El senador Francisco Búrquez ha elaborado una iniciativa para eliminar a la Procuraduría Federal del Consumidor, PROFECO, cuya misión es, y cito de su página electrónica, 1) “proteger y defender los derechos de las y los consumidores”; 2) “generar una cultura de consumo responsable”; 3) “proporcionar información oportuna y objetiva para la toma de decisiones de consumo”; 4) “implementar métodos de atención pronta y accesible a la diversidad de consumidoras y consumidores mediante el uso de tecnologías de la información. ¿Debe desaparecer la PROFECO? Si desaparece, ¿quién hará valer los derechos de los consumidores? Tres comentarios.
Primero. Muchas veces la PROFECO, más que proteger los intereses de los consumidores, defiende sus intereses, algo fuera de lugar. El típico ejemplo es cuando, en la víspera de Semana Santa, PROFECO despliega operativos para evitar alzas injustificadas en los precios de pescados y mariscos, lo cual plantea, de entrada, dos preguntas: ¿cuál es el precio justo? y ¿tienen los consumidores el derecho de que los precios no aumenten? El precio justo es aquel al que se realiza el intercambio, aquel al que ambas partes, oferente y demandante, están dispuestos a comprar y a vender, y por lo tanto venden y compran, beneficiándose cada uno. El consumidor tiene el interés de comprar al menor precio posible, pero no el derecho ya que, si lo tuviera, el oferente tendría la obligación de vender a dicho precio, que es el que alcanza para cubrir el costo de producción, y nada más, algo que sería absurdo.
Segundo. La PROFECO es un buen ejemplo del gobierno ángel de la guarda, que nos preserva de todos los males, y hada madrina, que nos concede todos los bienes, ya que pretende, desde generar una cultura de consumo responsable (¿lo ha logrado?), hasta proporcionar información oportuna y objetiva (¿lo ha conseguido?), todo lo cual, siendo importante, no es legítima tarea del gobierno.
Tercero. La PROFECO tiene la facultad de sancionar a quienes, según sus criterios, hayan atentado contra los derechos de los consumidores, sanción que es tarea propia del Poder Judicial, no del Ejecutivo, y la PROFECO es un organismo público descentralizado de la Secretaría de Economía, que forma parte del Poder Ejecutivo Federal, que en el caso de la PROFECO realiza tareas propias del Poder Judicial. Si un oferente viola derechos contractuales de los demandantes comete una injusticia debiendo ser sancionado, sanción que debe determinar y aplicar, no el Poder Ejecutivo, sino el Judicial.
Desaparecer la PROFECO no supone dejar desamparado al consumidor en lo que a la defensa de sus derechos se refiere, sino reconocer que esa defensa es propia del Poder Judicial no del Ejecutivo. Desaparecer la PROFECO sería un paso, de los muchos que hay que dar, para limitar al Poder Ejecutivo al ámbito de sus legítimas funciones, algo que conviene hacer.
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