Las propuestas a favor de la Renta Básica Universal, RBU, que le garantizaría a todo mexicano una cantidad de dinero suficiente para que satisfaga correctamente sus necesidades básicas, ha puesto el dedo en una de las llagas de este país: la pobreza. El año pasado, según los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL,  53 millones 418 mil 151 mexicanos sobrevivían en condición de pobreza, el 43.6 por ciento de la población, algo inaceptable, razón de ser de propuestas como la de la RBU.

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Cito nuevamente de una nota de @politicomx: “El diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez, aseguró que para combatir la vulnerabilidad en México, el Frente Ciudadano propone otorgar una renta mensual de 10 mil pesos al año para erradicar la pobreza (…) La  propuesta incluirá que cada año todos, incluyendo niños, contarán con esa cantidad”.

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Cito de la nota aparecida en @politicomx: “El diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez, aseguró que para combatir la vulnerabilidad en México, el Frente Ciudadano propone otorgar una renta mensual de 10 mil pesos al año para erradicar la pobreza (…) La  propuesta incluirá que cada año todos, incluyendo niños, contarán con esa cantidad”.

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Los mexicanos no son corruptos por naturaleza. Los altos porcentajes de corrupción son resultados de un entorno legal que la propicia. En México es más fácil y productivo ser corrupto que honesto. Los corruptos ganan, los honestos pierden. El lema “el que no transa no avanza” lo hace realidad un entorno lleno de reglamentaciones y leyes confusas, con un alto grado de discrecionalidad, que deja en manos de los funcionarios el poder abrir una empresa, construir, cambiar de giro, vender, comprar y contratar.

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El crecimiento de la economía se mide por el comportamiento de la producción de bienes y servicios, que depende de la inversión directa, ID, que es la que apuntala y abre empresas, produce bienes y servicios, crea empleos y le permite, a quienes obtienen esos puestos de trabajo, generar ingresos. Una componente importante de la ID es la inversión fija bruta, IFB, que se realiza en instalaciones, maquinaria y equipo, proporcionando la infraestructura física para llevar cabo los procesos de producción de los bienes y servicios, variable con la que se mide el crecimiento de la economía. ¿Cómo vamos en México en materia de IFB, y por lo tanto de ID?

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Todo apunta para que, antes de que termine el año, finalice la aprobación de la reforma tributaria de Trump que, entre otras cosas, reducirá el impuesto a las empresas del 35 al 20 por ciento, lo cual incrementará la competitividad tributaria de los Estados Unidos, haciéndolo un país más atractivo para las inversiones directas, que abren empresas, producen bienes y servicios, crean empleos y le permite, a quienes obtienen esos puestos de trabajo, generar ingresos.

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¿Qué significa la liberación de los precios de las gasolinas?

En primer lugar que los gasolineros podrán ofrecer la gasolina al precio que crean más conveniente con el fin de maximizar sus utilidades, tal y como debe hacer cualquier oferente, de cualquier bien o servicio, precio que deben fijar dentro de una banda de fluctuación, cuyo límite inferior está dado por lo que le cuesta al gasolinero ofrecer el combustible, precio que, si el consumidor quiere disponer de gasolina, debe ser suficiente para, por lo menos, cubrir dicho costo. El límite superior está dado por el precio máximo que el consumidor está dispuesto a pagar por el combustible, precio que, si el oferente quiere seguir vendiendo, tendrá que ser igual o menor que ese máximo.

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“El salario mínimo no alcanza, hay que aumentarlo” dicen políticos para ganar simpatizantes entre ignorantes de los resultados de subir los mínimos, que reducen los ingresos reales de los que viven en la informalidad, la mayoría de los cuales no tiene un patrón que les pague un salario, son auto empleados, empresarios callejeros o en su casa.

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Leemos, en el artículo 123 constitucional, que “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”, todo lo cual es un enorme despropósito.

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México se encuentra en el segundo lugar mundial de impunidad. Se publican noticias que involucran a importantes funcionarios en casos de corrupción, pero pocas denuncias públicas se convierten en investigaciones formales, aunque incluyan pruebas documentales y testimoniales que en otros países son suficientes para encarcelar a encumbrados funcionarios públicos, incluidos Presidentes. En México esas acusaciones se publican unos días en la prensa, pasan de moda, pocos ciudadanos las recuerdan y las autoridades las desdeñan.

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No cabe duda que la posible conclusión del Tratado de Libre Comercio puede causar una disminución en el crecimiento económico de México y en la generación de empleos, pues alrededor del 80% de nuestras exportaciones van a los EU, sin embargo, una reducción de impuestos en el vecino país del norte puede golpear a la economía mexicana igual o más que la terminación del Tratado.

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Una de las tentaciones en las que cayó el gobierno de México es la de manipular los indicadores macroeconómicos para crear una visión de avance social donde en realidad existe un retroceso. Dos ejemplos son los datos relativos a la reducción de la pobreza y a la creación de empleos.

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Transcribo nuevamente un tuit del senador Búrquez: “La Ley de Ingresos aprobada es una desgracia. Hasta 750 mil millones de pesos se podrá endeudar el gobierno. Por si no le alcanzaba aumentando la recaudación”. ¿Por qué el senador Búrquez califica ese posible endeudamiento de desgracia? Las razones pueden ser muchas, pero destaco la que sigue.

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Al revisar el presupuesto planeado por el gobierno para 2018, vemos que los ingresos estimados no son realistas y el gasto programado está en la misma línea que los presupuestos inflacionarios y desequilibrados de los años anteriores.

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El progreso económico depende más de las instituciones jurídicas (normas legales) que de las políticas económicas (herramientas fiscales, monetarios, proteccionistas, etc., que el gobierno usa para, modificando los resultados del mercado, lograr resultados distintos).

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El Estado de Derecho es el gobierno de las leyes justas, que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de las personas, tanto los naturales, con los que la persona es concebida, como los contractuales, que la persona adquiere voluntariamente, por así haberlo pactado con una contraparte.

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Podemos definir al progreso económico como la capacidad para producir más y mejores bienes y servicios, para un mayor número de gente, capacidad que depende, entre otras muchas otras variables, de los incentivos que tengan los agentes económicos para realizar sus actividades. Si los incentivos son los correctos, más y mejores serán las acciones de los agentes económicos.

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El gobierno panista de Vicente Fox denunció ante la PGR la triangulación de recursos de Pemex al PRI vía su sindicato. Salieron a la luz pública documentos donde se probó que “ayudas” al sindicato de Pemex por aproximadamente 1,500 millones de pesos fueron canalizadas al PRI para apoyar en la elección presidencial a su candidato en el año 2000, aunque aproximadamente la mitad de esos recursos quedaron en manos de los operadores, como es costumbre en ese partido.

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Es muy curioso que los casos de corrupción que en México caminan y se vuelven escándalo, son precisamente aquellos que se detonan en el extranjero y por tanto, no se pueden frenar por decreto, como se acostumbra en México. ¿Por…