lo cual hace que se invierta menos de lo que se invertiría si tuviéramos un mejor Estado de Derecho, lo cual limita el progreso económico. Pongo un ejemplo, relacionado con un tema tan delicado como lo es el del gobierno metiendo la mano en los bolsillos de los ciudadanos, es decir, cobrando impuestos.
Basta y sobra que el Ejecutivo Federal proponga cobrar más impuestos, y que el Legislativo Federal lo apruebe, para que acabemos pagando más impuestos. La discrecionalidad del gobierno para meter la mano en los bolsillos de los ciudadanos es total. El derecho de propiedad sobre nuestros ingresos no está, ni plenamente reconocido, ni puntualmente definido, ni jurídicamente garantizado. Los contribuyentes, seamos personas físicas o morales, no sabemos con qué impuestos y a qué tasas podrán gravarse nuestros ingresos, porque ello depende de lo que proponga el Ejecutivo y de lo que disponga el Legislativo. A eso se le llama inseguridad jurídica, que atenta contra la competitividad de un país.
La total discrecionalidad del gobierno (poderes Ejecutivo y Legislativo) para cobrar impuestos, para obligarnos a entregarle parte del producto de nuestro trabajo, es muestra del Estado de chueco que padecemos, de leyes tributarias injustas, que nos restan competitividad, con todas las consecuencias que ello trae consigo en términos de inversiones directas y progreso económico.
¿Cuánto más competitivo (o menos incompetente) sería México si el límite al cobro de impuesto estuviera claramente definido?
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