El poder del gobierno es el poder para obligar, prohibir y castigar, comenzando por el poder para obligar a los ciudadanos a entregarle parte del producto de su trabajo, que en eso consiste cobrar impuestos, sin los cuales no hay gobierno que sobreviva.
Hay un proyecto de ley de los legisladores de MORENA cuyo objetivo es aumentar el número de ministros para que atiendan los casos de corrupción. La nueva sala compuesta con cinco ministros nuevos, propuestos por el presidente, tendrían como objetivo teórico luchar contra la corrupción, que básicamente es una obligación de cualquier juez.
En el libro Justicia social injusta no se ataca a ningún gobernante, solo se demuestra la manipulación perversa de la justicia y del gasto público, al amparo de los conceptos de justicia social y gasto social. Esos conceptos fundamentan políticas gubernamentales redistributivas que generan injusticias legalizadas, incertidumbre, frenan la inversión y justifican la expropiación de ganancias, bienes y ahorros a los que producen para dárselos, según ellos, a los pobres y lograr la igualdad; pero en la realidad se cumple el dicho de que “el que parte y reparte se queda con la mejor parte”.
En un viaje a la ex-URSS, unos años después de abandonar el socialismo real, destruir las estatuas de Lenin y tirar a la basura las teorías de Marx, asistí a la plática de un alto exfuncionario del régimen soviético. Describió todos los errores que llevaron al gobierno socialista a implementar políticas que generaron escasez, colas interminables para conseguir alimentos, desempleo y pérdidas de las libertades, que culminaron con la miseria de más del 90% de la población.
AMLO ha expresado su intención de crear una cuenca lechera en la zona de Los Ríos, en Tabasco y Chiapas, argumentando que la leche es fundamentalmente agua, abundante en la zona de Los Ríos y escasa en la zona de La Laguna, en Coahuila y Durango, por lo cual afirmó que “ya no se puede seguir produciendo la leche en La Laguna”, clara muestra del dirigismo económico que está poniendo en marcha y que no conducirá a nada bueno, como a nada bueno condujo en el pasado.
Las acciones del gobierno, dado el poder que tiene para beneficiar o perjudicar, deben ser neutrales, sobre todo cuando de adquirir bienes y servicios, o de contratar obra pública, se trate. ¿Cómo se logra la neutralidad, de tal manera que el gobierno no beneficie a unos perjudicando a otros? Por medio de licitaciones, que le permiten al gobierno elegir al oferente o contratista que, cumpliendo con las especificaciones del caso, pueda proveerlo a menor precio, con mayor calidad, con mejor servicio. Lo ideal es que, desde la compra de lápices, hasta la construcción de obra pública, se decidan por medio de licitaciones abiertas y transparentes.
Este viernes 22 de marzo se conmemora una vez más el día mundial del agua. Este es un momento oportuno para reflexionar sobre la problemática de este líquido, que según un documento publicado por Ciencia UNAM el 31 de agosto del 2018, “la desigualdad, las fugas, costos y concesiones han puesto en jaque el acceso a este vital líquido”, en México.
El pasado domingo AMLO declaró, en Palacio Nacional, “el fin de la política neoliberal”, y asumió la “responsabilidad de construir una propuesta posneoliberal (…) y convertirla en un modelo viable de desarrollo económico”, fin de la política neoliberal que supondría, entre otras cosas, el fin del libre comercio, punta de la lanza del neoliberalismo.
Hace 81 años se expropió el petróleo a empresas extranjeras, 70% inglesas y 30% norteamericanas. Pasó a ser propiedad del gobierno mexicano, no del pueblo. En aquel entonces la industria petrolera norteamericana atravesaba un mal momento debido a la “Gran Recesión”, por la que cayó la demanda de petróleo, sobraba, lo que obligó al gobierno de ese país a subsidiar a la industria petrolera para evitar su quiebra. La expropiación de las petroleras en territorio mexicano, principalmente inglesas, benefició a las estadounidenses. A las inglesas les pagaron la mitad por cada peso de activos y a las norteamericanas el doble, y en menos tiempo; con la expropiación del petróleo en México y la baja de producción al sacar a los ingleses, ganaron las petroleras de Estados Unidos.
Cuatro son las fuentes de financiamiento del gasto gubernamental: impuestos, deuda, venta de activos y producción de dinero.
La producción de dinero, como fuente de financiamiento del gasto del gobierno, debe estar prohibida, tal y como lo está en nuestro país. En ello consiste la autonomía del Banco de México.
Se cumplieron los primeros 100 días del gobierno de AMLO y, respetando la costumbre, se realizó el primer corte de caja.
¿Cómo le fue a la economía en estos primeros 100 días? Todo depende qué parte de la economía analicemos. Centro la atención en el tipo de cambio, la bolsa de valores, la tasa de interés, el riesgo país.
Hay quienes queremos que le vaya bien al presidente López Obrador, así nos irá bien a quienes vivimos en México. No le apostamos a su fracaso ni a regresar a deudas impagables, inflaciones y devaluaciones, como en los años 70 y 80. Un factor para evitarlo es decirle a tiempo al presidente los errores en sus dichos y proyectos, que generan incertidumbre y abonan a una baja del consumo e inversión, en parte heredada, que de persistir reducirán el crecimiento, los ingresos del gobierno y crearán la necesidad de reducir el gasto, el que si no se reduce engendrará más déficit y deuda, que llevará a más bajas de calificaciones, aumento del riesgo país y de tasas de interés.
Una de las condiciones necesarias para elevar el bienestar de la gente, que depende de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios de los que dispone, mismos que hay que comprar, es que el dinero, por lo menos, preserve su poder adquisitivo, lo cual quiere decir que, al paso del tiempo, con la misma cantidad de dinero, se compra la misma cantidad de los mismos bienes y servicios.
En diciembre de 2018 la Inversión Fija Bruta (IFB), que se realiza en instalaciones, maquinaria y equipo, en términos anuales se contrajo 6.4 por ciento, la mayor contracción, por mucho, de todo el año pasado. Los otros dos meses con contracción fueron, noviembre, con una caída del 2.3 por ciento, agosto, con un descenso del 2.1 por ciento.
Mes tras mes el INEGI publica el Indicador del Consumo Privado en el Mercado Interno (ICPMI), que mide el comportamiento de las compras, de las familias residentes en México, de bienes y servicios, tanto nacionales como importados, excluyendo la adquisición de vivienda y objetos valiosos, por lo que es un buen indicador del consumo de las familias (CF) y de su nivel de bienestar. El INEGI acaba de dar a conocer los resultados del ICPMI para diciembre de 2018, por lo que ya tenemos el panorama completo del año pasado, que no es alentador.
Daba pena ajena la presentación que hicieron en el Senado de la República el 14 de febrero, los candidatos a integrarse a la Comisión Reguladora de Energía, quienes carecían del nivel técnico mínimo para el cargo.
Con toda seguridad en las principales universidades del país y solo por mencionar a dos muy destacadas, la UNAM y al IPN, están académicos de primer nivel, con alta especialización técnica, tanto en conocimientos como en experiencia, listos para responder a las necesidades de ese tipo de cargo. Gente de altísima capacidad que estaría esperando una oportunidad profesional como ésta. ¿Por qué no se recurrió a ellos?
Independientemente del sistema político que se tenga, conviene que la economía, sobre todo por el lado de la demanda, compra y consumo, consumo del cual depende el bienestar de la gente, funcione lo mejor posible, demanda, compra y consumo que requieren de la producción, oferta y venta. Es el ciclo que va de la producción (primer paso) al consumo (último paso), que debe operar como mecanismo de relojería.
El feminicidio crece gracias a la impunidad y esta se origina en la actitud de las autoridades del ámbito de impartición de justicia.
Se minimizan los indicadores de violencia mientras no hay sangre de por medio y esta actitud fomenta los grandes delitos contra la mujer. Esta actitud no solo existe cuando las autoridades son del género masculino, sino también cuando las autoridades son mujeres. Hay grave displicencia.
Si el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC), del INEGI, se ubica por debajo de los 50 puntos hay desconfianza (0 puntos desconfianza total, 50 puntos cero desconfianza). Si se ubica por arriba de los 50 puntos hay confianza (50 puntos cero confianza, 100 puntos total confianza).
En febrero de 2018 el ICC se ubicó en 35.0 puntos. En febrero pasado, se ubicó en 48.8. Reducción en la desconfianza de los consumidores.
Hay que crear las condiciones para que haya más empleos y mejor pagados, pero legisladores que teóricamente buscan ese objetivo aprueban leyes que, aunque parecen elevar el nivel de vida de los trabajadores, desincentivan la creación de empleos, generan informalidad y migración hacia EUA, donde es más fácil abrir una empresa y crear empleos legalmente.